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Ley de Aguas Nacionales: Retos para la Actividad Productiva y la Gestión Pública

by Jaciel Cavazos | Mar 9, 2026 | AmCham Noroeste, Capítulo Noreste, Legalidad y Estado de Derecho, Sustentabilidad y Responsabilidad Social

El Comité de Legalidad y Estado de Derecho, en coordinación con el Comité de Sustentabilidad y Responsabilidad Social del Capítulo Noreste de AMCHAM, sostuvo una sesión de diálogo sobre los retos que enfrenta México en materia de gestión del agua y su impacto en la actividad productiva y en la política pública. La conversación contó con la participación de Raúl Rodríguez y Jorge Fuentes, del Consejo Consultivo del Agua, así como de José Enrique Cruz, de Garrigues, y Hernán E. González, de Santos Elizondo.

La nueva Ley de Aguas Nacionales, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, configura un marco jurídico plenamente vigente que redefine las reglas de asignación, supervisión y aprovechamiento de un bien de dominio público estratégico. Su entrada en vigor no representa únicamente un cambio normativo, sino una reconfiguración institucional que incide directamente en la rectoría del Estado, en la estabilidad de los derechos concesionales y en la viabilidad económica de los sectores productivos dependientes del recurso.

Desde la dimensión de la política pública, el principal desafío radica en la capacidad del Estado para aplicar la ley con criterios técnicos homogéneos y respaldo presupuestario suficiente. En este sentido, la planeación hídrica debe sustentarse en información científica verificable, en prioridades claras por cuenca y en mecanismos de evaluación que permitan medir los resultados de manera objetiva. El Plan Nacional Hídrico 2025–2030, por su parte, deberá contar con financiamiento real y una sólida disciplina administrativa para evitar que la nueva ley quede limitada a su dimensión formal. Bajo esta perspectiva, el agua debe integrarse explícitamente en la planeación económica como una variable estructural que condiciona tanto el crecimiento regional como la atracción de inversión

La dimensión estructural del sistema hídrico mexicano revela retos significativos, entre ellos la sobreexplotación de acuíferos, el rezago en la infraestructura hidráulica y las limitaciones operativas de los organismos responsables del servicio. A ello se suma la brecha existente entre el reconocimiento constitucional del derecho humano al agua y su efectiva garantía. En este contexto, la sostenibilidad financiera del sistema, la reducción de pérdidas físicas, así como la ampliación del tratamiento y la reutilización de aguas residuales, se identifican como factores clave para que el nuevo marco normativo tenga un impacto tangible. Sin un fortalecimiento institucional acompañado de una inversión sostenida, la implementación de la ley enfrentará restricciones materiales que podrían comprometer el cumplimiento de sus objetivos.

El nuevo marco normativo también redefine el régimen concesional, en particular respecto de la revisión, modificación y supervisión de los títulos, así como del alcance de las facultades administrativas reforzadas de la autoridad. Su implementación deberá observar estrictamente los principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y confianza legítima. En este contexto, la previsibilidad en la actuación administrativa se convierte en un elemento central para evitar una mayor litigiosidad y preservar condiciones adecuadas para la inversión nacional y extranjera, especialmente en sectores industriales intensivos en el consumo hídrico.

También se analizaron las implicaciones prácticas del nuevo marco normativo para el sector empresarial. En particular, se examinó el papel del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales como un instrumento de ordenamiento para futuras asignaciones en un contexto de creciente presión hídrica. La entrada en vigor de la ley exige a las empresas revisar la situación jurídica de sus títulos concesionales, incorporar análisis de riesgo regulatorio y fortalecer los procesos de debida diligencia hídrica en nuevos proyectos. En este escenario, la eficiencia operativa y la reutilización del recurso dejan de ser únicamente buenas prácticas para convertirse en componentes estratégicos de cumplimiento normativo y sostenibilidad empresarial.

La nueva Ley de Aguas Nacionales consolida el agua como un elemento central del orden económico y de la política pública nacional. Su eficacia dependerá de la coherencia entre el diseño normativo, la ejecución administrativa y la disciplina presupuestaria. La etapa que inicia exige una implementación responsable, gradual y técnicamente sustentada, con criterios administrativos claros para la supervisión de concesiones y mecanismos de coordinación efectivos entre órdenes de gobierno.

El cumplimiento del nuevo marco normativo debe entenderse como un ejercicio de corresponsabilidad institucional. Por un lado, la autoridad deberá ejercer sus facultades con certeza jurídica y con fundamento técnico; por otro, el sector productivo deberá incorporar estándares de eficiencia, transparencia y uso racional del recurso acordes con la nueva realidad regulatoria. Mantener este equilibrio será clave para garantizar el derecho humano al agua, preservar la estabilidad regulatoria y sostener la competitividad económica del país.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Monterrey, Nuevo León | 09 | 03 | 2026

El Juicio de Amparo en 2026: Alcances, Retos y Nuevos Escenarios

by Jaciel Cavazos | Feb 4, 2026 | Capítulo Noreste, Legalidad y Estado de Derecho

En un contexto de cambios relevantes en las leyes y de una redefinición del papel del Poder Judicial, el juicio de amparo atraviesa un momento clave para reflexionar sobre su evolución y su fortalecimiento como uno de los principales mecanismos de control constitucional en México. El amparo es el medio por el cual las personas pueden acudir a los tribunales para protegerse frente a actos de autoridad que consideren contrarios a la Constitución.

Las reformas recientes, que afectan su diseño y funcionamiento práctico, abren una oportunidad para analizar cómo este instrumento sigue cumpliendo su función de proteger derechos fundamentales, aportar certeza jurídica y mantener un equilibrio adecuado entre el interés público y el respeto a la legalidad. Con el objetivo de contribuir a este análisis, el Comité de Legalidad y Estado de Derecho de AMCHAM Capítulo Noreste llevó a cabo una sesión de diálogo en la que participaron Omar Castro Zabaleta, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación; Patricia Alejandra Gutiérrez, magistrada titular de la Undécima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León; y Miguel Ángel Luna, abogado y juez primero de distrito en retiro. Este intercambio permitió reflexionar sobre los efectos concretos de las reformas en la labor judicial y en el funcionamiento cotidiano del juicio de amparo.

La suspensión del acto reclamado y su función protectora

Uno de los temas centrales fue la suspensión del acto reclamado, una figura clave del amparo. En términos prácticos, la suspensión permite “pausar” temporalmente un acto de autoridad mientras el juez analiza el fondo del caso, a fin de evitar daños que podrían ser irreversibles. Las reformas recientes han ajustado su alcance bajo una lógica orientada a evitar afectaciones estructurales a las políticas públicas, los proyectos estratégicos o las decisiones administrativas de impacto general.

Este replanteamiento ha puesto de relieve la importancia de no presentar el debate como una disyuntiva entre el interés público y los derechos individuales. En un Estado constitucional de derecho, ambos conceptos están estrechamente vinculados: el interés público se fortalece cuando existe una protección efectiva de los derechos humanos. El reto consiste en encontrar un equilibrio que permita la continuidad de la acción pública sin vaciar de contenido la función preventiva del juicio de amparo.

Derechos humanos, estándares internacionales y control judicial

Desde una perspectiva de derechos humanos, también resulta relevante analizar la compatibilidad de estos ajustes con los estándares internacionales en materia de tutela judicial efectiva, es decir, el derecho de las personas a contar con recursos judiciales reales y oportunos para protegerse frente a posibles abusos. En este contexto, la suspensión sigue cumpliendo una función esencial para evitar daños irreparables mientras se resuelve el caso de fondo.

Por ello, cualquier modificación a su alcance plantea la necesidad de evaluar cuidadosamente sus efectos, a fin de evitar que el amparo se convierta en un mecanismo meramente reparador, es decir, que actúe solo cuando el daño ya ocurrió y pierda su capacidad de protección preventiva. En este escenario, adquiere especial relevancia el papel de los jueces en el ejercicio del control de convencionalidad, es decir, en la interpretación de las normas internas a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado mexicano.

Implicaciones prácticas para la función judicial

Las reformas también tienen implicaciones prácticas para jueces y litigantes. El nuevo entorno exige niveles más altos de argumentación, un análisis más detallado del interés social y una valoración más amplia de los efectos colectivos de las decisiones judiciales. Entre los principales d

esafíos se encuentran la evolución de los márgenes de interpretación judicial, la necesidad de mayor consistencia entre los criterios de distintos tribunales, el fortalecimiento de los estándares probatorios para solicitar una suspensión y la consolidación de una cultura judicial que privilegie análisis más estructurales y contextuales de los casos.

Más que una reforma técnica: un reto institucional

De manera transversal, este análisis invita a reflexionar sobre si los cambios en el juicio de amparo deben entenderse como una actualización técnica de sus reglas procesales o como una evolución más profunda de su concepción institucional. El proceso de reforma del juicio de amparo abre una oportunidad relevante para reafirmar su papel como garantía esencial del Estado de Derecho y como instrumento de confianza para las personas, las empresas y las instituciones. El desafío no es elegir entre gobernabilidad y derechos, sino consolidar un marco jurídico que permita avanzar en ambos objetivos de manera complementaria.

Resulta fundamental que los ajustes normativos fortalezcan la certeza jurídica, mantengan mecanismos efectivos de protección judicial y contribuyan a un entorno de legalidad previsible. En este sentido, el diálogo informado y permanente entre el sector público, la judicatura y la sociedad se consolida como una herramienta indispensable para lograr un sistema constitucional sólido, respetuoso de los derechos humanos y funcional para el desarrollo económico y social del país.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Monterrey, Nuevo León | 04 | 02 | 2026

Ecosistema de Datos Personales en México: Visión del Titular de la Unidad Responsable

by Gerardo Arana | Nov 9, 2025 | Ciudad de México, Innovación y TICs, Legalidad y Estado de Derecho

AMCHAM sostuvo un encuentro con representantes de la Unidad de Protección de Datos Personales (UPDP), recientemente conformada en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, para conocer los avances en el proceso de transición institucional tras la desaparición del INAI y los nuevos mecanismos para la protección de datos personales en México.

Los funcionarios José Vicente Peredo Vázquez, Titular de la Unidad, y Aldo Fragoso Pastrana, Director General de Normatividad y Prevención, destacaron que la transformación busca preservar la esencia del trabajo del INAI, pero con un enfoque más eficiente, coordinado y cercano a la sociedad.

Un nuevo marco de confianza y transparencia

“Vivimos un proceso de transición derivado de una consolidación administrativa. Nuestro reto es mejorar lo que hizo el INAI y abrir un diálogo permanente con todos los sectores”, subrayó Peredo.

La Unidad de Protección de Datos Personales asume la responsabilidad de garantizar el respeto al derecho fundamental a la privacidad, tanto en el sector público como en el privado. Actualmente cuenta con 110 funcionarios, de los cuales 80% provienen del INAI, lo que permite conservar la experiencia técnica y operativa del antiguo organismo. Entre sus funciones destacan la supervisión del cumplimiento normativo, atención de denuncias, imposición de sanciones, promoción de conciliaciones, emisión de lineamientos y acompañamiento institucional a dependencias y empresas en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de privacidad y seguridad.

Retos para las Empresas: De la norma a la cultura

Se presentaron los cinco pilares que guían el plan de trabajo de la Unidad: cercanía y lenguaje claro, actualización normativa, transparencia en sanciones, digitalización de trámites y acompañamiento institucional, con un enfoque ciudadano y tecnológico que busca fortalecer la confianza pública en el uso y resguardo de los datos personales.

En cuanto a los retos actuales, la Unidad identificó temas prioritarios como el combate a las aplicaciones de “montadeudas”, la retención indebida de expedientes clínicos, la protección de datos de menores en entornos digitales y la regulación de empresas extranjeras que procesan información personal en México sin domicilio en el país. También se anunció la intención de reforzar la cooperación internacional, manteniendo la participación de México en foros como la Red Iberoamericana de Protección de Datos y la Global Privacy Assembly (GPA).

En cuanto a la implementación del nuevo marco normativo, la adopción de avisos de privacidad globales y los mecanismos de autorregulación vinculante, la Unidad adelantó que a partir de enero de 2026 lanzará una agenda de mesas de trabajo y capacitaciones sectoriales para fortalecer la prevención y generar criterios técnicos conjuntos.

La protección de los datos personales está más fuerte que nunca. En algún momento los convocaremos, porque cada sector aporta algo para consolidar este nuevo marco de confianza y transparencia. — José Vicente Peredo Vázquez, Titular de la Unidad de Protección de Datos Personales.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 10 | noviembre | 2025

Visión Global del Arbitraje Internacional: Retos, Tendencias y Oportunidades

by Jaciel Cavazos | Nov 3, 2025 | Capítulo Noreste, Legalidad y Estado de Derecho

El Comité de Legalidad y Estado de Derecho del Capítulo Noreste de AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO (AMCHAM) llevó a cabo la sesión “Visión Global del Arbitraje Internacional”, un espacio de diálogo que reunió expertos y autoridades para reflexionar sobre los retos y oportunidades del arbitraje como herramienta clave para la seguridad jurídica y la inversión.

El encuentro contó con la participación de José María Alonso, Presidente del Centro de Arbitraje Internacional de Madrid (CIAM), y Javier Navarro, Secretario General de Gobierno de Nuevo León, y se realizó en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana y la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham).

El arbitraje internacional se destacó como un instrumento esencial para fortalecer la certidumbre jurídica, fomentar la inversión y facilitar los negocios en entornos transfronterizos. Se subrayó la importancia de contar con mecanismos imparciales y técnicamente sólidos, capaces de brindar confianza a las empresas y de promover un entorno de negocios estable y competitivo.

La conversación ofreció una visión integral del arbitraje contemporáneo, explorando las diferencias entre los sistemas de derecho civil y common law, y cómo estas tradiciones jurídicas influyen en la conducción de los procedimientos arbitrales. Se resaltó que los árbitros son profesionales independientes, cuya neutralidad, competencia técnica y ética constituyen los pilares de la confianza en este método de resolución de controversias. Por regla general, los tribunales arbitrales se integran por tres miembros, garantizando así la deliberación colegiada y el equilibrio de criterios.

También se abordó la influencia de los modelos europeos de arbitraje, que han impulsado la profesionalización de los árbitros, la transparencia en la toma de decisiones y la estandarización de los procesos. En este sentido, se destacó la importancia de instrumentos internacionales como la Ley Modelo de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y la Convención de Nueva York de 1958, fundamentales para la armonización legislativa y el reconocimiento global de los laudos arbitrales.

En el contexto de Norteamérica, se identificaron retos y oportunidades significativas. Entre los primeros, el fortalecimiento de la cultura arbitral en los sectores público y privado, la uniformidad en la aplicación de los laudos y la formación especializada y continua de árbitros y abogados. Entre las oportunidades, destacaron el crecimiento del comercio regional bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), la integración económica y la cooperación institucional entre México, Estados Unidos y Canadá, que configuran un escenario propicio para consolidar un sistema arbitral más ágil, confiable y competitivo.

Finalmente, se enfatizó que el arbitraje internacional no solo representa una vía técnica y eficiente para resolver las controversias, sino también un motor para fortalecer la confianza empresarial, atraer inversión extranjera y consolidar la competitividad regional.

A través de esta iniciativa, AMCHAM reafirma su compromiso con la promoción y el fortalecimiento del Estado de Derecho, la cooperación internacional y la creación de un entorno empresarial transparente, predecible, ofreciendo herramientas prácticas y de alto valor para gestionar sus relaciones comerciales con mayor certeza jurídica, visión estratégica y eficiencia operativa.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Monterrey, Nuevo León | 03 | 11 | 2025

Texas Business Courts: A New Era for Cross-Border Commercial Disputes

by Jaciel Cavazos | Oct 15, 2025 | Capítulo Noreste, Legalidad y Estado de Derecho

In a session organized by AMCHAM Northeast’s Legal and Rule of Law Committee, legal experts and attorneys analyzed the creation and scope of the Texas Business Courts, a new specialized judicial system designed to transform the resolution of commercial disputes in Texas, a state with the highest economic exchange with Mexico. The panel featured Justice Scott K. Field of the Fifteenth Court of Appeals of Texas; Gabriel Lozano, Alan Hersh, and C. Mark Stratton from Greenberg Traurig; Craig Duewall from Greenberg Traurig’s Texas Litigation Practice; and Oziel López from Garrigues México.

The creation of the Business Courts responds to a long-standing need for a highly specialized judicial body capable of handling complex commercial disputes within a rapidly growing economic environment. In other U.S. jurisdictions, such as Delaware and New York, specialized courts have demonstrated that judicial expertise builds investor confidence, reduces costs, and ensures greater consistency in legal processes. The Business Courts aim to enhance the technical quality of rulings by placing judges with expertise in corporate law, mergers and acquisitions, intellectual property, large-scale contracts, and corporate governance. This model provides a more predictable and efficient legal environment than the traditional system, where the diversity and volume of cases may affect specialization.

Regarding institutional structure, the Business Courts are staffed by judges appointed by the governor for six-year terms, which aligns with the 2023 judicial reform. This system promotes judicial independence, ensures legal reasoning continuity, and allows periodic performance evaluation. By design, it helps ensure that the courts are led by judges with strong backgrounds in business and financial litigation, enhancing the overall quality of decisions. These courts primarily handle high-value commercial disputes, generally exceeding ten million dollars. Their strategic establishment in cities such as Austin, Dallas, Houston, and San Antonio enables focused attention on key sectors driving the Texas economy, including energy, real estate, manufacturing, and technology. Initial cases are concentrated in contractual disputes (33%), corporate governance conflicts (25%), and property or construction litigation (15%).

From an international perspective, this judicial model represents an opportunity for Mexican companies operating in Texas, providing faster and more predictable proceedings with a lower risk of local bias. The possibility of obtaining provisional or emergency measures (ex parte relief) represents a significant advantage over traditional mechanisms or arbitration, as it combines procedural speed with the possibility of judicial appeal, an option not always available in arbitral forums. However, it was noted that jurisdictional criteria must be clearly defined to avoid the exclusion of cases through their reclassification as “torts” or general civil disputes, which could effectively undermine the courts’ intended jurisdiction.

From a business standpoint, establishing the Business Courts could strengthen international investor confidence and position Texas as a regional hub for dispute resolution, setting valuable precedents for future jurisdictions. Given that Texas accounts for over 40% of bilateral trade between Mexico and the United States, an efficient and specialized judicial system may be decisive in maintaining the dynamism of economic exchange. Mexico, in turn, can also look to this experience as a helpful benchmark. The global trend toward specialized commercial courts underscores that judicial efficiency is key to economic competitiveness. The eventual creation of national courts with judges trained in corporate law and supported by streamlined procedures would strengthen confidence in the rule of law and improve Mexico’s attractiveness as an investment destination.

Texas Business Courts mark a significant structural advancement in the administration of commercial justice across the region. Their long-term success will hinge on the consistency of their rulings and the technical expertise of their judges. Beyond their immediate impact, this model conveys a clear and forward-looking message: judicial modernization is key to strengthening competitiveness and deepening legal and economic cooperation between Mexico and the United States. Initiatives like this reaffirm AMCHAM’s shared commitment to a more integrated and reliable North American business environment by fostering greater certainty, transparency, and efficiency.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Monterrey, Nuevo León | 15 | 10 | 2025

Navigating U.S. Tariffs on Mexico: Legal and Economic Implications for Businesses

by Jaciel Cavazos | Sep 26, 2025 | Capítulo Noreste, Legalidad y Estado de Derecho

Within the framework of the USMCA, the session “The Legal and Economic Implications of U.S. Tariffs on Mexico Under WTO Rules” was held, organized by the Committee on Legality and the Rule of Law, Northwest Chapter. The session featured Nick Baker, Managing Director and Co-Head of Trade and Customs at Kroll, and Luis Martínez, partner at Martínez-Sernada Abogados, who provided a comprehensive analysis of the legal and economic effects of U.S. tariffs on Mexico and their implications for the private sector.

U.S. tariffs implemented under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) have reached levels not seen since 1934, with rates up to 50% affecting strategic sectors such as steel, aluminum, copper, and the automotive industry. While these measures present challenges, they also offer an opportunity for companies to strengthen operational resilience. Proactive strategies such as verifying the origin of materials, diversifying suppliers, and preparing for customs audits have become key tools to navigate the current environment. Additionally, reviewing contract clauses, securing critical inventories, and anticipating logistics adjustments can help companies mitigate short-term impacts while positioning themselves for long-term stability and growth.

From a legal perspective, the application of the IEEPA presents challenges that intersect with the United States’ obligations under the World Trade Organization (WTO). The ongoing judicial review regarding the constitutionality of these measures could redefine the scope of presidential authority in trade matters, potentially shaping the rules governing Mexican exports. This context offers companies an opportunity to strengthen their preparedness by considering international legal scenarios, closely monitoring litigation outcomes, and proactively documenting operations. Coordinating with business associations and preparing thorough compliance reports can help safeguard key exports and support a stable, predictable trading environment.

Defending the rule of law requires balancing compliance with multilateral commitments to ensure predictability while respecting the sovereignty of states, recognizing their right to adopt legitimate public policy measures in strategic areas such as security, health, and critical industries. For companies, this means anticipating regulatory changes, supporting operations with robust documentation, and engaging specialized legal and technical expertise to minimize risk. Additionally, integrating legal and economic analyses into sector specific strategic planning is essential to understand how judicial decisions and tariffs may impact costs, supply chains, and competitiveness.

U.S. tariffs create a complex environment, but they also present opportunities for Mexican companies to strengthen their competitiveness. WTO mechanisms, regional coordination, and technical preparedness are tools not only for governments but also for the private sector. For companies, the key value lies in turning uncertainty into resilience, enhancing supply chain traceability, exploring alternative sourcing options, and maintaining a robust compliance strategy. Proactive management of regulatory and judicial developments, coupled with respect for the sovereign frameworks of each country, not only mitigates risk but also creates a competitive advantage in an increasingly demanding international market.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Monterrey, Nuevo León | 26 | 09 | 2025

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