New Classification of Drug Cartels: Implications and Risks for  Companies Doing Business in México

New Classification of Drug Cartels: Implications and Risks for Companies Doing Business in México

En respuesta a la creciente preocupación por el impacto de la Orden Ejecutiva 14157, emitida por el gobierno de los Estados Unidos, el Comité de Legalidad y Estado de Derecho de AMCHAM organizó una sesión para analizar las consecuencias legales, financieras y operativas de esta medida. La orden, que designa a ciertos cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), representa un cambio significativo en la estrategia de Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional, con repercusiones directas para las empresas que operan en México. 

Antecedentes y Alcance de la Orden Ejecutiva 14157  

La Orden Ejecutiva 14157, firmada el pasado 20 de febrero, marca un hito en la política de seguridad nacional de Estados Unidos al incluir a organizaciones criminales mexicanas en la lista de FTO y SDGT. Esta designación no solo refuerza las capacidades legales y financieras del gobierno estadounidense para perseguir a estos grupos, sino que también amplía el alcance de las sanciones a cualquier entidad o individuo que, directa o indirectamente, proporcione “apoyo material” a estas organizaciones. Cabe destacar que, aunque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ya incluía a estos grupos en sus listas de sanciones, la nueva designación como FTO introduce consecuencias más severas, incluyendo la posibilidad de acciones penales extraterritoriales y demandas civiles por parte de víctimas estadounidenses.  

Riesgos para Empresas que Operan en México 

Las implicaciones de esta orden son profundas y multifacéticas, afectando particularmente a empresas con operaciones en zonas donde estos cárteles tienen presencia. Uno de los riesgos más inmediatos es la posibilidad de ser investigadas o sancionadas por proporcionar “apoyo material” a organizaciones designadas como FTO. Este término, definido de manera amplia por el Departamento de Justicia de EE.UU., puede abarcar desde pagos por extorsión hasta contratos con proveedores vinculados indirectamente a estos grupos. Por ejemplo, empresas que operan en regiones controladas por cárteles podrían enfrentar escrutinio si sus pagos por seguridad o logística son percibidos como beneficios para estas organizaciones.  

Además de las sanciones penales, las empresas también enfrentan riesgos civiles significativos. Bajo el estatuto de “asistencia sustancial”, familiares de víctimas afectadas por actos terroristas vinculados a estos cárteles pueden presentar demandas en cortes estadounidenses, buscando indemnizaciones que podrían triplicar el monto de los daños calculados. Aunque probar estos casos requiere evidencia sólida, el precedente del caso Chiquita Banana demuestra que las consecuencias pueden ser graves para las empresas involucradas. 

En el ámbito local, las empresas deben considerar las implicaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) de México, que penaliza conductas como el soborno, el lavado de dinero y la colusión. La designación de cárteles como FTO podría intensificar la colaboración entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, aumentando el número de investigaciones conjuntas y extradiciones.  

Estrategias para Mitigar Riesgos  

Frente a este escenario complejo, los expertos destacaron la importancia de implementar programas de cumplimiento robustos y adaptados a los riesgos específicos de cada empresa. Estos programas deben incluir, como mínimo, evaluaciones de due diligence para identificar posibles vínculos con organizaciones sancionadas, capacitación continua para empleados y directivos, y auditorías periódicas para detectar prácticas riesgosas.  

Un aspecto crítico es la adopción de herramientas tecnológicas para monitorear transacciones y relaciones comerciales. Software especializado puede ayudar a las empresas a comparar sus bases de datos con listas de sanciones internacionales (SDN, SSI, FSE, CAPTA, NS-MBS, NS-CMIC, NS-PLC, ONU, OFSI o Uk proscribed terrorist groups), identificando potenciales riesgos antes de que escalen. Además, las empresas deben establecer protocolos claros para responder a investigaciones, incluyendo la cooperación proactiva con autoridades y la documentación exhaustiva de todas las medidas de cumplimiento implementadas.  

La Orden Ejecutiva 14157 redefine el panorama de riesgo para las empresas en México, exigiendo una combinación de vigilancia proactiva y adaptabilidad estratégica. Aquellas organizaciones que prioricen el cumplimiento normativo y la transparencia no solo mitigarán sus riesgos legales y financieros, sino que también fortalecerán su reputación y resiliencia operativa en un entorno cada vez más complejo.  

El Comité de Legalidad y Estado de Derecho continuará trabajando en un memorándum ejecutivo que detallará recomendaciones específicas para navegar estos desafíos.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 09 | abril | 2025

Mesa de trabajo con la Secretaría de Economía sobre el Programa IMMEX 4.0

Mesa de trabajo con la Secretaría de Economía sobre el Programa IMMEX 4.0

En el marco de la ejecución del Plan México de la Presidencia de México, el Comité de Comercio Exterior y Logística de AMCHAM sostuvo una reunión de trabajo con la Dirección de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía para dialogar sobre la modernización de los instrumentos de comercio exterior, principalmente, el nuevo programa IMMEX 4.0, cuyo objetivo es fortalecer la competitividad de las empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación en México.

Durante el encuentro, las autoridades presentaron los ejes estratégicos del programa, destacando el objetivo de incrementar el contenido nacional en las exportaciones, fomentar la integración de proveedores locales, generar 1.5 millones de empleos y simplificar los trámites mediante un expediente digital único. Asimismo, enfatizaron la importancia de alinear el marco normativo con las necesidades de sectores estratégicos.

Propuestas generales AMCHAM: agilidad, adaptación y eficiencia

1. Agilización de trámites y plazos
Es necesario flexibilizar los plazos del régimen preoperativo, actualmente limitado a tres meses prorrogables hasta seis, pues resulta insuficiente para la instalación de nuevas plantas. Se propone ampliarlo a un año y alinearlo con el esquema de certificación de IVA preoperativo para evitar duplicidades. Asimismo, los retrasos en las resoluciones de autorizaciones —que en algunos casos superan los 200 días— afectan la operatividad de las empresas. Por ello, se solicitó mayor celeridad en los procesos para eficientar la ejecución de nuevas inversiones.

2. Adaptación a necesidades sectoriales
Es fundamental tener en cuenta las particularidades de cada sector que opera bajo el programa IMMEX, incluyendo el aeroespacial, químico, de servicios, juguetes, bienes de consumo, automotriz, dispositivos médicos, nuevas tecnologías, entre otros.  La disrupción en los negocios hace necesario adecuar el marco regulatorio para contemplar operaciones especializadas, como la prestación de servicios intangibles vinculados a procesos de manufactura o exportación; aquellas que realizan transferencias virtuales; que exportan de manera indirecta; o aquellas empresas que realizan múltiples modalidades de IMMEX (ej: industrial + servicios), solo por mencionar algunas.

3. Mejoras en comunicación y transparencia
Es necesario minimizar los rechazos ocasionados por errores menores en las solicitudes. Para atender esta problemática, se propuso implementar un mecanismo de retroalimentación en línea en la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) que permita a las empresas aclarar dudas y subsanar observaciones menores antes de que la autoridad emita una resolución. Este mecanismo contribuiría a reducir tiempos de respuesta y mejorar la trazabilidad de los procesos administrativos.

Además, la inclusión del modelo de trabajo híbrido dentro del programa, en cumplimiento con las leyes laborales vigentes, responde a los avances tecnológicos que han permitido el crecimiento de empresas que prestan servicios al extranjero, como centros de datos, desarrollo de videojuegos y call centers. Su reconocimiento y formalización podrían impulsar la generación de nuevos empleos y atraer mayores inversiones al país.

Compromisos alcanzados:

    • Continuar con el análisis técnico del programa IMMEX 4.0 para identificar áreas de mejora.
    • Mantener un canal abierto de comunicación entre AMCHAM y la Secretaría de Economía para resolver dudas y compartir retroalimentación sobre el nuevo esquema.
    • Generar un informe con recomendaciones derivadas de la discusión, el cual será enviado a las autoridades competentes para su evaluación.

Como siguientes pasos, el Comité de Comercio Exterior y Logística enviará en los próximos días propuestas adicionales de sus integrantes, con el objetivo de que sean consideradas en el diseño y la implementación del programa IMMEX 4.0. Asimismo, se espera que la Secretaría de Economía comparta una versión preliminar del esquema para su retroalimentación.

Este diálogo representa un paso clave en la construcción de un programa IMMEX 4.0 más eficiente y competitivo, que impulse la inversión extranjera, simplifique procesos y fortalezca la integración de México en las cadenas globales de valor. Las empresas interesadas en contribuir mediante la presentación de propuestas, pueden contactar al Comité a través de Gerardo Arana, Secretario Técnico del Comité de Comercio Exterior en Ciudad de México, al correo garana@amcham.org.mx 

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 3 | abril | 2025

Regulación de Plataformas: Lecciones para el Futuro de México

Regulación de Plataformas: Lecciones para el Futuro de México

Los Comités de Capital Humano y Asuntos Laborales, y de Innovación y TICS, llevaron a cabo una sesión a fin de analizar distintos casos internacionales en los que la regulación de trabajadores de plataformas de intermediación de movilidad y reparto ha logrado con éxito la protección de su seguridad social en equilibrio con la flexibilidad e independencia que caracterizan a estos trabajos, al mismo tiempo que garantizan la viabilidad económica de estas empresas. 

Leslie Vianey Díaz, repartidora a través de plataformas digitales en México, señaló que lo valioso de su trabajo en plataformas digitales es la flexibilidad e independencia con la que cuenta, ya que los trabajadores, sean conductores o repartidores, determinan cuándo y dónde realizar sus actividades, e incluso lo hacen a través de múltiples plataformas y por el tiempo que ellos deciden. De hecho, el 70% de quienes optan por este tipo de trabajo mantienen otros empleos o actividades. Estos trabajos también han generado impactos económicos transversales en sectores como la entrega de bienes, el comercio minorista y el restaurantero, el cuál aumentó el 23% de sus ventas a través de plataformas entre 2013 y 2018. 

De acuerdo a un estudio realizado por Alianza In México, 2.5 millones de personas generaron ganancias ofreciendo productos o prestando servicios en plataformas digitales en México. En cuanto a sus ingresos, los trabajadores de plataformas digitales generan, en promedio, ganancias que superan el salario mínimo en México. 

No obstante, los trabajadores bajo este esquema presentan importantes desafíos al operar de manera independiente y flexible, ya que no cuentan con la protección social que ofrece un empleo tradicional. Por ello, los expertos invitados coincidieron que es fundamental adoptar una regulación que salvaguarde su bienestar sin eliminar la oferta de empleo que genera este modelo. José Daniel López, Director Ejecutivo de Alianza In Colombia, Marcela Sabat, Directora Ejecutiva de Alianza In Chile e Ivo Correa, Director de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de Uber Latinoamérica, intercambiaron su perspectiva sobre la regulación que actualmente se discute e implementa en Chile, Colombia, Brasil y Reino Unido, y como adoptar estas lecciones al contexto mexicano. 

Un marco regulatorio que equilibre ambos intereses es fundamental para generar bienestar compartida, por ello, AMCHAM recopiló recomendaciones que son fundamentales para replicar los casos de éxito que otros países han demostrado:

Propuesta regulatoria

  • Preservar la figura de trabajadores independientes: Establecer explícitamente que aquellos prestadores de servicio que no cumplan con el criterio de elegibilidad de ingreso mínimo para acceder a la seguridad social serán considerados trabajadores independientes.
  • Esquema de contribuciones progresivas y proporcionales: Crear un sistema en el que tanto las plataformas como los trabajadores contribuyan a un fondo de seguridad social en función de sus ingresos. Esto permitiría a los trabajadores acceder a prestaciones como seguro médico y pensiones, sin imponer una carga financiera desproporcionada para las plataformas ni sobre los trabajadores de bajos ingresos.
  • Incentivos fiscales para la formalización: Recomendamos ofrecer incentivos fiscales a las plataformas que implementen esquemas de seguridad social para sus trabajadores. Esto reduciría los costos para las empresas y fomentaría la adopción voluntaria de prácticas más justas.
  • Régimen fiscal: Dar certeza al sector sobre el régimen fiscal aplicable a los trabajadores de plataforma a fin de que la reforma no disminuya sus ingresos.
  • Definición correcta de salario: Definición del salario en términos de ganancias netas, es decir, descontando costos operativos —acceso a vehículo, gasolina, refacciones, plan de datos, entre otros— asumidos por los trabajadores para ofrecer el servicio. De este modo, las contribuciones en materia de seguridad social hechas por trabajadores y empresas estarán calculadas sobre ganancias netas.
  • Mantener la flexibilidad laboral: Es crucial que cualquier regulación preserve la flexibilidad que caracteriza al modelo de plataformas digitales. Obligar a las plataformas a contratar a los prestadores de servicios bajo un esquema tradicional podría reducir drásticamente las fuentes de ingreso, afectando a millones de personas que dependen de este tipo de ingresos.
  • Esquemas de prestación de servicios a través de terceros: En la actualidad existen empresas de transporte de diferentes tamaños —desde 2 hasta 100 vehículos— que utilizan plataformas digitales para ofrecer servicios, haciéndolo con personal propio contratado como empleados. Este modelo contribuye a la generación de empleos formales y da acceso a aquellas personas que no cuentan con un vehículo propio para poder prestar servicios y obtener ganancias. Es primordial salvaguardar la permanencia de este modelo en la nueva regulación.
  • Herramientas e insumos de trabajo: Establecer con claridad que los equipos e insumos de trabajo necesarios para la prestación de servicios en este modelo serán proporcionados por el trabajador, salvo algún otro acuerdo entre las partes.
  • Protección de la viabilidad económica: La regulación no debe imponer cargas desproporcionadas sobre las plataformas, ya que esto podría hacer inviable su operación. Es esencial mantener la sostenibilidad económica de estas empresas, que juegan un papel crucial en la economía digital de México.
  • Diálogo Multisectorial: Es fundamental mantener un diálogo entre el gobierno, las plataformas digitales, los trabajadores y los sindicatos, la academia y las cámaras empresariales, para construir una solución legislativa que equilibre los intereses de todos los actores. En América Latina, líderes como el presidente Lula Da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia han implementado mecanismos de diálogo para abordar este tipo de regulaciones.
  • Entrada en vigor: Definir un plazo de un año para la entrada en vigor de la reforma a fin de que las empresas realicen las adecuaciones operativas y legales necesarias.

El crecimiento de las plataformas digitales ha transformado profundamente la economía y el mercado laboral de México. Es necesario que México adopte un marco regulatorio que permita a los trabajadores acceder a seguridad social sin comprometer la flexibilidad que valoran ni la viabilidad económica de las plataformas. Al equilibrar estos intereses, se podrá garantizar un desarrollo sostenible del sector, asegurando tanto el bienestar de los trabajadores como la atracción de inversión en México.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 13 | noviembre | 2024

Seguridad en la Cadena de Suministro: Prevención del Contrabando – U.S. Customs & Border Protection

Seguridad en la Cadena de Suministro: Prevención del Contrabando – U.S. Customs & Border Protection

Los Comités de Seguridad y de Comercio Exterior y Logística de Ciudad de México, junto con los Capítulos de Guadalajara y Noreste, organizaron un evento en el que expertos en seguridad de la cadena de suministro dialogaron sobre estrategias y tecnologías actuales para combatir el tráfico de sustancias ilícitas y precursores químicos. Michael J. Smith y George Rudy, Supervisores Especialistas de la Cadena de Suministro de la Oficina de Campo de la Asociación de Comercio Aduanero contra el Terrorismo (CTPAT, por sus siglas en inglés) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), compartieron las mejores prácticas y recomendaciones para que los distintos actores clave que intervienen en el comercio binacional protejan a sus colaboradores y continúen optimizando los tiempos y flujo de las mercancías que cruzan las fronteras día con día.

Criterios de Seguridad Mínima. Las mejores prácticas de CTPAT

CTPAT desarrolló los Criterios Mínimos de Seguridad (MSC), recomendados para su implementación por las empresas involucradas en la cadena de suministro binacional. Las áreas de oportunidad identificadas para prevenir el contrabando son:

    • El área de Seguridad Corporativa debe contar con el apoyo directo de la alta dirección de la empresa para garantizar que sea una prioridad dentro de su estructura;
    • Realizar evaluaciones de riesgo por lo menos una vez al año de acuerdo a los criterios internacionales que asignan los riesgos entre bajo, medio y alto;
    • Realizar investigaciones continuas sobre los antecedentes de los empleados y contratistas dentro de las limitaciones legales;
    • Educación y capacitación constante de los empleados para identificar las herramientas, formas de los precursores y sustancias, así como de los distintos métodos utilizados para su contrabando.

Recomendaciones para la protección del personal

Asimismo, señalaron que cuidar la salud del personal que interviene en la cadena de suministro debe ser la prioridad número uno de la autoridad y de las empresas. Por ello, compartieron información que debe darse a conocer para reducir el potencial daño a la salud. Entre ellas:

    • Precauciones generales y manejo de la exposición;
    • Reconocer los síntomas y signos producto de la intoxicación por precursores como son la respiración lenta, somnolencia, confusión y piel azulada:
    • Contar con naloxona y capacitar para su administración;
    • Precauciones dérmicas;
    • Métodos de manipulación rutinaria de fármacos, como el uso de guantes de nitrilo y el lavado de manos. Señalaron la importancia de no usar desinfectantes de manos a base de alcohol, ya que esto puede aumentar la absorción dérmica de medicamentos.

Recomendaciones para identificar contrabando de precursores y sustancias

Por último, compartieron una serie de acciones que pueden implementar las empresas para identificar herramientas que son utilizadas para la fabricación de químicos no autorizados:

    • Realizar exámenes físicos y radiografías de las cargas;
    • Capacitaciones al personal sobre cómo identificar utensilios que tienen como propósito la fabricación de píldoras;
    • Mantener como prioridad la detección de artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés);
    • Proporcionar fotos y carteles de maquinaria de prensado de píldoras, de precursores químicos y de polvos o pastillas comúnmente ilícitas.
    • Reconocer transmisiones de datos incompletas e inexactas en la documentación y etiquetados de los manifiestos, así como discrepancias entre estos y el tamaño, forma, o peso de los paquetes.

En caso de identificar un posible movimiento de precursores químicos, agentes aglutinantes, prensas de píldoras o piezas utilizadas en la producción de drogas sintéticas, U.S. CBP pone a su disposición el siguiente correo para reportar de forma anónima cualquier actividad sospechosa: cbpsyntheticcell@cbp.dhs.gov

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 10 | octubre | 2024

La inteligencia artificial en una coyuntura electoral histórica

La inteligencia artificial en una coyuntura electoral histórica

Entre marzo y diciembre del 2024, 65 países celebrarán elecciones y más de 4 mil millones de personas votarán por sus representantes. La responsabilidad en el manejo de la información y el uso de las tecnologías a través de internet juega un rol clave para el respeto de la democracia. En la sesión “El Futuro de las Empresas: Implementación de la inteligencia artificial y su regulación en México” de los Comités de Legalidad y Estado de Derecho y de Innovación y TICs, Cristina Martínez Pinto, Fundadora y Directora Ejecutiva, PIT Policy Lab y Claudia del Pozo, Fundadora y Directora, Eon Institute, la Senadora Alejandra Lagunes, Presidenta de la Comisión de Derechos Digitales en el Senado de la República e Isabel Davara, Socia Fundadora de Davara y Abogados, dialogaron sobre los desafíos que enfrentamos por la falta de regulación de la inteligencia artificial ante un contexto electoral histórico para la democracia y la tecnología.

Las ponentes emitieron recomendaciones de gobernanza, autorregulación, buenas prácticas y regulación formal para hacer frente a estos desafíos que presenta el mal uso de la IA -descalificaciones, noticias falsas, imitación de rostros, desinformación para ilegitimar a la competencia, etc-, entre ellas:

    • Alfabetización mediática e impulso a ciudadanos digitales para aumentar la capacidad de discernir a fin de protegernos de deepfakes* por el uso irresponsable de estás tecnologías;
    • Generar prototipos de políticas públicas y sandboxes regulatorios** (antes de que se establezcan políticas o regulaciones), para comprender mejor su potencial impactos en la sociedad;
    • Desarrollar un marco normativo claro y conciso para la IA, basado en las necesidades locales y buenas prácticas internacionales;
    • Promover la colaboración intersectorial para garantizar que el marco normativo de IA sea comprensivo y refleje los puntos de vista de todas las partes interesadas.
    • Regulaciones alineadas con principios confiables de la IA, como los desarrollados por la OCDE y la UNESCO;
    • El uso de principios de Transparencia y Explicabilidad (TyE) de los sistemas de IA para promover la confianza, la ética y la responsabilidad en el desarrollo y despliegue de sistemas de IA, a la vez que permiten una supervisión más efectiva -al facilitar la detección y corrección de errores, y promueve la rendición de cuentas por parte de quienes desarrollan y utilizan sistemas de IA;
    • Aprovechar el enfoque “Red Teaming”*** para probar las limitaciones de los sistemas de IA y mejorar su precisión, representatividad y solidez;
    • Capacitar a PyMes en uso responsable de IA, y
    • Fomentar alianzas público-privadas para la innovación y el desarrollo económico y social.

Todas estas recomendaciones buscan abordar los retos que plantea la rápida evolución de la IA en un mundo cada vez más digitalizado y electoralmente activo.

* Término usado para los archivos de imagen, video o sonido que imitan a una persona, pareciendo ser reales y que son producidos por IA.

** Es la denominación que utiliza el ecosistema de las TICs para describir laboratorios de prueba (espacios en condiciones controladas) para analizar el impacto y consecuencias  de regulaciones y políticas públicas en materia tecnológica.

*** Test de intrusión para identificar vulnerabilidades y fallos en la estructura tecnológica de un sistema.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 7 | mayo | 2024