El Comité de Legalidad y Estado de Derecho, en coordinación con el Comité de Sustentabilidad y Responsabilidad Social del Capítulo Noreste de AMCHAM, sostuvo una sesión de diálogo sobre los retos que enfrenta México en materia de gestión del agua y su impacto en la actividad productiva y en la política pública. La conversación contó con la participación de Raúl Rodríguez y Jorge Fuentes, del Consejo Consultivo del Agua, así como de José Enrique Cruz, de Garrigues, y Hernán E. González, de Santos Elizondo. 

La nueva Ley de Aguas Nacionales, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, configura un marco jurídico plenamente vigente que redefine las reglas de asignación, supervisión y aprovechamiento de un bien de dominio público estratégico. Su entrada en vigor no representa únicamente un cambio normativo, sino una reconfiguración institucional que incide directamente en la rectoría del Estado, en la estabilidad de los derechos concesionales y en la viabilidad económica de los sectores productivos dependientes del recurso.

Desde la dimensión de la política pública, el principal desafío radica en la capacidad del Estado para aplicar la ley con criterios técnicos homogéneos y respaldo presupuestario suficiente. En este sentido, la planeación hídrica debe sustentarse en información científica verificable, en prioridades claras por cuenca y en mecanismos de evaluación que permitan medir los resultados de manera objetiva. El Plan Nacional Hídrico 2025–2030, por su parte, deberá contar con financiamiento real y una sólida disciplina administrativa para evitar que la nueva ley quede limitada a su dimensión formal. Bajo esta perspectiva, el agua debe integrarse explícitamente en la planeación económica como una variable estructural que condiciona tanto el crecimiento regional como la atracción de inversión

La dimensión estructural del sistema hídrico mexicano revela retos significativos, entre ellos la sobreexplotación de acuíferos, el rezago en la infraestructura hidráulica y las limitaciones operativas de los organismos responsables del servicio. A ello se suma la brecha existente entre el reconocimiento constitucional del derecho humano al agua y su efectiva garantía. En este contexto, la sostenibilidad financiera del sistema, la reducción de pérdidas físicas, así como la ampliación del tratamiento y la reutilización de aguas residuales, se identifican como factores clave para que el nuevo marco normativo tenga un impacto tangible. Sin un fortalecimiento institucional acompañado de una inversión sostenida, la implementación de la ley enfrentará restricciones materiales que podrían comprometer el cumplimiento de sus objetivos.

El nuevo marco normativo también redefine el régimen concesional, en particular respecto de la revisión, modificación y supervisión de los títulos, así como del alcance de las facultades administrativas reforzadas de la autoridad. Su implementación deberá observar estrictamente los principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y confianza legítima. En este contexto, la previsibilidad en la actuación administrativa se convierte en un elemento central para evitar una mayor litigiosidad y preservar condiciones adecuadas para la inversión nacional y extranjera, especialmente en sectores industriales intensivos en el consumo hídrico.

También se analizaron las implicaciones prácticas del nuevo marco normativo para el sector empresarial. En particular, se examinó el papel del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales como un instrumento de ordenamiento para futuras asignaciones en un contexto de creciente presión hídrica. La entrada en vigor de la ley exige a las empresas revisar la situación jurídica de sus títulos concesionales, incorporar análisis de riesgo regulatorio y fortalecer los procesos de debida diligencia hídrica en nuevos proyectos. En este escenario, la eficiencia operativa y la reutilización del recurso dejan de ser únicamente buenas prácticas para convertirse en componentes estratégicos de cumplimiento normativo y sostenibilidad empresarial.

La nueva Ley de Aguas Nacionales consolida el agua como un elemento central del orden económico y de la política pública nacional. Su eficacia dependerá de la coherencia entre el diseño normativo, la ejecución administrativa y la disciplina presupuestaria. La etapa que inicia exige una implementación responsable, gradual y técnicamente sustentada, con criterios administrativos claros para la supervisión de concesiones y mecanismos de coordinación efectivos entre órdenes de gobierno.

El cumplimiento del nuevo marco normativo debe entenderse como un ejercicio de corresponsabilidad institucional. Por un lado, la autoridad deberá ejercer sus facultades con certeza jurídica y con fundamento técnico; por otro, el sector productivo deberá incorporar estándares de eficiencia, transparencia y uso racional del recurso acordes con la nueva realidad regulatoria. Mantener este equilibrio será clave para garantizar el derecho humano al agua, preservar la estabilidad regulatoria y sostener la competitividad económica del país.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Monterrey, Nuevo León | 09 | 03 | 2026