El Comité de Innovación y TICs celebró un encuentro con Antonio Nava, Director General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía, en el que se analizó el entorno comercial global y las perspectivas en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026.

En este contexto, resulta central comprender el alcance jurídico del proceso de 2026 y su naturaleza institucional. El mecanismo contemplado en el Tratado corresponde a una revisión y no a una renegociación integral, lo cual es una distinción clave para dimensionar correctamente el proceso de 2026. Conforme al diseño jurídico del T-MEC, al sexto año de su entrada en vigor, las Partes deberán manifestar si desean extenderlo. A partir de ello, se configuran tres posibles escenarios:

1. Extensión consensuada: si las tres Partes acuerdan extender el Tratado, este se renueva por un periodo adicional de 16 años.

2. Revisión anual sin acuerdo inmediato: si no existe consenso en el sexto año, se inicia un periodo de revisiones anuales de hasta diez años, durante el cual el Tratado permanece plenamente vigente. Si en cualquiera de esas revisiones se alcanza un acuerdo, se activa la extensión por 16 años adicionales.

3. Terminación por falta de consenso: si, transcurrido el periodo máximo de revisiones, no se alcanza un acuerdo para extenderlo, el Tratado concluye al término de ese plazo.

De manera independiente a este mecanismo, el Tratado contempla la posibilidad de denuncia unilateral mediante notificación escrita a las otras Partes. En ese supuesto, el retiro surtiría efectos seis meses después de la notificación, salvo que las Partes acuerden un plazo distinto, conforme a lo previsto en el propio instrumento.

Si bien la revisión está prevista en el propio texto del Tratado, el contexto político y comercial en Estados Unidos ejerce presiones adicionales. En particular, la discusión sobre el déficit comercial estadounidense ha impulsado una política más activa en materia arancelaria y un mayor uso de instrumentos vinculados a la seguridad nacional. En este sentido, se explicó el alcance de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) y la resolución de sus limitaciones, así como el papel del Comité sobre Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS) en la revisión de inversiones en sectores estratégicos.

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la creciente interrelación entre la política comercial, la seguridad económica y la tecnología. Se destacó que el comercio contemporáneo ya no se limita al intercambio de bienes, sino que incorpora servicios digitales, software e infraestructura tecnológica integrada en los productos manufacturados. En este contexto, sectores como el automotriz, la manufactura avanzada y la economía digital operan bajo cadenas de valor profundamente integradas en Norteamérica. La correcta aplicación de las reglas de origen y el cumplimiento de las disciplinas del Tratado continúan siendo elementos determinantes para preservar el acceso preferencial al mercado regional y la estabilidad de dichas cadenas.

En materia legislativa estadounidense, el funcionamiento de la Trade Promotion Authority (TPA) y su relevancia para eventuales modificaciones al Tratado. Únicamente aquellas disposiciones que impliquen cambios en la legislación interna de Estados Unidos requerirán la aprobación del Congreso, lo que introduce un componente adicional de análisis sobre el alcance potencial de cualquier ajuste. Asimismo, se identificó el calendario político como un factor que podría incidir en el proceso, tanto en términos de plazos como de viabilidad legislativa.

Desde la perspectiva mexicana, se reiteró la importancia estratégica del T-MEC como pilar del comercio exterior del país, en particular a la luz del dinamismo de las exportaciones a Estados Unidos. Incluso en escenarios de incertidumbre política, las cadenas de valor han mostrado resiliencia y capacidad de adaptación, lo que refleja el grado de integración estructural alcanzado en la región. Paralelamente, se subrayó la necesidad de fortalecer una agenda de diversificación comercial, dado que el mayor déficit comercial de México se concentra actualmente en su intercambio con China.

También se abordaron la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea y la creación de un Acuerdo Comercial Interino con la Unión Europea. La negociación de la modernización ya ha concluido y se prevé su suscripción en el corto plazo. Asimismo, el Acuerdo Comercial Interino permitirá anticipar la aplicación de los compromisos estrictamente comerciales, sin esperar la ratificación integral del acuerdo modernizado por todos los parlamentos involucrados.

La modernización incorpora 17 disciplinas actualizadas, así como una revisión sustantiva en materias como la propiedad intelectual, las medidas sanitarias y fitosanitarias, la regionalización y la equivalencia, entre otros aspectos de nueva generación. La coexistencia del acuerdo original, el instrumento modernizado y el acuerdo interino no implica una sustitución inmediata, sino una arquitectura jurídica diseñada para fortalecer el marco normativo del comercio bilateral y brindar mayor certidumbre a los operadores económicos durante el proceso de transición.

En conjunto, la sesión permitió contar con un panorama integral de los escenarios jurídicos, políticos y estratégicos que enmarcarán la revisión de 2026. Desde AMCHAM reiteramos la importancia de mantener un diálogo técnico y constructivo con las autoridades, orientado a preservar la integración regional de Norteamérica, fortalecer la competitividad de México y promover un comercio internacional basado en reglas claras y previsibles, condición indispensable para la inversión, la planeación empresarial y el crecimiento sostenido.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 24 | febrero | 2026

El Comité de Innovación y TICs, llevó a cabo la sesión “Del potencial a la acción: construyendo el futuro tecnológico de México”, con el objetivo de analizar el estado de la preparación tecnológica del país y los principales retos para escalar la innovación de manera efectiva en las organizaciones.

Preparación tecnológica y punto de inflexión

Durante la sesión se presentaron los principales hallazgos del Kyndryl Readiness Report, a cargo de Carlos Marcel, Director General de Kyndryl México. El informe se basa en encuestas realizadas a 3,700 altos directivos y responsables de la toma de decisiones en 21 países, incluyendo a 200 ejecutivos en México, y analiza los factores que influyen en la capacidad de las organizaciones para proteger, mantener y acelerar su desempeño tecnológico.

De acuerdo con el reporte, México muestra una ambición digital en crecimiento, particularmente en la adopción de inteligencia artificial y soluciones en la nube. El 88% de las organizaciones mexicanas considera que la inteligencia artificial transformará los roles de trabajo en los próximos doce meses, en línea con el promedio global, y registra niveles de inversión en IA y nube comparables con las tendencias internacionales.

No obstante, el estudio identifica retos estructurales relevantes. El 63% de las organizaciones en México señala que sus iniciativas de innovación se detienen después de la fase de prueba de concepto, mientras que el 62% reporta retrasos en innovación derivados de su base tecnológica, asociados a infraestructuras legadas y entornos híbridos complejos.

En materia de resiliencia digital, el reporte indica que el 88% de las organizaciones en México ha enfrentado interrupciones vinculadas con incidentes cibernéticos, mientras que solo el 42% prioriza el fortalecimiento de la ciberseguridad como una acción estratégica inmediata. Asimismo, el 79% expresa preocupación por los riesgos asociados al uso de nubes globales, en un contexto donde factores regulatorios, geopolíticos y de soberanía de datos influyen de manera creciente en las decisiones tecnológicas. Adicionalmente, el 61% de los líderes en México reporta una mayor presión por demostrar el retorno de inversión de las iniciativas de inteligencia artificial.

Panel | Del piloto al impacto: escalar la tecnología

Durante el panel “Del piloto al impacto: cómo escalar la tecnología en México”, moderado por Katia Núñez, Líder de Relaciones Gubernamentales y Política Pública para Latinoamérica en Kyndryl, con la participación de Diego Flores, Titular del Sector de Industria Electrónica y Digital de la Secretaría de Economía; Francisco Martha, Director General de Desarrollo de Negocios Digitales en Banorte; Silvia Díaz, Directora de Inteligencia Artificial en Oracle; y Daniel Ríos, Vicepresidente de Infraestructura y Telecomunicaciones del Comité de Innovación y TICs en AMCHAM, se abordaron los factores que inciden en la brecha entre experimentación tecnológica y generación de valor a escala.

Durante el diálogo, se destacó la importancia de contar con arquitecturas tecnológicas preparadas para crecer, integrar la seguridad desde el diseño, fortalecer la alineación entre negocio y tecnología, y establecer métricas claras que permitan evaluar el retorno de inversión desde las primeras etapas de los proyectos.

Asimismo, se subrayó el papel del talento y de las capacidades humanas como un componente central de la transformación digital,  así como la relevancia de marcos de gobernanza flexibles que permitan a las organizaciones adaptarse al ritmo acelerado de la innovación tecnológica.

La sesión concluyó con un llamado a avanzar de la ambición digital a la ejecución estratégica, priorizando decisiones que fortalezcan la resiliencia tecnológica, la escalabilidad de las soluciones y la alineación entre tecnología y objetivos de negocio. El diálogo reafirmó la relevancia de impulsar una agenda de colaboración entre sector privado, autoridades y expertos para fortalecer la preparación tecnológica de México en un entorno global cada vez más dinámico.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 19 | enero | 2026

El Comité de Innovación y TICs de AMCHAM Ciudad de México llevó a cabo una sesión de análisis sobre el nuevo marco legal en identidad, inteligencia y protección de datos, a partir del paquete de reformas publicado el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación.

Durante la sesión, expertos de la asociación civil Siglo XXII. Derecho y Tecnología explicaron que la creación de la CURP con datos biométricos y la Plataforma Central de Inteligencia representan un cambio estructural en la política de identidad y en la gestión de datos en México. La CURP que incluirá fotografía, huellas dactilares y otros datos sensibles, se convertirá en el documento de identificación obligatorio para realizar trámites y acceder a servicios públicos y privados.

Asimismo, la nueva Plataforma Central de Inteligencia permitirá la interconexión en tiempo real de bases de datos públicas y privadas, incluyendo información financiera, fiscal, de telecomunicaciones, salud y transporte. Si bien el objetivo es fortalecer la seguridad pública y la localización de personas desaparecidas, es fundamental atender riesgos como la ausencia de supervisión independiente tras la desaparición del INAI, el acceso a datos sin orden judicial, la vulnerabilidad ante ciberataques y el potencial impacto en la confianza empresarial y ciudadana.

El paquete legislativo no se limita a crear una nueva identificación, sino que establece una arquitectura normativa integral que articula a autoridades civiles y militares para el acceso y uso de información sensible. Esto incluye reformas a leyes como la Ley General de Población, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, entre otras. En conjunto, estas disposiciones amplían las facultades de acceso directo a datos, incluso mediante requerimientos a personas morales y sin la necesidad de contar siempre con una orden judicial previa.

En materia empresarial, se destacó que las compañías deberán asumir nuevas obligaciones, entre ellas: i) adaptar sus sistemas para interconectarse con la Plataforma; ii) asumir costos de integración tecnológica; y iii) fortalecer sus protocolos de ciberseguridad. Este deber de interconexión no distingue por tamaño o sector, y puede abarcar tanto información digital como física: datos de clientes y empleados, registros financieros, inventarios, cámaras de videovigilancia o incluso secretos industriales y comerciales. La amplitud de la definición legal, incluyendo la frase “cualquier otro dato”, incrementa el riesgo de que información estratégica de las empresas pueda ser requerida por las autoridades.

El periodo entre julio y octubre de 2025 será decisivo para que el sector privado participe activamente en la definición de la regulación secundaria. Entre las acciones recomendadas se encuentran revisar el marco jurídico para identificar puntos críticos por sector, participar en consultas públicas y mesas de trabajo, y considerar estrategias jurídicas como amparos contra actos de aplicación. Estas medidas buscan sumar a los esfuerzos de seguridad pública del gobierno, privilegiando siempre el diálogo constructivo y la incorporación de salvaguardas que protejan los derechos humanos.

La digitalización de la identidad abre oportunidades en eficiencia y verificación, pero también plantea desafíos ante la falta de límites claros, controles independientes y garantías de proporcionalidad en el acceso a datos. Para las empresas, el gran reto será anticipar estos cambios, adaptarse con rapidez y, al mismo tiempo, preservar la confianza de clientes y socios en un entorno de creciente interconexión y escrutinio digital.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 13 | agosto | 2025