En el marco del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales de AMCHAM Ciudad de México llevó a cabo una sesión de diálogo para analizar el funcionamiento del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), su implementación en México y los temas que podrían formar parte de la discusión en la próxima revisión del tratado.

La sesión contó con la participación de Antonio Nava, de la Secretaría de Economía, y Jorge Arturo Ríos, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quienes compartieron la perspectiva del gobierno mexicano sobre el origen del mecanismo, su aplicación práctica desde 2021 y los principales retos identificados a partir de su implementación.

El origen del mecanismo dentro del T-MEC

La incorporación de disposiciones laborales en los tratados comerciales responde a su estrecha relación con el comercio internacional, en particular para evitar que las condiciones laborales o la falta de aplicación de la legislación se conviertan en un factor que distorsione la competencia entre países. En el caso del T-MEC, el Capítulo 23 establece compromisos laborales que incluyen la protección de la libertad sindical y la negociación colectiva. A partir de estos compromisos, se creó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, que permite revisar posibles denegaciones de estos derechos en instalaciones específicas que participen en el comercio entre los países del tratado.

Las autoridades señalaron que este mecanismo fue incorporado al tratado mediante el Protocolo Modificatorio de 2019, como parte de los acuerdos alcanzados para la aprobación final del T-MEC. Desde entonces, se ha convertido en uno de los instrumentos más visibles en la relación comercial entre México y Estados Unidos en materia laboral. Asimismo, se enfatizó que las investigaciones realizadas bajo este mecanismo se basan en la legislación mexicana, en particular en la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que las determinaciones sobre la existencia o no de una denegación de derechos deben analizarse conforme al marco jurídico nacional.

Implementación del mecanismo en México

Desde su entrada en vigor en 2021, el MLRR se ha activado en diversas ocasiones. En este contexto, se compartieron algunos datos relevantes sobre su implementación:

• México ha recibido más de 40 solicitudes de revisión bajo este mecanismo
• La mayoría de los casos se han concentrado en sectores industriales vinculados a cadenas de exportación, especialmente en automotriz y de autopartes
• Geográficamente, los casos se han ubicado principalmente en corredores industriales del Bajío y del norte del país

Las autoridades señalaron que las investigaciones realizadas han derivado en distintos escenarios:

• Casos en los que se identificaron denegaciones de derechos y se implementaron medidas de remediación
• Casos en los que no se encontraron elementos suficientes para acreditar violaciones
• Casos en los que el mecanismo permitió identificar problemáticas laborales que posteriormente se atendieron a través de las instituciones nacionales

En este sentido, el mecanismo también ha contribuido a fortalecer la coordinación entre las autoridades laborales y a consolidar la implementación del nuevo sistema laboral en México.

Temas relevantes hacia la revisión del tratado

Entre los temas más relevantes destacó la asimetría en la aplicación del mecanismo. Hoy, el umbral para iniciar un caso contra México es significativamente menor que el exigido para Estados Unidos o Canadá: mientras en México basta con la presunción de una posible denegación de derechos, en Estados Unidos se requieren resoluciones previas de sus autoridades laborales. Esta diferencia se perfila como un punto clave de discusión en la revisión del T-MEC, especialmente en lo relativo a fortalecer la reciprocidad entre las partes.

Asimismo, se abordaron otras inquietudes que han surgido a partir de la implementación del mecanismo, entre ellas:

• Contar con criterios claros y evidencia verificable para la admisibilidad de las quejas
• Evitar el uso estratégico del mecanismo en disputas sindicales o negociaciones colectivas
• Explorar medidas que protejan la confidencialidad y la reputación de las empresas hasta que no exista una resolución definitiva

Las autoridades reiteraron que el gobierno mexicano se encuentra recabando insumos del sector privado, de sindicatos y de otros actores relevantes como parte del proceso preparatorio para la revisión del tratado.

Se identificaron algunos aprendizajes relevantes para las empresas que operan en sectores vinculados al comercio regional:

• El MLRR se ha consolidado como una herramienta relevante en el entorno comercial de Norteamérica
• Las empresas que participan en cadenas de exportación, en particular en los sectores manufactureros, deben considerar este mecanismo como parte de su gestión de riesgos laborales y reputacionales
• El fortalecimiento de las estrategias de cumplimiento laboral, el diálogo sindical y la documentación de los procesos internos resulta clave para prevenir posibles controversias

Asimismo, se destacó la importancia de continuar fortaleciendo los canales de diálogo entre el sector privado y las autoridades, con el objetivo de construir propuestas que contribuyan a una implementación más equilibrada del mecanismo.

Desde AMCHAM se reiteró la disposición a seguir acompañando estos espacios de diálogo técnico y de colaboración con autoridades y socios, con el objetivo de contribuir a un entorno laboral y comercial que fortalezca la competitividad regional, la certidumbre jurídica y el respeto a los derechos laborales.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 12 | marzo | 2026

En un entorno en el que las empresas enfrentan cambios relevantes en la regulación laboral y en la organización del trabajo, el Comité de Capital Humano de AMCHAM Ciudad de México llevó a cabo una sesión de análisis sobre las implicaciones prácticas de la reducción de la jornada laboral a 40 horas horas desde la perspectiva del sector privado. El diálogo reunió a Lorenzo Roel, del Consejo Coordinador Empresarial; Rafael Vallejo, de Von Wobeser y Sierra; y Marisol Pacheco, de RÖDL, quienes coincidieron en la importancia de abordar este tema no solo como un ajuste normativo, sino como un cambio estructural que impacta la productividad, el cumplimiento regulatorio y la gestión del talento, y que requiere una preparación anticipada por parte de las empresas.

Avances de la reforma y elementos clave del nuevo diseño

A diferencia de iniciativas previas, la reforma incorpora elementos relevantes para el sector privado, entre ellos la gradualidad en la reducción de la jornada, lo que permitirá una implementación progresiva, así como ajustes al esquema de horas extraordinarias. Asimismo, se establece un nuevo marco que implicará modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, con impactos directos en la operación diaria de las empresas.

Cambio en la definición de jornada laboral

El principal cambio introducido por la reforma no radica únicamente en la reducción del número de horas semanales, sino en el cambio de enfoque sobre qué se considera jornada laboral. Al pasar de un criterio basado en el tiempo en que la persona trabajadora está “a disposición” del empleador a uno centrado en la realización de actividades efectivamente subordinadas, se abren nuevas implicaciones en materia de prueba, control del tiempo y cumplimiento. Este nuevo enfoque impacta directamente en la forma en que las empresas miden, registran y gestionan el tiempo de trabajo, particularmente en esquemas de trabajo híbridos, remotos, de campo o con alta movilidad.

Principales áreas de riesgo identificadas

Se identificaron diversas áreas que requieren atención prioritaria por parte de las empresas:

• Disponibilidad digital y derecho a la desconexión, ante la práctica extendida de comunicación fuera del horario laboral.
• Clasificación del personal de confianza, destacando que las funciones reales pesan más que el título del puesto.
• Flexibilidad de horarios y picos de carga de trabajo, considerando que la ley mide las jornadas semanalmente y no por proyectos.

Actividades fuera del centro de trabajo, en las que la determinación del tiempo efectivamente trabajado puede resultar más compleja.

Riesgos laborales, de seguridad social y litigio

El uso recurrente de horas extraordinarias como mecanismo de continuidad operativa puede generar riesgos adicionales, en particular si se normaliza su pago. Entre los impactos identificados se encuentran la posible integración de dichas horas al salario base para efectos indemnizatorios y de seguridad social, así como un incremento de la exposición a litigios laborales en caso de no contar con registros electrónicos robustos y consistentes que acrediten el tiempo efectivamente trabajado. Asimismo, la normalización de horas extraordinarias puede derivar en sanciones administrativas y dificultades para su defensa ante las autoridades laborales y de seguridad social.

Sectores y esquemas con mayor impacto

Se destacó que ciertos sectores y esquemas de trabajo podrían enfrentar mayores retos en la implementación de la reforma, entre ellos: actividades de transporte, seguridad, ventas, trabajo en campo y prestación de servicios especializados, así como los que operan fuera de un centro de trabajo fijo. En estos casos, se subrayó la importancia de definir con precisión los tiempos de trabajo efectivo, traslados, descansos y periodos de espera, a fin de evitar interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad y riesgos de responsabilidad solidaria en cadenas de suministro y servicios especializados.

Importancia de los registros y el uso de tecnología

Es importante señalar la creciente relevancia de los registros electrónicos de jornada, así como la necesidad de revisar los sistemas actuales de control de tiempo. Si bien la tecnología puede ser una herramienta clave para medir el trabajo efectivo, se enfatizó que su uso debe respetar la privacidad, la dignidad y los derechos de las personas trabajadoras. Asimismo, es importante que estos registros cuenten con validez probatoria, en particular ante inspecciones laborales y tribunales, y que se dé seguimiento a los lineamientos que emita la autoridad laboral.

Aspectos pendientes y seguimiento regulatorio

Persisten aspectos clave sujetos a definición por la autoridad, como los lineamientos sobre los registros electrónicos de jornada, su validez probatoria y la interpretación de disposiciones vinculadas a la flexibilidad en la distribución de la jornada laboral. En este contexto, se recomendó a las empresas mantener un seguimiento estrecho de los criterios y disposiciones secundarias que se emitan.

Leonor Quiroz, Presidenta del Comité de Capital Humanos y Asuntos Laborales, AMCHAM

Marisol Pacheco, RÖDL,

Diego Naveda, Vicepresidente del Comité de Capital Humanos y Asuntos Laborales, AMCHAM

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 24 | febrero | 2026

En un contexto en el que el comercio internacional exige no solo eficiencia, sino también responsabilidad y confianza, el Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales de AMCHAM Ciudad de México llevó a cabo una sesión para reflexionar sobre los recientes ajustes al marco regulatorio de las importaciones vinculadas al trabajo forzoso, en línea con el artículo 23.6 del T-MEC. El diálogo reunió a Gabriel Tamariz, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Alejandro Branca, de Hortifrut; y Gerardo Meza, de PROLAMSA, en torno a una visión compartida: que el fortalecimiento de las prácticas laborales no es únicamente un requisito normativo, sino una oportunidad para construir cadenas de suministro más sólidas, transparentes y competitivas, capaces de responder a las expectativas de los mercados y de reforzar la integración económica de Norteamérica.

Contexto normativo y alcance del Acuerdo

México ha asumido compromisos internacionales para la erradicación del trabajo forzoso mediante la ratificación de diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre ellos el Convenio 29 y su Protocolo, así como los Convenios 105, 138 y 182, los cuales se reflejan tanto en la Constitución como en la legislación laboral nacional. En este marco, el artículo 23.6 del T-MEC establece la obligación de prohibir la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso.

El 29 de octubre de 2025 se actualiza con el fin de hacer más funcional un mecanismo que había tenido un uso limitado debido a la complejidad de sus requisitos. Desde la perspectiva de la STPS, el ajuste busca facilitar la presentación de solicitudes, fortalecer la cooperación regional y cerrar el paso a mercancías producidas con trabajo forzoso en Norteamérica, bajo un enfoque preventivo y correctivo que refuerce las cadenas de suministro responsables.

En este contexto, la STPS subrayó que el enfoque del mecanismo no es punitivo en primera instancia, sino preventivo y correctivo, orientado a proteger los derechos humanos y, al mismo tiempo, fortalecer las cadenas de suministro responsables.

Principales cambios al procedimiento

1. Ampliación de personas solicitantes: El Acuerdo permite que cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, presente una solicitud, eliminando el requisito previo de estar legalmente establecida en México.

2. Simplificación de requisitos: Se reducen los requisitos obligatorios a cinco elementos esenciales:

1. Fundamentos legales y razones de la solicitud;
2. Hechos y elementos probatorios disponibles;
3. Descripción de la mercancía;
4. Nombre o razón social del productor; 
5. País y región de producción. 

La información adicional es opcional, pero puede acelerar las investigaciones.

3. Confidencialidad y protección del solicitante: Se elimina la obligación de identificar y firmar la solicitud, fortaleciendo la confidencialidad y reduciendo riesgos de represalias. La STPS aclaró que no se publica información durante la investigación, únicamente la determinación final, en caso de existir prohibición.

4. Canales para presentar solicitudes: Además de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM) y la presentación física ante la STPS, se incorpora un canal adicional: el correo electrónico institucional.

Investigación, criterios técnicos y debido proceso

La STPS explicó que las investigaciones se sustentan en un protocolo que integra múltiples fuentes de información, incluyendo búsquedas sistemáticas, solicitudes a autoridades nacionales, información de embajadas, reportes de organismos internacionales, publicaciones académicas, informes de la sociedad civil e intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y Canadá. El análisis se guía por los 11 indicadores de trabajo forzoso de la OIT, lo que permite evaluar de manera técnica y objetiva la existencia de indicios suficientes.

Se aclaró que en México no se prohíben regiones completas ni empresas en abstracto, sino productos específicos respecto de los cuales se demuestre que fueron producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso. Únicamente en estos casos se publica la determinación correspondiente en el micrositio institucional.

La STPS señaló que las empresas pueden acercarse voluntariamente a la autoridad para revisar su situación, acreditar el cumplimiento y dar seguimiento preventivo, particularmente en casos en los que existan señalamientos o determinaciones previas en otros países.

Alejandro Branca de Hortifrut

Leonor Quiroz, Presidenta del Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales

Buenas prácticas y estrategias de mitigación

Las empresas multinacionales compartieron que el enfoque debe centrarse en aterrizar estándares globales en procesos locales, fortaleciendo:

• Sistemas de debida diligencia conforme a estándares de la OCDE.
• Auditorías sociales estructuradas.
• Gobernanza interna clara entre las áreas legales, de cumplimiento, compras, logística y recursos humanos.
• Mecanismos de queja y de remediación efectivos, preferentemente con participación de terceros.

Se enfatizó que la prevención y la trazabilidad permiten una respuesta rápida ante cualquier investigación.

Oportunidades de posicionamiento para empresas en México

El cumplimiento del Acuerdo puede convertirse en una ventaja competitiva al facilitar la integración en cadenas de suministro más exigentes, fortalecer la reputación como proveedores confiables y mejorar el acceso a financiamiento vinculado a criterios ASG (Ambiental, Social y Gobernanza). Asimismo, se destacó que el mecanismo puede incentivar la reinversión productiva en el país.

Colaboración público–privada y capacitación

La STPS reiteró su disposición a colaborar con organismos empresariales, como AMCHAM, en acciones de difusión, diálogo técnico y capacitación, incluyendo posibles programas conjuntos con la OIT. Se coincidió en que la erradicación del trabajo forzoso requiere convicción, la promoción del trabajo digno y la prevención colaborativa entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil.

El Acuerdo consolida un cambio relevante en la política comercial y laboral de México. Integrando prevención, cooperación internacional y debida diligencia empresarial, este mecanismo no solo busca impedir la entrada de productos elaborados con trabajo forzoso, sino también fortalecer la competitividad responsable de las empresas que operan en México y posicionar al país como un socio confiable en el comercio regional e internacional.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 21 | enero| 2026