La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), contemplada en la Constitución y desarrollada en la Ley Federal del Trabajo (LFT), vincula directamente las utilidades fiscales con los derechos laborales. Esta característica exige a las empresas —especialmente a aquellas con capital extranjero o estructuras transnacionales— una comprensión jurídica y operativa detallada, así como una capacidad constante de adaptación ante los cambios en el marco normativo. Por ello, el Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales de AMCHAM Ciudad de México llevó a cabo una sesión estratégica enfocada en la PTU, contando con la participación de Laura Acevedo, de Deloitte, y Santiago Villanueva, de Pérez-Llorca.
Subcontratación y el nuevo entorno regulatorio
La reforma laboral de 2021, particularmente en materia de subcontratación, transformó el entorno regulatorio para la determinación y reparto de la PTU. La eliminación de esquemas operativos que desvinculan al personal de las utilidades empresariales ha impulsado una mayor transparencia y equidad. En este nuevo contexto, las empresas requieren una coordinación estrecha entre las áreas fiscal, laboral y de recursos humanos para garantizar el cumplimiento, desde una visión ética y estratégica.
PTU y seguridad social
Un punto de especial relevancia es el tratamiento de los anticipos de PTU. En sectores con ingresos previsibles, como el minero o acerero, esta práctica puede representar una herramienta útil, siempre que esté debidamente documentada y comunicada. Es fundamental asegurar su correcta clasificación en los CFDI y su exclusión de la base salarial, para evitar impactos en cuotas obrero-patronales o interpretaciones adversas por parte del IMSS.
La coordinación entre autoridades fiscales, laborales y de seguridad social ha evolucionado significativamente. El cruce de información entre SAT, IMSS e Infonavit exige a las empresas mantener procesos contables robustos, registros claros y políticas internas bien definidas. La atención oportuna a comunicaciones como las “cartas invitación” del IMSS resulta clave para prevenir procesos de auditoría.
APTU y tratamiento de montos no repartidos
Respecto al Ajuste por Participación de los Trabajadores en las Utilidades (APTU), muchas empresas enfrentan la imposibilidad de repartir la totalidad determinada como PTU debido a los topes establecidos en la legislación. En ausencia de lineamientos oficiales, la práctica generalizada ha sido constituir reservas contables. No obstante, es recomendable establecer políticas internas claras para distinguir entre la PTU no distribuida por topes legales y aquella no cobrada por trabajadores.
Topes y trabajadores de confianza: hacia una interpretación equitativa
El marco legal contempla límites específicos tanto para el monto individual a recibir (hasta tres meses de salario o el promedio de los últimos tres años) como para la base de cálculo de los trabajadores de confianza. Aplicar ambos topes de forma simultánea ha sido interpretado como una práctica alineada con los principios de equidad que inspiran la legislación laboral mexicana.
Recomendaciones clave para una gestión efectiva
Durante la sesión, se compartieron buenas prácticas que pueden fortalecer el cumplimiento empresarial en esta materia:
- Documentar adecuadamente cualquier pago anticipado y su justificación.
- Revisar periódicamente los conceptos de nómina para evitar integraciones indebidas al salario base de cotización.
- Fortalecer la comunicación y supervisión con proveedores registrados en el REPSE.
- Mantener operativas las comisiones mixtas para la PTU, con documentación clara y procesos actualizados.
- Capacitar a los equipos de recursos humanos, contabilidad y fiscal sobre las implicaciones multidisciplinarias de la PTU.
- Establecer criterios internos para manejar de manera diferenciada la PTU no distribuida y la no cobrada.
- Evaluar con regularidad la razonabilidad del cálculo del APTU, con base en los registros históricos y nuevas disposiciones fiscales.
- Asegurar que los sistemas ERP o de nómina estén actualizados para aplicar correctamente los topes legales.
- Realizar simulaciones periódicas para estimar el impacto de la PTU sobre la utilidad fiscal y los flujos de efectivo.
- Consultar con frecuencia a asesores legales y fiscales para actualizar la estrategia frente a cambios normativos o criterios de autoridad.
Cumplir con la PTU no solo es una obligación legal, sino una oportunidad para fortalecer el desarrollo del talento, la equidad y la sostenibilidad en las operaciones empresariales. En un entorno regulatorio en constante evolución, las empresas que integran AMCHAM reafirman su compromiso de liderar con el ejemplo, promoviendo una cultura organizacional cimentada en la transparencia y el diálogo constructivo. Este esfuerzo colectivo no solo fortalece el cumplimiento, sino que también impulsa un entorno de negocios más sostenible, ético y competitivo para todo México.
AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 22 | abril | 2025