Ecosistema de Datos Personales en México: Visión del Titular de la Unidad Responsable

Ecosistema de Datos Personales en México: Visión del Titular de la Unidad Responsable

AMCHAM sostuvo un encuentro con representantes de la Unidad de Protección de Datos Personales (UPDP), recientemente conformada en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, para conocer los avances en el proceso de transición institucional tras la desaparición del INAI y los nuevos mecanismos para la protección de datos personales en México.

Los funcionarios José Vicente Peredo Vázquez, Titular de la Unidad, y Aldo Fragoso Pastrana, Director General de Normatividad y Prevención, destacaron que la transformación busca preservar la esencia del trabajo del INAI, pero con un enfoque más eficiente, coordinado y cercano a la sociedad. 

Un nuevo marco de confianza y transparencia

“Vivimos un proceso de transición derivado de una consolidación administrativa. Nuestro reto es mejorar lo que hizo el INAI y abrir un diálogo permanente con todos los sectores”, subrayó Peredo.

La Unidad de Protección de Datos Personales asume la responsabilidad de garantizar el respeto al derecho fundamental a la privacidad, tanto en el sector público como en el privado. Actualmente cuenta con 110 funcionarios, de los cuales 80% provienen del INAI, lo que permite conservar la experiencia técnica y operativa del antiguo organismo. Entre sus funciones destacan la supervisión del cumplimiento normativo, atención de denuncias, imposición de sanciones, promoción de conciliaciones, emisión de lineamientos y acompañamiento institucional a dependencias y empresas en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de privacidad y seguridad.

Retos para las Empresas: De la norma a la cultura

Se presentaron los cinco pilares que guían el plan de trabajo de la Unidad: cercanía y lenguaje claro, actualización normativa, transparencia en sanciones, digitalización de trámites y acompañamiento institucional, con un enfoque ciudadano y tecnológico que busca fortalecer la confianza pública en el uso y resguardo de los datos personales.

En cuanto a los retos actuales, la Unidad identificó temas prioritarios como el combate a las aplicaciones de “montadeudas”, la retención indebida de expedientes clínicos, la protección de datos de menores en entornos digitales y la regulación de empresas extranjeras que procesan información personal en México sin domicilio en el país. También se anunció la intención de reforzar la cooperación internacional, manteniendo la participación de México en foros como la Red Iberoamericana de Protección de Datos y la Global Privacy Assembly (GPA).

En cuanto a la implementación del nuevo marco normativo, la adopción de avisos de privacidad globales y los mecanismos de autorregulación vinculante, la Unidad adelantó que a partir de enero de 2026 lanzará una agenda de mesas de trabajo y capacitaciones sectoriales para fortalecer la prevención y generar criterios técnicos conjuntos.

La protección de los datos personales está más fuerte que nunca. En algún momento los convocaremos, porque cada sector aporta algo para consolidar este nuevo marco de confianza y transparencia. — José Vicente Peredo Vázquez, Titular de la Unidad de Protección de Datos Personales.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 10 | noviembre | 2025

Visión Global del Arbitraje Internacional: Retos, Tendencias y Oportunidades

Visión Global del Arbitraje Internacional: Retos, Tendencias y Oportunidades

El Comité de Legalidad y Estado de Derecho del Capítulo Noreste de AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO (AMCHAM) llevó a cabo la sesión “Visión Global del Arbitraje Internacional”, un espacio de diálogo que reunió expertos y autoridades para reflexionar sobre los retos y oportunidades del arbitraje como herramienta clave para la seguridad jurídica y la inversión.  

El encuentro contó con la participación de José María Alonso, Presidente del Centro de Arbitraje Internacional de Madrid (CIAM), y Javier Navarro, Secretario General de Gobierno de Nuevo León, y se realizó en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana y la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham). 

El arbitraje internacional se destacó como un instrumento esencial para fortalecer la certidumbre jurídica, fomentar la inversión y facilitar los negocios en entornos transfronterizos. Se subrayó la importancia de contar con mecanismos imparciales y técnicamente sólidos, capaces de brindar confianza a las empresas y de promover un entorno de negocios estable y competitivo.

La conversación ofreció una visión integral del arbitraje contemporáneo, explorando las diferencias entre los sistemas de derecho civil y common law, y cómo estas tradiciones jurídicas influyen en la conducción de los procedimientos arbitrales. Se resaltó que los árbitros son profesionales independientes, cuya neutralidad, competencia técnica y ética constituyen los pilares de la confianza en este método de resolución de controversias. Por regla general, los tribunales arbitrales se integran por tres miembros, garantizando así la deliberación colegiada y el equilibrio de criterios.

También se abordó la influencia de los modelos europeos de arbitraje, que han impulsado la profesionalización de los árbitros, la transparencia en la toma de decisiones y la estandarización de los procesos. En este sentido, se destacó la importancia de instrumentos internacionales como la Ley Modelo de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y la Convención de Nueva York de 1958, fundamentales para la armonización legislativa y el reconocimiento global de los laudos arbitrales.  

En el contexto de Norteamérica, se identificaron retos y oportunidades significativas.  Entre los primeros, el fortalecimiento de la cultura arbitral en los sectores público y privado, la uniformidad en la aplicación de los laudos y la formación especializada y continua de árbitros y abogados.  Entre las oportunidades, destacaron el crecimiento del comercio regional bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), la integración económica y la cooperación institucional entre México, Estados Unidos y Canadá, que configuran un escenario propicio para consolidar un sistema arbitral más ágil, confiable y competitivo.

Finalmente, se enfatizó que el arbitraje internacional no solo representa una vía técnica y eficiente para resolver las controversias, sino también un motor para fortalecer la confianza empresarial, atraer inversión extranjera y consolidar la competitividad regional.

A través de esta iniciativa, AMCHAM reafirma su compromiso con la promoción y el fortalecimiento del Estado de Derecho, la cooperación internacional y la creación de un entorno empresarial transparente, predecible, ofreciendo herramientas prácticas y de alto valor para gestionar sus relaciones comerciales con mayor certeza jurídica, visión estratégica y eficiencia operativa.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Monterrey, Nuevo León | 03 | 11 | 2025

Texas Business Courts: A New Era for Cross-Border Commercial Disputes

Texas Business Courts: A New Era for Cross-Border Commercial Disputes

In a session organized by AMCHAM Northeast’s Legal and Rule of Law Committee, legal experts and attorneys analyzed the creation and scope of the Texas Business Courts, a new specialized judicial system designed to transform the resolution of commercial disputes in Texas, a state with the highest economic exchange with Mexico. The panel featured Justice Scott K. Field of the Fifteenth Court of Appeals of Texas; Gabriel Lozano, Alan Hersh, and C. Mark Stratton from Greenberg Traurig; Craig Duewall from Greenberg Traurig’s Texas Litigation Practice; and Oziel López from Garrigues México.

The creation of the Business Courts responds to a long-standing need for a highly specialized judicial body capable of handling complex commercial disputes within a rapidly growing economic environment. In other U.S. jurisdictions, such as Delaware and New York, specialized courts have demonstrated that judicial expertise builds investor confidence, reduces costs, and ensures greater consistency in legal processes. The Business Courts aim to enhance the technical quality of rulings by placing judges with expertise in corporate law, mergers and acquisitions, intellectual property, large-scale contracts, and corporate governance. This model provides a more predictable and efficient legal environment than the traditional system, where the diversity and volume of cases may affect specialization.

Regarding institutional structure, the Business Courts are staffed by judges appointed by the governor for six-year terms, which aligns with the 2023 judicial reform. This system promotes judicial independence, ensures legal reasoning continuity, and allows periodic performance evaluation. By design, it helps ensure that the courts are led by judges with strong backgrounds in business and financial litigation, enhancing the overall quality of decisions. These courts primarily handle high-value commercial disputes, generally exceeding ten million dollars. Their strategic establishment in cities such as Austin, Dallas, Houston, and San Antonio enables focused attention on key sectors driving the Texas economy, including energy, real estate, manufacturing, and technology. Initial cases are concentrated in contractual disputes (33%), corporate governance conflicts (25%), and property or construction litigation (15%).

From an international perspective, this judicial model represents an opportunity for Mexican companies operating in Texas, providing faster and more predictable proceedings with a lower risk of local bias. The possibility of obtaining provisional or emergency measures (ex parte relief) represents a significant advantage over traditional mechanisms or arbitration, as it combines procedural speed with the possibility of judicial appeal, an option not always available in arbitral forums. However, it was noted that jurisdictional criteria must be clearly defined to avoid the exclusion of cases through their reclassification as “torts” or general civil disputes, which could effectively undermine the courts’ intended jurisdiction.

From a business standpoint, establishing the Business Courts could strengthen international investor confidence and position Texas as a regional hub for dispute resolution, setting valuable precedents for future jurisdictions. Given that Texas accounts for over 40% of bilateral trade between Mexico and the United States, an efficient and specialized judicial system may be decisive in maintaining the dynamism of economic exchange. Mexico, in turn, can also look to this experience as a helpful benchmark. The global trend toward specialized commercial courts underscores that judicial efficiency is key to economic competitiveness. The eventual creation of national courts with judges trained in corporate law and supported by streamlined procedures would strengthen confidence in the rule of law and improve Mexico’s attractiveness as an investment destination.

Texas Business Courts mark a significant structural advancement in the administration of commercial justice across the region. Their long-term success will hinge on the consistency of their rulings and the technical expertise of their judges. Beyond their immediate impact, this model conveys a clear and forward-looking message: judicial modernization is key to strengthening competitiveness and deepening legal and economic cooperation between Mexico and the United States. Initiatives like this reaffirm AMCHAM’s shared commitment to a more integrated and reliable North American business environment by fostering greater certainty, transparency, and efficiency.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Monterrey, Nuevo León | 15 | 10 | 2025

Navigating U.S. Tariffs on Mexico: Legal and Economic Implications for Businesses

Navigating U.S. Tariffs on Mexico: Legal and Economic Implications for Businesses

Within the framework of the USMCA, the session “The Legal and Economic Implications of U.S. Tariffs on Mexico Under WTO Rules” was held, organized by the Committee on Legality and the Rule of Law, Northwest Chapter. The session featured Nick Baker, Managing Director and Co-Head of Trade and Customs at Kroll, and Luis Martínez, partner at Martínez-Sernada Abogados, who provided a comprehensive analysis of the legal and economic effects of U.S. tariffs on Mexico and their implications for the private sector.

U.S. tariffs implemented under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) have reached levels not seen since 1934, with rates up to 50% affecting strategic sectors such as steel, aluminum, copper, and the automotive industry. While these measures present challenges, they also offer an opportunity for companies to strengthen operational resilience. Proactive strategies such as verifying the origin of materials, diversifying suppliers, and preparing for customs audits have become key tools to navigate the current environment. Additionally, reviewing contract clauses, securing critical inventories, and anticipating logistics adjustments can help companies mitigate short-term impacts while positioning themselves for long-term stability and growth.

From a legal perspective, the application of the IEEPA presents challenges that intersect with the United States’ obligations under the World Trade Organization (WTO). The ongoing judicial review regarding the constitutionality of these measures could redefine the scope of presidential authority in trade matters, potentially shaping the rules governing Mexican exports. This context offers companies an opportunity to strengthen their preparedness by considering international legal scenarios, closely monitoring litigation outcomes, and proactively documenting operations. Coordinating with business associations and preparing thorough compliance reports can help safeguard key exports and support a stable, predictable trading environment.

Defending the rule of law requires balancing compliance with multilateral commitments to ensure predictability while respecting the sovereignty of states, recognizing their right to adopt legitimate public policy measures in strategic areas such as security, health, and critical industries. For companies, this means anticipating regulatory changes, supporting operations with robust documentation, and engaging specialized legal and technical expertise to minimize risk. Additionally, integrating legal and economic analyses into sector specific strategic planning is essential to understand how judicial decisions and tariffs may impact costs, supply chains, and competitiveness.

U.S. tariffs create a complex environment, but they also present opportunities for Mexican companies to strengthen their competitiveness. WTO mechanisms, regional coordination, and technical preparedness are tools not only for governments but also for the private sector. For companies, the key value lies in turning uncertainty into resilience, enhancing supply chain traceability, exploring alternative sourcing options, and maintaining a robust compliance strategy. Proactive management of regulatory and judicial developments, coupled with respect for the sovereign frameworks of each country, not only mitigates risk but also creates a competitive advantage in an increasingly demanding international market.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Monterrey, Nuevo León | 26 | 09 | 2025

Mitos y Realidades del Arbitraje Comercial en México: ¿Una alternativa eficiente y eficaz para las empresas frente a la reforma judicial?

Mitos y Realidades del Arbitraje Comercial en México: ¿Una alternativa eficiente y eficaz para las empresas frente a la reforma judicial?

Como parte del compromiso con la promoción de mecanismos que refuercen la certeza jurídica, la legalidad y la competitividad de las empresas, el Comité de Legalidad y Estado de Derecho de AMCHAM/MEXICO llevó a cabo un espacio de análisis con expertos nacionales e internacionales para profundizar en los fundamentos, ventajas y retos del arbitraje comercial como alternativa eficiente y eficaz frente a la vía judicial tradicional, especialmente en un entorno donde la confianza en la impartición de justicia es clave para la atracción de inversión y la continuidad de negocios.

Implicaciones, Efectos y Ejecución del Acuerdo de Arbitraje

Kate Brown (DLA Piper), Francisco González (GDCA), Citlali Pérez (Senko Legal), y Daniel García (García Barragán Abogados), destacaron que el acuerdo de arbitraje es la piedra angular del procedimiento. Aunque México reconoce la autonomía de la cláusula arbitral y ha adoptado estándares internacionales como la Convención de Nueva York, una redacción deficiente puede dar lugar a disputas sobre su alcance, nulidad o inejecutabilidad.

Es importante prever aspectos como la sede arbitral, la institución administradora, el idioma, el número de árbitros y la ley aplicable, para evitar vacíos que generen costos innecesarios o prolonguen los procedimientos. Toda empresa debería contar con asesoría especializada desde la etapa de negociación de contratos para garantizar que la cláusula arbitral sea clara, vinculante y acorde con la normatividad aplicable.

Tiempos, Costos y Expectativas Razonables del Procedimiento Arbitral

Por su parte, Claus Von Wobeser (Von Wobeser y Sierra), Carlos Loperena (Loperena, Lerch y Martin del Campo), Reinaldo Ameri (Metlife), y Mariela Huerta (Pérez-Llorca), subrayaron que una de las principales ventajas del arbitraje es la previsibilidad de tiempos y costos. A diferencia de procesos judiciales que pueden extenderse por años, un arbitraje bien estructurado suele resolverse en plazos de 12 a 18 meses, lo que genera ahorros significativos en términos de recursos y gestión de riesgos.

En particular, Carlos Loperena resaltó que la “Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el arbitraje comercial constituye un derecho de las partes protegido constitucionalmente”, lo que refuerza su legitimidad como mecanismo alternativo de solución de controversias. Recomendaron ser cuidadosos en la designación de árbitros, privilegiando perfiles con alta especialización técnica, independencia y referencias comprobables, para asegurar decisiones fundamentadas y confiables.

Asimismo, desde la perspectiva empresarial, el arbitraje permite evitar exposiciones mediáticas y mantener la confidencialidad de información sensible, aspecto cada vez más relevante en sectores estratégicos y operaciones transnacionales.

La Definitividad y Ejecución de los Laudos Arbitrales

Por último, Julieta Ovalle (Bufete Ovalle Favela), Juan Carlos González (Consultor independiente), René Irra (Cuatrecasas), y Julio Rivera (Rivera García), abordaron la etapa de ejecución de los laudos arbitrales, destacando su fortaleza jurídica tanto en México como en el extranjero gracias a la Convención de Nueva York y la Ley Modelo de la CNUDMI.

Uno de los mitos más comunes es la supuesta dificultad para hacer exigible un laudo. En realidad, la experiencia muestra que los laudos arbitrales son generalmente más definitivos y menos susceptibles de impugnación que las sentencias judiciales, siempre que el proceso haya sido bien administrado.

Por ello, insistieron en la importancia de someterse a instituciones arbitrales de reconocido prestigio que cuenten con reglamentos claros y procedimientos bien definidos, lo que otorga certeza y credibilidad a las partes involucradas.

El arbitraje comercial es una herramienta altamente recomendable para la solución de controversias entre empresas, particularmente en contextos donde la especialización, la neutralidad, la rapidez y la confidencialidad son determinantes para proteger inversiones y relaciones comerciales.

Como recomendaciones clave, se subrayó la relevancia de:

    • Contar con asesoría experta para redactar cláusulas arbitrales claras, precisas y válidas conforme a la legislación aplicable.
    • Designar árbitros con experiencia probada, imparcialidad y referencias sólidas, sin vínculo alguno con la materia del conflicto.
    • Someterse a procedimientos y reglamentos de instituciones arbitrales reconocidas a nivel nacional e internacional, lo que brinda transparencia, previsibilidad y facilita la ejecución de los laudos.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 7 | julio | 2025

Día 2 | Estructura, Competencia y Facultades de la Nueva Administración Pública Federal

Día 2 | Estructura, Competencia y Facultades de la Nueva Administración Pública Federal

En un momento histórico de redefinición institucional, México se encuentra en plena construcción de una nueva arquitectura gubernamental. La segunda jornada del espacio Estructura, Competencia y Facultades de la Nueva Administración Pública Federal del Comité de Legalidad y Estado de Derecho, profundizó en los pilares que darán forma al nuevo rostro del Ejecutivo Federal.

Esta jornada se enfocó en tres frentes estratégicos que tiene el poder de acelerar el desarrollo económico y social de nuestro país: la reconfiguración del sector energético, los mecanismos institucionales para combatir la corrupción y promover el buen gobierno, y el rediseño del ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Energía: rediseñar con visión, operar con técnica

El rediseño institucional del sector energético se centró en la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo que fusionará funciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Oscar Chanona, Director General de ICA Fluor, planteo la necesidad de construir una autoridad con marcos técnicos robustos y reglas claras que otorguen certeza a inversionistas, operadores y ciudadanos. Una colaboración efectiva entre el sector público y privado será esencial para avanzar con transparencia y eficiencia en los proyectos estratégicos del país.

Miguel Ángel Rincón, Socio Fundador de Crenergy Consultores y Exsecretario de Comunicaciones, destacó que la transición energética requiere algo más que voluntad política: necesitamos instituciones con capacidades operativas reales, presupuesto alineados y autonomía funcional. Si se implementa bien, el nuevo modelo puede abrir un ciclo virtuoso de inversión, innovación y crecimiento.

Tres condiciones son clave:

  1. Garantizar la autonomía operativa que proteja las decisiones técnicas de presiones coyunturales.
  2. Establecer agendas público-privadas que prioricen proyectos estratégicos.
  3. Crear una unidad técnica que funcione como ventanilla única para desarrolladores e inversionista.

Anticorrupción:  del discurso al diseño institucional

La Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una visión disruptiva: pasar del castigo reactivo a la prevención estructural. La nueva dependencia apuesta por reglas claras, integridad institucional y colaboración corresponsable con el sector empresarial y social.

Entre las estrategias destacadas están:

  1. COMPRA CMX, una plataforma de trazabilidad en tiempo real
  2. Un padrón de proveedores íntegros
  3. Acompañamiento técnico en licitaciones
  4. Promoción de estándares de cumplimiento mediante tecnología y evidencia

“El gobierno es el trabajo que hace el Estado para que tengamos cada vez un mejor país, y representa toda nuestra relación con la sociedad. […] Creemos que la responsabilidad de tener un mejor país es un trabajo conjunto de la sociedad, del sector público, del sector social y del sector privado.”

Más que perseguir culpables, se busca construir una cultura de cumplimiento. La Secretaría se alinea con compromisos internacionales como el T-MEC, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Agenda 2030, promoviendo una política de integridad que sea replicable, medible y transformadora.

Innovación: conectar ciencia, tecnología y bienestar social

Desde la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Juan Luis Díaz de León, Subsecretario de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, presentó una visión de futuro basada en la colaboración entre academia, industria y gobierno. La meta: posicionar la innovación como motor de solución a problemas públicos.

La Red ECOS es el brazo operativo de esta visión, diseñada para:

  1. Acelerar maduración tecnológica
  2. Fomentar financiamiento mixto
  3. Potenciar la propiedad intelectual
  4. Articular redes globales de investigación

    “La innovación no ocurre por decreto, sino mediante la articulación de capacidades, incentivos y visión compartida entre sectores”.

    Las prioridades están claras: transición energética, inteligencia artificial, seguridad ciudadana, salud pública y cambio climático. Con convocatorias ya en marcha y proyectos piloto con la industria farmacéutica, la Secretaría se proyecta como catalizadora del potencial científico del país.

    Se destaco la urgencia de nuevas métricas que midan no solo producción académica, sino impacto real en la vida de las personas. La innovación necesita visión compartida, coordinación intersectorial e incentivos adecuados para liberar el talento nacional.

    Los rediseños institucionales no son solo ajustes técnicos o administrativos: son una declaración sobre el tipo de país que queremos ser. Son la forma en que el poder público se vincula con la ciudadanía, cómo se hacen realidad los derechos y cómo se construye una cultura de confianza. El Estado de Derecho no es un complemento del desarrollo: es su cimiento más profundo. Solo con instituciones sólidas, íntegras y técnicamente capaces podremos forjar una gobernanza que inspire confianza, atraiga inversión y genere bienestar duradero para todas y todos los mexicanos.

    AMERICAN CHAMBER/MEXICO
    Ciudad de México | 18 | mayo | 2025