La jornada laboral de 40 horas en México: contenido, proceso legislativo e implementación

La jornada laboral de 40 horas en México: contenido, proceso legislativo e implementación

by | Feb 25, 2026 | Capital Humano y Asuntos Laborales, Ciudad de México

En un entorno en el que las empresas enfrentan cambios relevantes en la regulación laboral y en la organización del trabajo, el Comité de Capital Humano de AMCHAM Ciudad de México llevó a cabo una sesión de análisis sobre las implicaciones prácticas de la reducción de la jornada laboral a 40 horas horas desde la perspectiva del sector privado. El diálogo reunió a Lorenzo Roel, del Consejo Coordinador Empresarial; Rafael Vallejo, de Von Wobeser y Sierra; y Marisol Pacheco, de RÖDL, quienes coincidieron en la importancia de abordar este tema no solo como un ajuste normativo, sino como un cambio estructural que impacta la productividad, el cumplimiento regulatorio y la gestión del talento, y que requiere una preparación anticipada por parte de las empresas.

Avances de la reforma y elementos clave del nuevo diseño

A diferencia de iniciativas previas, la reforma incorpora elementos relevantes para el sector privado, entre ellos la gradualidad en la reducción de la jornada, lo que permitirá una implementación progresiva, así como ajustes al esquema de horas extraordinarias. Asimismo, se establece un nuevo marco que implicará modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, con impactos directos en la operación diaria de las empresas.

Cambio en la definición de jornada laboral

El principal cambio introducido por la reforma no radica únicamente en la reducción del número de horas semanales, sino en el cambio de enfoque sobre qué se considera jornada laboral. Al pasar de un criterio basado en el tiempo en que la persona trabajadora está “a disposición” del empleador a uno centrado en la realización de actividades efectivamente subordinadas, se abren nuevas implicaciones en materia de prueba, control del tiempo y cumplimiento. Este nuevo enfoque impacta directamente en la forma en que las empresas miden, registran y gestionan el tiempo de trabajo, particularmente en esquemas de trabajo híbridos, remotos, de campo o con alta movilidad.

Principales áreas de riesgo identificadas

Se identificaron diversas áreas que requieren atención prioritaria por parte de las empresas:

  • Disponibilidad digital y derecho a la desconexión, ante la práctica extendida de comunicación fuera del horario laboral.
  • Clasificación del personal de confianza, destacando que las funciones reales pesan más que el título del puesto.
  • Flexibilidad de horarios y picos de carga de trabajo, considerando que la ley mide las jornadas semanalmente y no por proyectos.

Actividades fuera del centro de trabajo, en las que la determinación del tiempo efectivamente trabajado puede resultar más compleja.

Riesgos laborales, de seguridad social y litigio

El uso recurrente de horas extraordinarias como mecanismo de continuidad operativa puede generar riesgos adicionales, en particular si se normaliza su pago. Entre los impactos identificados se encuentran la posible integración de dichas horas al salario base para efectos indemnizatorios y de seguridad social, así como un incremento de la exposición a litigios laborales en caso de no contar con registros electrónicos robustos y consistentes que acrediten el tiempo efectivamente trabajado. Asimismo, la normalización de horas extraordinarias puede derivar en sanciones administrativas y dificultades para su defensa ante las autoridades laborales y de seguridad social.

Sectores y esquemas con mayor impacto

Se destacó que ciertos sectores y esquemas de trabajo podrían enfrentar mayores retos en la implementación de la reforma, entre ellos: actividades de transporte, seguridad, ventas, trabajo en campo y prestación de servicios especializados, así como los que operan fuera de un centro de trabajo fijo. En estos casos, se subrayó la importancia de definir con precisión los tiempos de trabajo efectivo, traslados, descansos y periodos de espera, a fin de evitar interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad y riesgos de responsabilidad solidaria en cadenas de suministro y servicios especializados.

Lorenzo Roel, Consejo Coordinador Empresarial

Rafael Vallejo, Von Wobeser y Sierra

Importancia de los registros y el uso de tecnología

Es importante señalar la creciente relevancia de los registros electrónicos de jornada, así como la necesidad de revisar los sistemas actuales de control de tiempo. Si bien la tecnología puede ser una herramienta clave para medir el trabajo efectivo, se enfatizó que su uso debe respetar la privacidad, la dignidad y los derechos de las personas trabajadoras. Asimismo, es importante que estos registros cuenten con validez probatoria, en particular ante inspecciones laborales y tribunales, y que se dé seguimiento a los lineamientos que emita la autoridad laboral.

Aspectos pendientes y seguimiento regulatorio

Persisten aspectos clave sujetos a definición por la autoridad, como los lineamientos sobre los registros electrónicos de jornada, su validez probatoria y la interpretación de disposiciones vinculadas a la flexibilidad en la distribución de la jornada laboral. En este contexto, se recomendó a las empresas mantener un seguimiento estrecho de los criterios y disposiciones secundarias que se emitan.

 

Recomendaciones prácticas para las empresas

Como mensajes clave para las empresas socias, se subrayó la importancia de una preparación preventiva, que incluya:

  • Realizar diagnósticos internos para identificar puestos con jornadas recurrentes superiores a 40 horas.
  • Revisar contratos individuales, contratos colectivos y reglamentos internos de trabajo, definiendo claramente qué se considera tiempo efectivamente trabajado.
  • Analizar esquemas de flexibilidad operativa, como los bancos de horas, privilegiando el consenso con las personas trabajadoras.
  • Fortalecer la comunicación interna y la capacitación de los mandos medios.
  • Reforzar la supervisión y el cumplimiento de los proveedores de servicios especializados.

La reducción de la jornada laboral no debe abordarse únicamente como un ajuste normativo, sino como un cambio estructural que afecta la organización del trabajo, la productividad y la gestión del talento. Anticiparse, documentar procesos y adoptar un enfoque preventivo serán clave para una transición ordenada hacia el nuevo marco laboral.

 

Leonor Quiroz, Presidenta del Comité de Capital Humanos y Asuntos Laborales, AMCHAM

Marisol Pacheco, RÖDL,

Diego Naveda, Vicepresidente del Comité de Capital Humanos y Asuntos Laborales, AMCHAM

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 24 | febrero | 2026

Finanzas sostenibles: del diseño a la implementación

Finanzas sostenibles: del diseño a la implementación

by | Feb 24, 2026 | Ciudad de México, Servicios Financieros, Sustentabilidad y Responsabilidad Social

En un contexto en el que los mercados financieros y los inversionistas demandan mayor claridad, consistencia y credibilidad en la asignación de recursos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza, cobra especial relevancia el fortalecimiento de marcos públicos que orienten el financiamiento sostenible y reduzcan la incertidumbre en su implementación. En este marco, los Comités de Servicios Financieros y de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de AMCHAM de Ciudad de México llevaron a cabo una sesión enfocada en el panorama de las finanzas sostenibles en México, así como en los principales instrumentos impulsados por el gobierno federal para movilizar capital con impacto y alinearlo con compromisos nacionales e internacionales.

Regina Rosales Talamas de Secretaría de Hacienda y Crédito Público

La sesión contó con la participación de Regina Rosales, Gabriela Rincón y Roberto Huesca, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes compartieron una visión técnica y práctica sobre la estrategia de movilización y financiamiento sostenible, la taxonomía sostenible de México y la evolución del marco de referencia soberano para el financiamiento sostenible.

La Estrategia de Movilización y Financiamiento Sostenible (2023) funciona como el marco “paraguas” que ordena los instrumentos de finanzas sostenibles del gobierno federal en torno a una visión de largo plazo. Para su diseño, se realizó un ejercicio de medición de la brecha de financiamiento sostenible que permitió dimensionar el reto de movilización de recursos hacia 2030, lo que refuerza la necesidad de coordinación entre el sector público, el sistema financiero y la economía real.

La estrategia se articula en torno a tres ejes principales: el primero se refiere a la gestión sostenible de las finanzas públicas, destacando los esfuerzos por alinear el presupuesto federal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, más recientemente, por vincular los programas presupuestarios con criterios técnicos que permitan identificar su contribución a los objetivos ambientales, sociales y de inclusión. El segundo eje se enfoca en la movilización de financiamiento, donde se ubican los instrumentos de deuda sostenible, los bonos vinculados a los ODS y otras herramientas financieras impulsadas por el sector público. El tercer eje corresponde a acciones transversales, subrayando que temas como la igualdad de género deben incorporarse de manera consistente en el diseño de instrumentos, en el desarrollo de capacidades y en la toma de decisiones.

Un componente central fue la Taxonomía Sostenible de México (2023), presentada como un instrumento técnico que busca establecer un lenguaje común entre las autoridades, el sector financiero y las empresas. La taxonomía identifica 124 actividades económicas y define, para cada una de ellas, métricas y umbrales que permiten evaluar su contribución a los objetivos de sostenibilidad. En su primera fase incorpora objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, así como un componente social distintivo para el contexto internacional: la igualdad de género como criterio transversal. Sobre este último, se destacó el desarrollo de un cuestionario que puede servir como punto de partida para que organizaciones de distintos tamaños realicen diagnósticos internos y prioricen mejoras en sus prácticas.

Desde un enfoque práctico, se compartieron los principales aprendizajes de un programa piloto con instituciones financieras. El principal reto no es la falta de interés por alinear las operaciones con criterios de sostenibilidad, sino la limitada disponibilidad y la calidad de la información desde el origen de los proyectos. En muchos casos, la ausencia de datos dificulta evaluar principios técnicos clave, como la contribución sustancial, el principio de no daño significativo y la existencia de salvaguardas mínimas, lo que limita la posibilidad de clasificar y reportar la alineación de manera robusta. Este punto dejó como aprendizaje para las empresas la importancia de fortalecer los procesos internos de recopilación de datos, trazabilidad y estandarización, incluyendo la información proveniente de proveedores y de las cadenas de valor.

También se abordó el contexto de la evolución regulatoria y de mercado en México. Se destacó que el país avanza hacia esquemas más consistentes y comparables, y que ya existen ejercicios de referencia e interoperabilidad con marcos internacionales, como la taxonomía de la Unión Europea, lo cual puede aportar mayor certidumbre al mercado y facilitar el diálogo con inversionistas internacionales. Asimismo, se señaló que la adopción de estos instrumentos será gradual y que resulta clave evitar enfoques de “todo o nada”, privilegiando procesos de maduración progresiva que permitan elevar la calidad de la información y la consistencia del ecosistema.

La segunda parte de la sesión se centró en la evolución de los bonos soberanos vinculados a los ODS y en la publicación del Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible (2026).  En este contexto, se destacó la evolución de México en la construcción de su curva soberana sostenible, subrayando que, desde 2020, el país ha realizado 25 emisiones de bonos vinculados a los ODS, en cuatro distintas divisas, con un monto total emitido de aproximadamente 34.5 mil millones de dólares. Esta trayectoria refleja una diversificación progresiva de instrumentos, plazos y monedas, así como el fortalecimiento del mercado de deuda sostenible tanto a nivel internacional como local, consolidando a México como un emisor relevante en este segmento.

 

El nuevo Marco de Referencia representa una evolución respecto al esquema original, al integrar de manera más explícita las prioridades nacionales, la estrategia de movilización, la incorporación de la taxonomía y los esquemas de verificación externa. Estos elementos fortalecen la coherencia entre la política pública, el gasto elegible y las expectativas del mercado, y contribuyen a reforzar la confianza de los inversionistas en la definición institucional de lo que México considera financiamiento sostenible.

Si bien México ha logrado avances relevantes y se ha posicionado como un referente regional en finanzas sostenibles, persisten retos importantes para su adopción a nivel local. Se enfatizó la necesidad de seguir desarrollando capacidades, mejorar la calidad de la información disponible y traducir conceptos técnicos en procesos internos viables. Asimismo, se discutió la importancia de una comunicación estratégica en materia de sostenibilidad: reportar riesgos y brechas no necesariamente debilita a las organizaciones, siempre que se haga de manera transparente y se acompañe de planes claros de mitigación, ya que puede fortalecer la confianza de inversionistas y otros grupos de interés.

En conjunto, la sesión dejó un mensaje transversal: el avance de las finanzas sostenibles en México dependerá, en gran medida, de la capacidad de las organizaciones para generar información consistente, comparable y trazable, así como de integrar criterios ambientales y sociales en sus procesos de toma de decisiones. En la medida en que estos elementos se fortalezcan, las empresas estarán mejor posicionadas para acceder a financiamiento sostenible, responder a las expectativas del mercado y convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva.

 

Gabriela Rincón y Roberto Huesca de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Roberto Huesca de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Regina Rosales Talamas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 23 | febrero | 2026

Normas ISSB: Implicaciones clave para el mercado mexicano

Normas ISSB: Implicaciones clave para el mercado mexicano

by | Feb 3, 2026 | Ciudad de México, Sustentabilidad y Responsabilidad Social

En un entorno en donde los mercados demandan mayor transparencia, comparabilidad y consistencia en la divulgación de información en materia de sostenibilidad, cobra especial relevancia la adopción de estándares comunes que permitan a inversionistas y otros grupos de interés evaluar riesgos y oportunidades de manera clara y confiable. Por ello, el Comité de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de AMCHAM Ciudad de México llevó a cabo una mesa de trabajo enfocada en la adopción de las Normas ISSB (IFRS S1 y S2) y sus implicaciones para el mercado mexicano. La sesión contó con la participación de Arturo Rodríguez, de la IFRS Foundation; Carlos Fernández, de KPMG; Jordi Cueto, de Coca-Cola FEMSA; y Paulina Macías, de Chevez, Ruiz, Zamarripa, quienes aportaron una visión técnica, práctica y jurídica sobre los retos que enfrentan las empresas en este nuevo entorno regulatorio.

Las normas IFRS S1 y S2, emitidas por el International Sustainability Standards Board (ISSB), buscan establecer un marco global común para la divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad. Su objetivo principal es que las empresas reporten, de forma consistente y comparable, aquellos riesgos y oportunidades en sostenibilidad que pueden tener un impacto financiero material, con un énfasis particular en el cambio climático.

La norma IFRS S1 establece los principios generales para reportar información financiera relacionada con la sostenibilidad, mientras que IFRS S2 se enfoca específicamente en los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático. Estos estándares no parten de cero: integran y sistematizan prácticas que muchas empresas ya venían utilizando a través de marcos internacionales previos. En la práctica, una parte importante de la información requerida ya existe dentro de las organizaciones; el reto principal radica en ordenarla, fortalecer los procesos de recopilación de datos y asegurar su coherencia con la información financiera.

Uno de los elementos centrales de las normas ISSB es el principio de proporcionalidad. Este reconoce que las empresas difieren en tamaño, recursos y nivel de madurez, y permite que el reporte se base en información razonable y sustentada, sin exigir esfuerzos o costos desproporcionados, especialmente en las primeras etapas de implementación. Bajo este enfoque, en ciertos casos es válido iniciar con divulgaciones de carácter cualitativo, por ejemplo en la evaluación de impactos financieros o en el análisis de escenarios climáticos, con la expectativa de que estas capacidades se fortalezcan de manera progresiva en los siguientes ciclos de reporte.

El cumplimiento de los nuevos requerimientos también pone de relieve la importancia de la cadena de valor. La disponibilidad y la calidad de la información proveniente de proveedores y empresas de menor tamaño resultan clave para que las organizaciones cumplan con sus obligaciones de divulgación. En este sentido, avanzar hacia esquemas que faciliten la generación de información básica sobre sostenibilidad por parte de la cadena de suministro contribuye a reducir brechas de datos y a fortalecer la consistencia del ecosistema de reporte en su conjunto.

Desde una perspectiva práctica, la preparación para el primer reporte bajo IFRS S1 y S2 requiere adoptar una visión de largo plazo, considerando desde el inicio la comparabilidad entre reportes y la coherencia entre la información de sostenibilidad y los estados financieros. Para lograrlo, resulta clave conformar equipos de trabajo transversales que involucren áreas como finanzas, riesgos, legal, sostenibilidad y relaciones con inversionistas. Este enfoque permite asegurar la consistencia, la trazabilidad de la información y una adecuada aplicación del juicio profesional.

Otro elemento relevante es el aseguramiento de la información. Si bien en las etapas iniciales no es obligatorio, el aseguramiento contribuye a mejorar la calidad del reporte, a fortalecer los procesos internos y a anticipar riesgos futuros. Más allá del cumplimiento regulatorio, puede convertirse en una herramienta para madurar la gestión de sostenibilidad y reforzar la credibilidad de la información ante inversionistas y otros grupos de interés.

La adopción de las Normas ISSB no debe entenderse únicamente como una obligación regulatoria, sino como una oportunidad para integrar la sostenibilidad de manera más estratégica en la gestión del negocio. Las empresas que aborden este proceso con una visión integral estarán mejor posicionadas para identificar riesgos y oportunidades, mejorar la toma de decisiones y responder a un entorno de mercado cada vez más exigente. En contraste, tratar el reporte como un ejercicio meramente formal puede limitar su utilidad y restarle competitividad en el mediano plazo.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 3 | febrero | 2026

El caso económico de la diversidad: por qué la inclusión es una ventaja competitiva

El caso económico de la diversidad: por qué la inclusión es una ventaja competitiva

by | Ene 28, 2026 | Ciudad de México, Diversidad e Inclusión

En un entorno en el que consumidores y colaboradores exigen a las empresas que operen con mayor responsabilidad y visión de largo plazo, la diversidad y la inclusión se han convertido en factores cada vez más relevantes para la competitividad. Con este enfoque, el Comité de Diversidad e Inclusión de AMCHAM  Ciudad de México llevó a cabo una sesión de diálogo para analizar cómo estos temas pueden traducirse en valor para las empresas.

Durante la conversación, Diana Ríos, de Mattel, y Miriam Villafuño, de Baker McKenzie, coincidieron en que la diversidad y la inclusión influyen directamente en áreas clave como la innovación, el desarrollo de productos, la gestión del talento y la reputación corporativa. Más que iniciativas aisladas, se trata de enfoques que generan un mayor impacto cuando se integran de forma transversal en la operación cotidiana de las empresas.

Desde la experiencia de Mattel, se destacó que la diversidad y la inclusión forman parte de una estrategia corporativa de largo plazo. Contar con equipos diversos permite identificar riesgos, cuestionar supuestos y comprender mejor a los consumidores en mercados cada vez más complejos. En la práctica, esto se refleja en ajustes a los procesos de gestión de talento y en la creación de espacios que fomentan la participación de distintas voces dentro de la organización.

En el desarrollo de productos, incorporar diversas realidades sociales y culturales permite a las marcas mantenerse vigentes y relevantes. La representación y la accesibilidad fueron mencionadas como factores que influyen en la conexión con las audiencias y en la percepción de la marca. Desde esta perspectiva, la diversidad deja de verse únicamente como un atributo reputacional y se consolida como un criterio de relevancia comercial.

La conversación también abordó el papel de la comunicación. La alineación entre la cultura interna, la oferta de productos y la comunicación externa se identificó como un factor clave para generar confianza y credibilidad. Se subrayó la importancia de avanzar hacia mensajes más incluyentes y coherentes con la diversidad de los públicos que interactúan con las marcas. Asimismo, se reconoció que la retroalimentación crítica forma parte del proceso y que la capacidad de escuchar, aprender y ajustar estrategias se fortalece cuando existen equipos con múltiples perspectivas y un entendimiento más fino de los contextos locales.

Desde la perspectiva de Baker McKenzie, se profundizó en los retos que enfrentan las organizaciones al medir avances en diversidad e inclusión. La medición requiere condiciones previas, como una cultura de confianza y claridad en el manejo de la información sensible. Además, se señaló que la complejidad aumenta al incorporar variables más allá del género, como la orientación sexual, la discapacidad —incluida la no visible— y la interseccionalidad.

También es necesario distinguir entre diversidad e inclusión. Mientras que la primera puede observarse en términos de representación, la segunda se manifiesta en el acceso efectivo a oportunidades, en la movilidad interna y en la participación en espacios de liderazgo. Para evaluar estos aspectos, se mencionaron indicadores relacionados con la atracción y retención de talento, el clima laboral, la equidad salarial y la gestión de riesgos asociados al acoso, la discriminación y el desgaste laboral.

En un entorno competitivo cada vez más exigente, la diversidad y la inclusión se han convertido en criterios relevantes para clientes, inversionistas y otros grupos de interés. Demostrar avances concretos en estos temas es cada vez más frecuente en procesos de evaluación y toma de decisiones comerciales, lo que confirma su integración en la gestión de riesgos y en la cadena de valor.

Las organizaciones que han logrado avanzar de manera consistente comparten prácticas comunes: liderazgo comprometido, diagnósticos previos con grupos de interés, asignación de recursos y mecanismos permanentes de seguimiento. El principal reto no es diseñar iniciativas, sino sostenerlas a lo largo del tiempo y adaptarlas conforme evolucionan los contextos internos y externos.

La diversidad y la inclusión no son una tendencia ni un ejercicio de comunicación; son un reflejo de cómo las empresas entienden el entorno en el que operan. Las organizaciones que dejan estos temas fuera de su estrategia corren el riesgo de perder la conexión con sus consumidores, limitar su capacidad de innovación y quedarse atrás en la atracción y retención de talento. Por el contrario, aquellas que integran de manera consistente fortalecen su capacidad de adaptación, toman mejores decisiones y construyen modelos de negocio más resilientes. Apostar por la diversidad y la inclusión es, en esencia, apostar por la sostenibilidad y el futuro del negocio.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 27 | enero | 2026

Hacia cadenas de suministro más transparentes y responsables: regulación de importaciones vinculadas a trabajo forzoso

Hacia cadenas de suministro más transparentes y responsables: regulación de importaciones vinculadas a trabajo forzoso

by | Ene 22, 2026 | Capital Humano y Asuntos Laborales, Ciudad de México

En un contexto en el que el comercio internacional exige no solo eficiencia, sino también responsabilidad y confianza, el Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales de AMCHAM Ciudad de México llevó a cabo una sesión para reflexionar sobre los recientes ajustes al marco regulatorio de las importaciones vinculadas al trabajo forzoso, en línea con el artículo 23.6 del T-MEC. El diálogo reunió a Gabriel Tamariz, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Alejandro Branca, de Hortifrut; y Gerardo Meza, de PROLAMSA, en torno a una visión compartida: que el fortalecimiento de las prácticas laborales no es únicamente un requisito normativo, sino una oportunidad para construir cadenas de suministro más sólidas, transparentes y competitivas, capaces de responder a las expectativas de los mercados y de reforzar la integración económica de Norteamérica.

Gabriel Tamariz de Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Contexto normativo y alcance del Acuerdo

México ha asumido compromisos internacionales para la erradicación del trabajo forzoso mediante la ratificación de diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre ellos el Convenio 29 y su Protocolo, así como los Convenios 105, 138 y 182, los cuales se reflejan tanto en la Constitución como en la legislación laboral nacional. En este marco, el artículo 23.6 del T-MEC establece la obligación de prohibir la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso.

El 29 de octubre de 2025 se actualiza con el fin de hacer más funcional un mecanismo que había tenido un uso limitado debido a la complejidad de sus requisitos. Desde la perspectiva de la STPS, el ajuste busca facilitar la presentación de solicitudes, fortalecer la cooperación regional y cerrar el paso a mercancías producidas con trabajo forzoso en Norteamérica, bajo un enfoque preventivo y correctivo que refuerce las cadenas de suministro responsables.

En este contexto, la STPS subrayó que el enfoque del mecanismo no es punitivo en primera instancia, sino preventivo y correctivo, orientado a proteger los derechos humanos y, al mismo tiempo, fortalecer las cadenas de suministro responsables.

Principales cambios al procedimiento

1. Ampliación de personas solicitantes: El Acuerdo permite que cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, presente una solicitud, eliminando el requisito previo de estar legalmente establecida en México.

2. Simplificación de requisitos: Se reducen los requisitos obligatorios a cinco elementos esenciales:

  1. Fundamentos legales y razones de la solicitud;
  2. Hechos y elementos probatorios disponibles;
  3. Descripción de la mercancía;
  4. Nombre o razón social del productor; 
  5. País y región de producción. 

La información adicional es opcional, pero puede acelerar las investigaciones.

3. Confidencialidad y protección del solicitante: Se elimina la obligación de identificar y firmar la solicitud, fortaleciendo la confidencialidad y reduciendo riesgos de represalias. La STPS aclaró que no se publica información durante la investigación, únicamente la determinación final, en caso de existir prohibición.

4. Canales para presentar solicitudes: Además de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM) y la presentación física ante la STPS, se incorpora un canal adicional: el correo electrónico institucional.

Investigación, criterios técnicos y debido proceso

La STPS explicó que las investigaciones se sustentan en un protocolo que integra múltiples fuentes de información, incluyendo búsquedas sistemáticas, solicitudes a autoridades nacionales, información de embajadas, reportes de organismos internacionales, publicaciones académicas, informes de la sociedad civil e intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y Canadá. El análisis se guía por los 11 indicadores de trabajo forzoso de la OIT, lo que permite evaluar de manera técnica y objetiva la existencia de indicios suficientes.

Se aclaró que en México no se prohíben regiones completas ni empresas en abstracto, sino productos específicos respecto de los cuales se demuestre que fueron producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso. Únicamente en estos casos se publica la determinación correspondiente en el micrositio institucional.

La STPS señaló que las empresas pueden acercarse voluntariamente a la autoridad para revisar su situación, acreditar el cumplimiento y dar seguimiento preventivo, particularmente en casos en los que existan señalamientos o determinaciones previas en otros países.

Plan piloto y sectores prioritarios

La STPS anunció un plan piloto para 2026 que iniciará de oficio en sectores considerados de mayor riesgo, como textil, vestido y calzado, priorizando casos donde ya existan determinaciones previas por parte de autoridades estadounidenses. Este piloto busca generar aprendizaje institucional y fortalecer la aplicación del mecanismo.

Retos identificados para las empresas

Desde la perspectiva empresarial, se identificaron retos clave:

  • Mayor control y trazabilidad en las cadenas de suministro indirectas.
  • Necesidad de alinear los indicadores internos con los criterios utilizados por la autoridad.
  • Incremento de cargas administrativas para documentar la evidencia.
  • Impactos operativos derivados de la sustitución inmediata de proveedores ante hallazgos.

Se subrayó que la consecuencia principal del mecanismo es de carácter comercial (la imposibilidad de importar un producto) y que, por el momento, no se contemplan sanciones adicionales directas para el importador.

 

Alejandro Branca de Hortifrut

Leonor Quiroz, Presidenta del Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales

Buenas prácticas y estrategias de mitigación

Las empresas multinacionales compartieron que el enfoque debe centrarse en aterrizar estándares globales en procesos locales, fortaleciendo:

  • Sistemas de debida diligencia conforme a estándares de la OCDE.
  • Auditorías sociales estructuradas.
  • Gobernanza interna clara entre las áreas legales, de cumplimiento, compras, logística y recursos humanos.
  • Mecanismos de queja y de remediación efectivos, preferentemente con participación de terceros.

Se enfatizó que la prevención y la trazabilidad permiten una respuesta rápida ante cualquier investigación.

Oportunidades de posicionamiento para empresas en México

El cumplimiento del Acuerdo puede convertirse en una ventaja competitiva al facilitar la integración en cadenas de suministro más exigentes, fortalecer la reputación como proveedores confiables y mejorar el acceso a financiamiento vinculado a criterios ASG (Ambiental, Social y Gobernanza). Asimismo, se destacó que el mecanismo puede incentivar la reinversión productiva en el país.

Colaboración público–privada y capacitación

La STPS reiteró su disposición a colaborar con organismos empresariales, como AMCHAM, en acciones de difusión, diálogo técnico y capacitación, incluyendo posibles programas conjuntos con la OIT. Se coincidió en que la erradicación del trabajo forzoso requiere convicción, la promoción del trabajo digno y la prevención colaborativa entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil.

El Acuerdo consolida un cambio relevante en la política comercial y laboral de México. Integrando prevención, cooperación internacional y debida diligencia empresarial, este mecanismo no solo busca impedir la entrada de productos elaborados con trabajo forzoso, sino también fortalecer la competitividad responsable de las empresas que operan en México y posicionar al país como un socio confiable en el comercio regional e internacional.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 21 | enero| 2026