En respuesta a la creciente preocupación por el impacto de la Orden Ejecutiva 14157, emitida por el gobierno de los Estados Unidos, el Comité de Legalidad y Estado de Derecho de AMCHAM organizó una sesión para analizar las consecuencias legales, financieras y operativas de esta medida. La orden, que designa a ciertos cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), representa un cambio significativo en la estrategia de Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional, con repercusiones directas para las empresas que operan en México.
Antecedentes y Alcance de la Orden Ejecutiva 14157
La Orden Ejecutiva 14157, firmada el pasado 20 de febrero, marca un hito en la política de seguridad nacional de Estados Unidos al incluir a organizaciones criminales mexicanas en la lista de FTO y SDGT. Esta designación no solo refuerza las capacidades legales y financieras del gobierno estadounidense para perseguir a estos grupos, sino que también amplía el alcance de las sanciones a cualquier entidad o individuo que, directa o indirectamente, proporcione “apoyo material” a estas organizaciones. Cabe destacar que, aunque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ya incluía a estos grupos en sus listas de sanciones, la nueva designación como FTO introduce consecuencias más severas, incluyendo la posibilidad de acciones penales extraterritoriales y demandas civiles por parte de víctimas estadounidenses.
Riesgos para Empresas que Operan en México
Las implicaciones de esta orden son profundas y multifacéticas, afectando particularmente a empresas con operaciones en zonas donde estos cárteles tienen presencia. Uno de los riesgos más inmediatos es la posibilidad de ser investigadas o sancionadas por proporcionar “apoyo material” a organizaciones designadas como FTO. Este término, definido de manera amplia por el Departamento de Justicia de EE.UU., puede abarcar desde pagos por extorsión hasta contratos con proveedores vinculados indirectamente a estos grupos. Por ejemplo, empresas que operan en regiones controladas por cárteles podrían enfrentar escrutinio si sus pagos por seguridad o logística son percibidos como beneficios para estas organizaciones.
Además de las sanciones penales, las empresas también enfrentan riesgos civiles significativos. Bajo el estatuto de “asistencia sustancial”, familiares de víctimas afectadas por actos terroristas vinculados a estos cárteles pueden presentar demandas en cortes estadounidenses, buscando indemnizaciones que podrían triplicar el monto de los daños calculados. Aunque probar estos casos requiere evidencia sólida, el precedente del caso Chiquita Banana demuestra que las consecuencias pueden ser graves para las empresas involucradas.
En el ámbito local, las empresas deben considerar las implicaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) de México, que penaliza conductas como el soborno, el lavado de dinero y la colusión. La designación de cárteles como FTO podría intensificar la colaboración entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, aumentando el número de investigaciones conjuntas y extradiciones.
Estrategias para Mitigar Riesgos
Frente a este escenario complejo, los expertos destacaron la importancia de implementar programas de cumplimiento robustos y adaptados a los riesgos específicos de cada empresa. Estos programas deben incluir, como mínimo, evaluaciones de due diligence para identificar posibles vínculos con organizaciones sancionadas, capacitación continua para empleados y directivos, y auditorías periódicas para detectar prácticas riesgosas.
Un aspecto crítico es la adopción de herramientas tecnológicas para monitorear transacciones y relaciones comerciales. Software especializado puede ayudar a las empresas a comparar sus bases de datos con listas de sanciones internacionales (SDN, SSI, FSE, CAPTA, NS-MBS, NS-CMIC, NS-PLC, ONU, OFSI o Uk proscribed terrorist groups), identificando potenciales riesgos antes de que escalen. Además, las empresas deben establecer protocolos claros para responder a investigaciones, incluyendo la cooperación proactiva con autoridades y la documentación exhaustiva de todas las medidas de cumplimiento implementadas.
La Orden Ejecutiva 14157 redefine el panorama de riesgo para las empresas en México, exigiendo una combinación de vigilancia proactiva y adaptabilidad estratégica. Aquellas organizaciones que prioricen el cumplimiento normativo y la transparencia no solo mitigarán sus riesgos legales y financieros, sino que también fortalecerán su reputación y resiliencia operativa en un entorno cada vez más complejo.
El Comité de Legalidad y Estado de Derecho continuará trabajando en un memorándum ejecutivo que detallará recomendaciones específicas para navegar estos desafíos.
AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 09 | abril | 2025