Mitos y Realidades del Arbitraje Comercial en México: ¿Una alternativa eficiente y eficaz para las empresas frente a la reforma judicial?

Mitos y Realidades del Arbitraje Comercial en México: ¿Una alternativa eficiente y eficaz para las empresas frente a la reforma judicial?

by | Jul 2, 2025 | Ciudad de México, Legalidad y Estado de Derecho

Como parte del compromiso con la promoción de mecanismos que refuercen la certeza jurídica, la legalidad y la competitividad de las empresas, el Comité de Legalidad y Estado de Derecho de AMCHAM/MEXICO llevó a cabo un espacio de análisis con expertos nacionales e internacionales para profundizar en los fundamentos, ventajas y retos del arbitraje comercial como alternativa eficiente y eficaz frente a la vía judicial tradicional, especialmente en un entorno donde la confianza en la impartición de justicia es clave para la atracción de inversión y la continuidad de negocios.

Implicaciones, Efectos y Ejecución del Acuerdo de Arbitraje

Kate Brown (DLA Piper), Francisco González (GDCA), Citlali Pérez (Senko Legal), y Daniel García (García Barragán Abogados), destacaron que el acuerdo de arbitraje es la piedra angular del procedimiento. Aunque México reconoce la autonomía de la cláusula arbitral y ha adoptado estándares internacionales como la Convención de Nueva York, una redacción deficiente puede dar lugar a disputas sobre su alcance, nulidad o inejecutabilidad.

Es importante prever aspectos como la sede arbitral, la institución administradora, el idioma, el número de árbitros y la ley aplicable, para evitar vacíos que generen costos innecesarios o prolonguen los procedimientos. Toda empresa debería contar con asesoría especializada desde la etapa de negociación de contratos para garantizar que la cláusula arbitral sea clara, vinculante y acorde con la normatividad aplicable.

Tiempos, Costos y Expectativas Razonables del Procedimiento Arbitral

Por su parte, Claus Von Wobeser (Von Wobeser y Sierra), Carlos Loperena (Loperena, Lerch y Martin del Campo), Reinaldo Ameri (Metlife), y Mariela Huerta (Pérez-Llorca), subrayaron que una de las principales ventajas del arbitraje es la previsibilidad de tiempos y costos. A diferencia de procesos judiciales que pueden extenderse por años, un arbitraje bien estructurado suele resolverse en plazos de 12 a 18 meses, lo que genera ahorros significativos en términos de recursos y gestión de riesgos.

En particular, Carlos Loperena resaltó que la “Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el arbitraje comercial constituye un derecho de las partes protegido constitucionalmente”, lo que refuerza su legitimidad como mecanismo alternativo de solución de controversias. Recomendaron ser cuidadosos en la designación de árbitros, privilegiando perfiles con alta especialización técnica, independencia y referencias comprobables, para asegurar decisiones fundamentadas y confiables.

Asimismo, desde la perspectiva empresarial, el arbitraje permite evitar exposiciones mediáticas y mantener la confidencialidad de información sensible, aspecto cada vez más relevante en sectores estratégicos y operaciones transnacionales.

La Definitividad y Ejecución de los Laudos Arbitrales

Por último, Julieta Ovalle (Bufete Ovalle Favela), Juan Carlos González (Consultor independiente), René Irra (Cuatrecasas), y Julio Rivera (Rivera García), abordaron la etapa de ejecución de los laudos arbitrales, destacando su fortaleza jurídica tanto en México como en el extranjero gracias a la Convención de Nueva York y la Ley Modelo de la CNUDMI.

Uno de los mitos más comunes es la supuesta dificultad para hacer exigible un laudo. En realidad, la experiencia muestra que los laudos arbitrales son generalmente más definitivos y menos susceptibles de impugnación que las sentencias judiciales, siempre que el proceso haya sido bien administrado.

Por ello, insistieron en la importancia de someterse a instituciones arbitrales de reconocido prestigio que cuenten con reglamentos claros y procedimientos bien definidos, lo que otorga certeza y credibilidad a las partes involucradas.

El arbitraje comercial es una herramienta altamente recomendable para la solución de controversias entre empresas, particularmente en contextos donde la especialización, la neutralidad, la rapidez y la confidencialidad son determinantes para proteger inversiones y relaciones comerciales.

Como recomendaciones clave, se subrayó la relevancia de:

    • Contar con asesoría experta para redactar cláusulas arbitrales claras, precisas y válidas conforme a la legislación aplicable.
    • Designar árbitros con experiencia probada, imparcialidad y referencias sólidas, sin vínculo alguno con la materia del conflicto.
    • Someterse a procedimientos y reglamentos de instituciones arbitrales reconocidas a nivel nacional e internacional, lo que brinda transparencia, previsibilidad y facilita la ejecución de los laudos.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 7 | julio | 2025

Día 2 | Estructura, Competencia y Facultades de la Nueva Administración Pública Federal

Día 2 | Estructura, Competencia y Facultades de la Nueva Administración Pública Federal

by | Jun 22, 2025 | Ciudad de México, Energía, Innovación y TICs, Legalidad y Estado de Derecho, Líderes de Relaciones con Gobierno

En un momento histórico de redefinición institucional, México se encuentra en plena construcción de una nueva arquitectura gubernamental. La segunda jornada del espacio Estructura, Competencia y Facultades de la Nueva Administración Pública Federal del Comité de Legalidad y Estado de Derecho, profundizó en los pilares que darán forma al nuevo rostro del Ejecutivo Federal.

Esta jornada se enfocó en tres frentes estratégicos que tiene el poder de acelerar el desarrollo económico y social de nuestro país: la reconfiguración del sector energético, los mecanismos institucionales para combatir la corrupción y promover el buen gobierno, y el rediseño del ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Energía: rediseñar con visión, operar con técnica

El rediseño institucional del sector energético se centró en la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo que fusionará funciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Oscar Chanona, Director General de ICA Fluor, planteo la necesidad de construir una autoridad con marcos técnicos robustos y reglas claras que otorguen certeza a inversionistas, operadores y ciudadanos. Una colaboración efectiva entre el sector público y privado será esencial para avanzar con transparencia y eficiencia en los proyectos estratégicos del país.

Miguel Ángel Rincón, Socio Fundador de Crenergy Consultores y Exsecretario de Comunicaciones, destacó que la transición energética requiere algo más que voluntad política: necesitamos instituciones con capacidades operativas reales, presupuesto alineados y autonomía funcional. Si se implementa bien, el nuevo modelo puede abrir un ciclo virtuoso de inversión, innovación y crecimiento.

Tres condiciones son clave:

  1. Garantizar la autonomía operativa que proteja las decisiones técnicas de presiones coyunturales.
  2. Establecer agendas público-privadas que prioricen proyectos estratégicos.
  3. Crear una unidad técnica que funcione como ventanilla única para desarrolladores e inversionista.

Anticorrupción:  del discurso al diseño institucional

La Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una visión disruptiva: pasar del castigo reactivo a la prevención estructural. La nueva dependencia apuesta por reglas claras, integridad institucional y colaboración corresponsable con el sector empresarial y social.

Entre las estrategias destacadas están:

  1. COMPRA CMX, una plataforma de trazabilidad en tiempo real
  2. Un padrón de proveedores íntegros
  3. Acompañamiento técnico en licitaciones
  4. Promoción de estándares de cumplimiento mediante tecnología y evidencia

“El gobierno es el trabajo que hace el Estado para que tengamos cada vez un mejor país, y representa toda nuestra relación con la sociedad. […] Creemos que la responsabilidad de tener un mejor país es un trabajo conjunto de la sociedad, del sector público, del sector social y del sector privado.”

Más que perseguir culpables, se busca construir una cultura de cumplimiento. La Secretaría se alinea con compromisos internacionales como el T-MEC, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Agenda 2030, promoviendo una política de integridad que sea replicable, medible y transformadora.

Innovación: conectar ciencia, tecnología y bienestar social

Desde la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Juan Luis Díaz de León, Subsecretario de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, presentó una visión de futuro basada en la colaboración entre academia, industria y gobierno. La meta: posicionar la innovación como motor de solución a problemas públicos.

La Red ECOS es el brazo operativo de esta visión, diseñada para:

  1. Acelerar maduración tecnológica
  2. Fomentar financiamiento mixto
  3. Potenciar la propiedad intelectual
  4. Articular redes globales de investigación

    “La innovación no ocurre por decreto, sino mediante la articulación de capacidades, incentivos y visión compartida entre sectores”.

    Las prioridades están claras: transición energética, inteligencia artificial, seguridad ciudadana, salud pública y cambio climático. Con convocatorias ya en marcha y proyectos piloto con la industria farmacéutica, la Secretaría se proyecta como catalizadora del potencial científico del país.

    Se destaco la urgencia de nuevas métricas que midan no solo producción académica, sino impacto real en la vida de las personas. La innovación necesita visión compartida, coordinación intersectorial e incentivos adecuados para liberar el talento nacional.

    Los rediseños institucionales no son solo ajustes técnicos o administrativos: son una declaración sobre el tipo de país que queremos ser. Son la forma en que el poder público se vincula con la ciudadanía, cómo se hacen realidad los derechos y cómo se construye una cultura de confianza. El Estado de Derecho no es un complemento del desarrollo: es su cimiento más profundo. Solo con instituciones sólidas, íntegras y técnicamente capaces podremos forjar una gobernanza que inspire confianza, atraiga inversión y genere bienestar duradero para todas y todos los mexicanos.

    AMERICAN CHAMBER/MEXICO
    Ciudad de México | 18 | mayo | 2025

    Día 1 | Estructura, Competencia y Facultades de la Nueva Administración Pública Federal

    Día 1 | Estructura, Competencia y Facultades de la Nueva Administración Pública Federal

    by | Jun 22, 2025 | Ciudad de México, Innovación y TICs, Legalidad y Estado de Derecho, Líderes de Relaciones con Gobierno, Seguridad

    En un contexto de transformación institucional en México, el Comité de Legalidad y Estado de Derecho reunió a secretarios de Estado, legisladores, funcionarios públicos y expertos del sector privado para comprender y analizar los cambios que han reconfigurado la estructura del Gobierno Federal.

    Se abordaron tres grandes ejes estratégicos que marcan el pulso del nuevo diseño institucional: la arquitectura de la nueva Administración Pública Federal, la integración de organismos constitucionales autónomos al Ejecutivo, y la gobernanza en seguridad pública.

    La nueva Administración Pública Federal: estructura, autonomía y ciudadanía

    La Senadora Verónica Camino Farjat expuso la perspectiva legislativa sobre la reforma a la Administración Pública Federal, enfocada en integrar a los órganos constitucionales autónomos al Ejecutivo para optimizar recursos y evitar duplicidades. Esta configuración busca mayor eficiencia y una asignación más estratégica del presupuesto.

    Un ejemplo de este rediseño es la creación de la Secretaría de la Mujer, que coloca la perspectiva de género como eje transversal de la política pública, con presupuestos fortalecidos para combatir la violencia y fomentar el empoderamiento económico de las mujeres.

    La simplificación administrativa es otro pilar clave: interoperabilidad entre plataformas, trámites digitales, validación de licencias en línea y un modelo de transparencia más accesible y eficiente. En paralelo, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar pretende abrir las puertas a nuevas formas de justicia social para las generaciones futuras.

    Órganos autónomos: ¿integración o desaparición?

    Una de las propuestas más controvertidas es la absorción de organismos constitucionales autónomos. Isabel Davara, Socia Fundadora de Davara Abogados, explicó el nuevo diseño institucional del INAI, que pasará a formar parte de una unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. En el nuevo esquema se plantean tres direcciones generales especializadas: Datos Personales en el Sector Público; Datos Personales en el Sector Privado, y Evaluación, Verificación y Sanción; aunque persiste la incertidumbre sobre cómo se ejercerán las facultades de verificación y sanción.

    “Es fundamental que las direcciones y unidades cuenten con personas especializadas y estructuras colegiadas para seguir cumpliendo estándares internacionales —como el Convenio 108 del Consejo de Europa— y los compromisos asumidos en acuerdos como el T-MEC y la OCDE.”

    La desaparición de la COFECE fue contextualizada por Fernando Carreño, Socio en Von Wobeser y Sierra. Aunque el nuevo replica elementos del pasado, como un pleno colegiado y la autonomía técnica, genera inquietud por los nuevos umbrales de notificación, el aumento de sanciones económicas y la posible desventaja regulatoria frente a empresas del Estado. La experiencia con la apertura del mercado gasolinero fue citada como un caso emblemático de éxito regulatorio que podría perderse si se politiza la nueva autoridad.

    En el sector telecomunicaciones, Edgar Olvera, Socio de Greenberg Traurig y exsubsecretario de Comunicaciones, destacó los retos de un modelo donde el Estado podría ser considerado juez y parte: regulador y operador. Sin salvaguardas institucionales claras, esto podría desequilibrar la competencia y frenar la inversión. La propuesta requiere de leyes secundarias sólidas, políticas de espectro eficientes y, sobre todo, una autoridad técnica y verdaderamente independiente.

    Seguridad Pública y Protección Ciudadana: rediseño institucional y visión estratégica

    Los cambios institucionales también alcanzaron a la seguridad pública. Marcela Figueroa Franco, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, puntualizó los cuatro pilares de la estrategia nacional: atender las causas estructurales de la violencia, fortalecer la Guardia Nacional, utilizar la inteligencia para combatir el crimen y una mayor coordinación entre órdenes de gobierno.

    Reformas al artículo 21 constitucional y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal refuerzan la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la institucionalidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

    Dos reformas están sobre la mesa: una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más moderna y funcional, y la propuesta de Ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública que busca regular el uso de la inteligencia bajo parámetros técnicos, éticos y legales. Ambas apuntan a profesionalizar las fuerzas de seguridad, coordinar mejor los esfuerzo federales, estatales y municipales, y enfrentar retos como la violencia de género o la desaparición forzada con herramientas más eficaces.

    También subrayó la necesidad de dignificar las condiciones laborales de las y los policías y anunció el uso estratégico de la infraestructura carretera nacional, como la de Caminos y Puentes Federales, como aliada en la seguridad territorial.

    “La colaboración del sector privado en la identificación de puntos críticos de riesgo, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional, son necesarios para obtener resultados relevantes en materia de intercambio de información, capacitación y coordinación operativa.”

    México está escribiendo un nuevo capítulo en su historia institucional. El rediseño del aparato gubernamental plantea oportunidades importantes y desafíos que deben ser gestionados con visión y estrategia para encontrar el equilibrio entre eficiencia y transparencia, entre concentración de funciones y contrapesos reales, entre velocidad de reforma y solidez institucional.

    Porque más allá de las estructuras, lo que está en juego es el Estado de Derecho, la confianza ciudadana y la capacidad del Estado mexicano para responder con eficacia a los desafíos del siglos XXI.

    AMERICAN CHAMBER/MEXICO
    Ciudad de México | 17 | mayo | 2025

    Reforma a la Ley Infonavit

    Reforma a la Ley Infonavit

    by | Abr 15, 2025 | Capital Humano y Asuntos Laborales, Capítulo Noreste, Legalidad y Estado de Derecho

    La legislación laboral en México está en constante evolución, por ello, el Capítulo Noreste de AMCHAM organizó una sesión conjunta entre el Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales y el Comité de Legalidad y Estado de Derecho, enfocada en la reciente reforma al artículo 29 de la Ley Federal del Trabajo. La modificación, que redefine las obligaciones de los empleadores ante situaciones de emergencia, fue analizada por especialistas en derecho laboral y representantes empresariales, quienes exploraron su contexto, implicaciones legales y operativas.

    La reciente reforma al artículo 29 de la Ley Federal del Trabajo, publicada el 21 de febrero de 2025, ha puesto sobre la mesa nuevos retos y oportunidades que invitan a una revisión cuidadosa desde el ámbito operativo y jurídico. Esta modificación, orientada a establecer lineamientos claros sobre el pago de salarios durante la suspensión de labores por contingencias sanitarias o ambientales, busca ofrecer certeza jurídica tanto a trabajadores como a empleadores. Sin embargo, como lo señaló Francisco García, Abogado de Holland & Knight, su redacción aún presenta áreas grises que podrían derivar en interpretaciones distintas en procesos legales.

    Más allá del texto puntual de la reforma, esta disposición se suma a una serie de transformaciones en la legislación laboral que han redefinido el marco normativo en los últimos años: desde la regulación de la subcontratación y el nuevo esquema de reparto de utilidades, hasta la implementación de vacaciones dignas. En este nuevo escenario, destaca una obligación relevante para las empresas: mantener el pago de aportaciones al Infonavit durante incapacidades temporales del trabajador, ya sea por enfermedad, accidente u otras causas. Esto representa un nuevo frente en términos de cumplimiento y costos laborales.

    Desde la perspectiva del sector empresarial, Iveth Porras, Directora Jurídica de CYDSA, subrayó la importancia de contar con protocolos internos alineados al nuevo marco regulatorio. La incertidumbre, comentó, puede dificultar la toma de decisiones oportunas en contextos de emergencia, especialmente cuando no existen lineamientos claros o criterios homogéneos.

    Por su parte, Ghandi Castro, Jefe de Nóminas de Grupo Prolamsa, enfatizó la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la operatividad de las empresas, particularmente en sectores productivos que no pueden detener actividades de forma inmediata. Asimismo, destacó la relevancia de involucrar al sector privado en los procesos legislativos, para aportar una perspectiva práctica que complemente la visión normativa.

    Finalmente, Hugo Gutiérrez Flores, Socio de Garrigues, abordó los aspectos jurídicos de la reforma, como la definición de contingencia, los mecanismos para documentar suspensiones laborales, y los recientes cambios al Infonavit, incluyendo la creación de una entidad filial con autonomía de gestión. Aunque este nuevo órgano no será paraestatal, sí contará con funciones amplias en materia de vivienda.

    La sesión concluyó con un consenso general sobre la importancia de la reforma, pero también con un llamado claro a revisar y clarificar sus elementos más ambiguos, para asegurar su correcta implementación sin imponer cargas desproporcionadas a las empresas.

    AMERICAN CHAMBER/MEXICO
    Monterrey | (15 | abril | 2025)

    New Classification of Drug Cartels: Implications and Risks for Companies Doing Business in México

    New Classification of Drug Cartels: Implications and Risks for Companies Doing Business in México

    by | Abr 9, 2025 | Ciudad de México, Legalidad y Estado de Derecho

    En respuesta a la creciente preocupación por el impacto de la Orden Ejecutiva 14157, emitida por el gobierno de los Estados Unidos, el Comité de Legalidad y Estado de Derecho de AMCHAM organizó una sesión para analizar las consecuencias legales, financieras y operativas de esta medida. La orden, que designa a ciertos cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), representa un cambio significativo en la estrategia de Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional, con repercusiones directas para las empresas que operan en México. 

    Antecedentes y Alcance de la Orden Ejecutiva 14157  

    La Orden Ejecutiva 14157, firmada el pasado 20 de febrero, marca un hito en la política de seguridad nacional de Estados Unidos al incluir a organizaciones criminales mexicanas en la lista de FTO y SDGT. Esta designación no solo refuerza las capacidades legales y financieras del gobierno estadounidense para perseguir a estos grupos, sino que también amplía el alcance de las sanciones a cualquier entidad o individuo que, directa o indirectamente, proporcione “apoyo material” a estas organizaciones. Cabe destacar que, aunque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ya incluía a estos grupos en sus listas de sanciones, la nueva designación como FTO introduce consecuencias más severas, incluyendo la posibilidad de acciones penales extraterritoriales y demandas civiles por parte de víctimas estadounidenses.  

    Riesgos para Empresas que Operan en México 

    Las implicaciones de esta orden son profundas y multifacéticas, afectando particularmente a empresas con operaciones en zonas donde estos cárteles tienen presencia. Uno de los riesgos más inmediatos es la posibilidad de ser investigadas o sancionadas por proporcionar “apoyo material” a organizaciones designadas como FTO. Este término, definido de manera amplia por el Departamento de Justicia de EE.UU., puede abarcar desde pagos por extorsión hasta contratos con proveedores vinculados indirectamente a estos grupos. Por ejemplo, empresas que operan en regiones controladas por cárteles podrían enfrentar escrutinio si sus pagos por seguridad o logística son percibidos como beneficios para estas organizaciones.  

    Además de las sanciones penales, las empresas también enfrentan riesgos civiles significativos. Bajo el estatuto de “asistencia sustancial”, familiares de víctimas afectadas por actos terroristas vinculados a estos cárteles pueden presentar demandas en cortes estadounidenses, buscando indemnizaciones que podrían triplicar el monto de los daños calculados. Aunque probar estos casos requiere evidencia sólida, el precedente del caso Chiquita Banana demuestra que las consecuencias pueden ser graves para las empresas involucradas. 

    En el ámbito local, las empresas deben considerar las implicaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) de México, que penaliza conductas como el soborno, el lavado de dinero y la colusión. La designación de cárteles como FTO podría intensificar la colaboración entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, aumentando el número de investigaciones conjuntas y extradiciones.  

    Estrategias para Mitigar Riesgos  

    Frente a este escenario complejo, los expertos destacaron la importancia de implementar programas de cumplimiento robustos y adaptados a los riesgos específicos de cada empresa. Estos programas deben incluir, como mínimo, evaluaciones de due diligence para identificar posibles vínculos con organizaciones sancionadas, capacitación continua para empleados y directivos, y auditorías periódicas para detectar prácticas riesgosas.  

    Un aspecto crítico es la adopción de herramientas tecnológicas para monitorear transacciones y relaciones comerciales. Software especializado puede ayudar a las empresas a comparar sus bases de datos con listas de sanciones internacionales (SDN, SSI, FSE, CAPTA, NS-MBS, NS-CMIC, NS-PLC, ONU, OFSI o Uk proscribed terrorist groups), identificando potenciales riesgos antes de que escalen. Además, las empresas deben establecer protocolos claros para responder a investigaciones, incluyendo la cooperación proactiva con autoridades y la documentación exhaustiva de todas las medidas de cumplimiento implementadas.  

    La Orden Ejecutiva 14157 redefine el panorama de riesgo para las empresas en México, exigiendo una combinación de vigilancia proactiva y adaptabilidad estratégica. Aquellas organizaciones que prioricen el cumplimiento normativo y la transparencia no solo mitigarán sus riesgos legales y financieros, sino que también fortalecerán su reputación y resiliencia operativa en un entorno cada vez más complejo.  

    El Comité de Legalidad y Estado de Derecho continuará trabajando en un memorándum ejecutivo que detallará recomendaciones específicas para navegar estos desafíos.

    AMERICAN CHAMBER/MEXICO
    Ciudad de México | 09 | abril | 2025

    Panorama Energético en México: Oportunidades y Desafíos

    Panorama Energético en México: Oportunidades y Desafíos

    by | Mar 4, 2025 | Capítulo Noreste, Energía, Legalidad y Estado de Derecho

    El pasado 4 de febrero, la titular del Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Senadores una iniciativa con un proyecto de Decreto que contempla la expedición de nuevas leyes secundarias para el sector energético, así como modificaciones a algunas leyes vigentes. En el presente panel, nos enfocamos exclusivamente en aquellas disposiciones que impactan directamente al sector eléctrico, dejando para una segunda sesión la discusión de las iniciativas restantes.

    La sesión contó con la participación de expertos del sector, quienes analizaron los cambios propuestos y su impacto en el entorno energético nacional. Entre ellos, José María Lujambio, Socio en Cacheaux, Cavazos & Newton; Adalia Cantú, Chief Legal Officer en Regulus Energía; y Alfredo Villarreal, Socio en Sánchez DeVanny Eseverri, S.C.

    Uno de los temas centrales de la discusión fue la no prevalencia de los particulares sobre el Estado dentro de los principios de la Planeación Vinculante del Sector Eléctrico. Se explicó que esta disposición busca asegurar la prioridad del Estado en actividades de generación y comercialización, alineándose con el marco constitucional vigente. Sin embargo, los panelistas destacaron que esta centralización podría generar incertidumbre para la inversión privada y afectar la competitividad del sector.

    En cuanto al autoconsumo, se analizó la nueva regulación que establece la obligatoriedad de contar con un respaldo en momentos de baja generación. Se detalló que este respaldo podrá garantizarse mediante pagos a la CFE o mediante la instalación de sistemas de almacenamiento, lo que representa un reto para las empresas que operan bajo este esquema.

    En relación al Mercado Eléctrico Mayorista, los expertos destacaron que, aunque continuará en funcionamiento, se implementarán restricciones clave. Entre estas, se contempla la reducción de incentivos para la participación privada y modificaciones en la asignación de contratos de suministro.

    Además, se subrayó la importancia de los certificados de energías limpias (CELs) y otros productos clave como la demanda controlable y los derechos financieros de transmisión. Se anticipa que la nueva regulación podría reestructurar estos instrumentos, lo que podría generar incertidumbre entre los actores del sector.

    En cuanto a la infraestructura de transmisión y distribución, se analizó la posibilidad de ajustar el acceso a las redes y la regulación del almacenamiento de energía. Estos cambios podrían ser determinantes en la planificación de proyectos a largo plazo, por lo que resulta esencial anticipar su impacto.

    Por último, se discutió la creación de la nueva Comisión Nacional de Energía, que reemplazaría a la actual Comisión Reguladora de Energía (CRE). Aunque esta transición podría generar retos en términos de continuidad regulatoria y certidumbre jurídica para los proyectos en desarrollo, también representa una oportunidad para redefinir el marco normativo y fortalecer la gestión energética del país. 

    El panel concluyó destacando la importancia de que los actores del sector se mantengan informados y preparados para estos cambios, adoptando estrategias que les permitan adaptarse al nuevo entorno regulatorio y garantizando la sostenibilidad de sus operaciones en un mercado en transformación.

    AMERICAN CHAMBER/MEXICO
    Capítulo Noreste | 4 | 03 | 2025