Normas ISSB: Implicaciones clave para el mercado mexicano

Normas ISSB: Implicaciones clave para el mercado mexicano

En un entorno en donde los mercados demandan mayor transparencia, comparabilidad y consistencia en la divulgación de información en materia de sostenibilidad, cobra especial relevancia la adopción de estándares comunes que permitan a inversionistas y otros grupos de interés evaluar riesgos y oportunidades de manera clara y confiable. Por ello, el Comité de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de AMCHAM Ciudad de México llevó a cabo una mesa de trabajo enfocada en la adopción de las Normas ISSB (IFRS S1 y S2) y sus implicaciones para el mercado mexicano. La sesión contó con la participación de Arturo Rodríguez, de la IFRS Foundation; Carlos Fernández, de KPMG; Jordi Cueto, de Coca-Cola FEMSA; y Paulina Macías, de Chevez, Ruiz, Zamarripa, quienes aportaron una visión técnica, práctica y jurídica sobre los retos que enfrentan las empresas en este nuevo entorno regulatorio.

Las normas IFRS S1 y S2, emitidas por el International Sustainability Standards Board (ISSB), buscan establecer un marco global común para la divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad. Su objetivo principal es que las empresas reporten, de forma consistente y comparable, aquellos riesgos y oportunidades en sostenibilidad que pueden tener un impacto financiero material, con un énfasis particular en el cambio climático.

La norma IFRS S1 establece los principios generales para reportar información financiera relacionada con la sostenibilidad, mientras que IFRS S2 se enfoca específicamente en los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático. Estos estándares no parten de cero: integran y sistematizan prácticas que muchas empresas ya venían utilizando a través de marcos internacionales previos. En la práctica, una parte importante de la información requerida ya existe dentro de las organizaciones; el reto principal radica en ordenarla, fortalecer los procesos de recopilación de datos y asegurar su coherencia con la información financiera.

Uno de los elementos centrales de las normas ISSB es el principio de proporcionalidad. Este reconoce que las empresas difieren en tamaño, recursos y nivel de madurez, y permite que el reporte se base en información razonable y sustentada, sin exigir esfuerzos o costos desproporcionados, especialmente en las primeras etapas de implementación. Bajo este enfoque, en ciertos casos es válido iniciar con divulgaciones de carácter cualitativo, por ejemplo en la evaluación de impactos financieros o en el análisis de escenarios climáticos, con la expectativa de que estas capacidades se fortalezcan de manera progresiva en los siguientes ciclos de reporte.

El cumplimiento de los nuevos requerimientos también pone de relieve la importancia de la cadena de valor. La disponibilidad y la calidad de la información proveniente de proveedores y empresas de menor tamaño resultan clave para que las organizaciones cumplan con sus obligaciones de divulgación. En este sentido, avanzar hacia esquemas que faciliten la generación de información básica sobre sostenibilidad por parte de la cadena de suministro contribuye a reducir brechas de datos y a fortalecer la consistencia del ecosistema de reporte en su conjunto.

Desde una perspectiva práctica, la preparación para el primer reporte bajo IFRS S1 y S2 requiere adoptar una visión de largo plazo, considerando desde el inicio la comparabilidad entre reportes y la coherencia entre la información de sostenibilidad y los estados financieros. Para lograrlo, resulta clave conformar equipos de trabajo transversales que involucren áreas como finanzas, riesgos, legal, sostenibilidad y relaciones con inversionistas. Este enfoque permite asegurar la consistencia, la trazabilidad de la información y una adecuada aplicación del juicio profesional.

Otro elemento relevante es el aseguramiento de la información. Si bien en las etapas iniciales no es obligatorio, el aseguramiento contribuye a mejorar la calidad del reporte, a fortalecer los procesos internos y a anticipar riesgos futuros. Más allá del cumplimiento regulatorio, puede convertirse en una herramienta para madurar la gestión de sostenibilidad y reforzar la credibilidad de la información ante inversionistas y otros grupos de interés.

La adopción de las Normas ISSB no debe entenderse únicamente como una obligación regulatoria, sino como una oportunidad para integrar la sostenibilidad de manera más estratégica en la gestión del negocio. Las empresas que aborden este proceso con una visión integral estarán mejor posicionadas para identificar riesgos y oportunidades, mejorar la toma de decisiones y responder a un entorno de mercado cada vez más exigente. En contraste, tratar el reporte como un ejercicio meramente formal puede limitar su utilidad y restarle competitividad en el mediano plazo.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 3 | febrero | 2026

El caso económico de la diversidad: por qué la inclusión es una ventaja competitiva

El caso económico de la diversidad: por qué la inclusión es una ventaja competitiva

En un entorno en el que consumidores y colaboradores exigen a las empresas que operen con mayor responsabilidad y visión de largo plazo, la diversidad y la inclusión se han convertido en factores cada vez más relevantes para la competitividad. Con este enfoque, el Comité de Diversidad e Inclusión de AMCHAM  Ciudad de México llevó a cabo una sesión de diálogo para analizar cómo estos temas pueden traducirse en valor para las empresas.

Durante la conversación, Diana Ríos, de Mattel, y Miriam Villafuño, de Baker McKenzie, coincidieron en que la diversidad y la inclusión influyen directamente en áreas clave como la innovación, el desarrollo de productos, la gestión del talento y la reputación corporativa. Más que iniciativas aisladas, se trata de enfoques que generan un mayor impacto cuando se integran de forma transversal en la operación cotidiana de las empresas.

Desde la experiencia de Mattel, se destacó que la diversidad y la inclusión forman parte de una estrategia corporativa de largo plazo. Contar con equipos diversos permite identificar riesgos, cuestionar supuestos y comprender mejor a los consumidores en mercados cada vez más complejos. En la práctica, esto se refleja en ajustes a los procesos de gestión de talento y en la creación de espacios que fomentan la participación de distintas voces dentro de la organización.

En el desarrollo de productos, incorporar diversas realidades sociales y culturales permite a las marcas mantenerse vigentes y relevantes. La representación y la accesibilidad fueron mencionadas como factores que influyen en la conexión con las audiencias y en la percepción de la marca. Desde esta perspectiva, la diversidad deja de verse únicamente como un atributo reputacional y se consolida como un criterio de relevancia comercial.

La conversación también abordó el papel de la comunicación. La alineación entre la cultura interna, la oferta de productos y la comunicación externa se identificó como un factor clave para generar confianza y credibilidad. Se subrayó la importancia de avanzar hacia mensajes más incluyentes y coherentes con la diversidad de los públicos que interactúan con las marcas. Asimismo, se reconoció que la retroalimentación crítica forma parte del proceso y que la capacidad de escuchar, aprender y ajustar estrategias se fortalece cuando existen equipos con múltiples perspectivas y un entendimiento más fino de los contextos locales.

Desde la perspectiva de Baker McKenzie, se profundizó en los retos que enfrentan las organizaciones al medir avances en diversidad e inclusión. La medición requiere condiciones previas, como una cultura de confianza y claridad en el manejo de la información sensible. Además, se señaló que la complejidad aumenta al incorporar variables más allá del género, como la orientación sexual, la discapacidad —incluida la no visible— y la interseccionalidad.

También es necesario distinguir entre diversidad e inclusión. Mientras que la primera puede observarse en términos de representación, la segunda se manifiesta en el acceso efectivo a oportunidades, en la movilidad interna y en la participación en espacios de liderazgo. Para evaluar estos aspectos, se mencionaron indicadores relacionados con la atracción y retención de talento, el clima laboral, la equidad salarial y la gestión de riesgos asociados al acoso, la discriminación y el desgaste laboral.

En un entorno competitivo cada vez más exigente, la diversidad y la inclusión se han convertido en criterios relevantes para clientes, inversionistas y otros grupos de interés. Demostrar avances concretos en estos temas es cada vez más frecuente en procesos de evaluación y toma de decisiones comerciales, lo que confirma su integración en la gestión de riesgos y en la cadena de valor.

Las organizaciones que han logrado avanzar de manera consistente comparten prácticas comunes: liderazgo comprometido, diagnósticos previos con grupos de interés, asignación de recursos y mecanismos permanentes de seguimiento. El principal reto no es diseñar iniciativas, sino sostenerlas a lo largo del tiempo y adaptarlas conforme evolucionan los contextos internos y externos.

La diversidad y la inclusión no son una tendencia ni un ejercicio de comunicación; son un reflejo de cómo las empresas entienden el entorno en el que operan. Las organizaciones que dejan estos temas fuera de su estrategia corren el riesgo de perder la conexión con sus consumidores, limitar su capacidad de innovación y quedarse atrás en la atracción y retención de talento. Por el contrario, aquellas que integran de manera consistente fortalecen su capacidad de adaptación, toman mejores decisiones y construyen modelos de negocio más resilientes. Apostar por la diversidad y la inclusión es, en esencia, apostar por la sostenibilidad y el futuro del negocio.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 27 | enero | 2026

Hacia cadenas de suministro más transparentes y responsables: regulación de importaciones vinculadas a trabajo forzoso

Hacia cadenas de suministro más transparentes y responsables: regulación de importaciones vinculadas a trabajo forzoso

En un contexto en el que el comercio internacional exige no solo eficiencia, sino también responsabilidad y confianza, el Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales de AMCHAM Ciudad de México llevó a cabo una sesión para reflexionar sobre los recientes ajustes al marco regulatorio de las importaciones vinculadas al trabajo forzoso, en línea con el artículo 23.6 del T-MEC. El diálogo reunió a Gabriel Tamariz, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Alejandro Branca, de Hortifrut; y Gerardo Meza, de PROLAMSA, en torno a una visión compartida: que el fortalecimiento de las prácticas laborales no es únicamente un requisito normativo, sino una oportunidad para construir cadenas de suministro más sólidas, transparentes y competitivas, capaces de responder a las expectativas de los mercados y de reforzar la integración económica de Norteamérica.

Gabriel Tamariz de Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Contexto normativo y alcance del Acuerdo

México ha asumido compromisos internacionales para la erradicación del trabajo forzoso mediante la ratificación de diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre ellos el Convenio 29 y su Protocolo, así como los Convenios 105, 138 y 182, los cuales se reflejan tanto en la Constitución como en la legislación laboral nacional. En este marco, el artículo 23.6 del T-MEC establece la obligación de prohibir la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso.

El 29 de octubre de 2025 se actualiza con el fin de hacer más funcional un mecanismo que había tenido un uso limitado debido a la complejidad de sus requisitos. Desde la perspectiva de la STPS, el ajuste busca facilitar la presentación de solicitudes, fortalecer la cooperación regional y cerrar el paso a mercancías producidas con trabajo forzoso en Norteamérica, bajo un enfoque preventivo y correctivo que refuerce las cadenas de suministro responsables.

En este contexto, la STPS subrayó que el enfoque del mecanismo no es punitivo en primera instancia, sino preventivo y correctivo, orientado a proteger los derechos humanos y, al mismo tiempo, fortalecer las cadenas de suministro responsables.

Principales cambios al procedimiento

1. Ampliación de personas solicitantes: El Acuerdo permite que cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, presente una solicitud, eliminando el requisito previo de estar legalmente establecida en México.

2. Simplificación de requisitos: Se reducen los requisitos obligatorios a cinco elementos esenciales:

  1. Fundamentos legales y razones de la solicitud;
  2. Hechos y elementos probatorios disponibles;
  3. Descripción de la mercancía;
  4. Nombre o razón social del productor; 
  5. País y región de producción. 

La información adicional es opcional, pero puede acelerar las investigaciones.

3. Confidencialidad y protección del solicitante: Se elimina la obligación de identificar y firmar la solicitud, fortaleciendo la confidencialidad y reduciendo riesgos de represalias. La STPS aclaró que no se publica información durante la investigación, únicamente la determinación final, en caso de existir prohibición.

4. Canales para presentar solicitudes: Además de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM) y la presentación física ante la STPS, se incorpora un canal adicional: el correo electrónico institucional.

Investigación, criterios técnicos y debido proceso

La STPS explicó que las investigaciones se sustentan en un protocolo que integra múltiples fuentes de información, incluyendo búsquedas sistemáticas, solicitudes a autoridades nacionales, información de embajadas, reportes de organismos internacionales, publicaciones académicas, informes de la sociedad civil e intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y Canadá. El análisis se guía por los 11 indicadores de trabajo forzoso de la OIT, lo que permite evaluar de manera técnica y objetiva la existencia de indicios suficientes.

Se aclaró que en México no se prohíben regiones completas ni empresas en abstracto, sino productos específicos respecto de los cuales se demuestre que fueron producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso. Únicamente en estos casos se publica la determinación correspondiente en el micrositio institucional.

La STPS señaló que las empresas pueden acercarse voluntariamente a la autoridad para revisar su situación, acreditar el cumplimiento y dar seguimiento preventivo, particularmente en casos en los que existan señalamientos o determinaciones previas en otros países.

Plan piloto y sectores prioritarios

La STPS anunció un plan piloto para 2026 que iniciará de oficio en sectores considerados de mayor riesgo, como textil, vestido y calzado, priorizando casos donde ya existan determinaciones previas por parte de autoridades estadounidenses. Este piloto busca generar aprendizaje institucional y fortalecer la aplicación del mecanismo.

Retos identificados para las empresas

Desde la perspectiva empresarial, se identificaron retos clave:

  • Mayor control y trazabilidad en las cadenas de suministro indirectas.
  • Necesidad de alinear los indicadores internos con los criterios utilizados por la autoridad.
  • Incremento de cargas administrativas para documentar la evidencia.
  • Impactos operativos derivados de la sustitución inmediata de proveedores ante hallazgos.

Se subrayó que la consecuencia principal del mecanismo es de carácter comercial (la imposibilidad de importar un producto) y que, por el momento, no se contemplan sanciones adicionales directas para el importador.

 

Alejandro Branca de Hortifrut

Leonor Quiroz, Presidenta del Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales

Buenas prácticas y estrategias de mitigación

Las empresas multinacionales compartieron que el enfoque debe centrarse en aterrizar estándares globales en procesos locales, fortaleciendo:

  • Sistemas de debida diligencia conforme a estándares de la OCDE.
  • Auditorías sociales estructuradas.
  • Gobernanza interna clara entre las áreas legales, de cumplimiento, compras, logística y recursos humanos.
  • Mecanismos de queja y de remediación efectivos, preferentemente con participación de terceros.

Se enfatizó que la prevención y la trazabilidad permiten una respuesta rápida ante cualquier investigación.

Oportunidades de posicionamiento para empresas en México

El cumplimiento del Acuerdo puede convertirse en una ventaja competitiva al facilitar la integración en cadenas de suministro más exigentes, fortalecer la reputación como proveedores confiables y mejorar el acceso a financiamiento vinculado a criterios ASG (Ambiental, Social y Gobernanza). Asimismo, se destacó que el mecanismo puede incentivar la reinversión productiva en el país.

Colaboración público–privada y capacitación

La STPS reiteró su disposición a colaborar con organismos empresariales, como AMCHAM, en acciones de difusión, diálogo técnico y capacitación, incluyendo posibles programas conjuntos con la OIT. Se coincidió en que la erradicación del trabajo forzoso requiere convicción, la promoción del trabajo digno y la prevención colaborativa entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil.

El Acuerdo consolida un cambio relevante en la política comercial y laboral de México. Integrando prevención, cooperación internacional y debida diligencia empresarial, este mecanismo no solo busca impedir la entrada de productos elaborados con trabajo forzoso, sino también fortalecer la competitividad responsable de las empresas que operan en México y posicionar al país como un socio confiable en el comercio regional e internacional.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 21 | enero| 2026

Reducción de Jornada Laboral: Aprendizajes Regionales y Camino para México

Reducción de Jornada Laboral: Aprendizajes Regionales y Camino para México

El Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales de AMCHAM Ciudad de México llevó a cabo una sesión estratégica con el propósito de analizar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y compartir lecciones internacionales sobre su implementación. Contamos con la participación de Bárbara Vera de Garrigues Chile, Franco Muschi de Garrigues Perú, Carolina Camacho de Garrigues Colombia, Leonor Quiroz de PepsiCo, Alfredo Kupfer de Garrigues, con la moderación de Diego Naveda de Grupo Estrategia Política.

Experiencias Internacionales: Chile, Perú y Colombia

Durante la sesión se presentaron casos de Chile, Perú y Colombia sobre la implementación de la jornada laboral reducida:

En Colombia, la jornada máxima es de 9 horas diarias, con excepciones para sectores específicos como vigilancia y turnos especiales, que pueden trabajar hasta 12 horas mediante pago de horas extras. La reducción de jornada se ha aplicado de manera flexible, permitiendo acuerdos internos entre empresas y trabajadores para no afectar la productividad. Se destacó que la experiencia colombiana demuestra que la formalización y la negociación colectiva son esenciales para la implementación exitosa de cambios en la jornada laboral.

En Chile, la experiencia fue particularmente relevante. La jornada laboral considera tiempos de colación y la compensación por horas extras es legalmente posible, aunque su aplicación práctica es limitada por la burocracia. Las empresas chilenas han adoptado estrategias que incluyen jornadas flexibles, turnos alternos y acuerdos sectoriales para ajustarse a la legislación sin perjudicar la operación. Se enfatizó que el éxito en Chile radica en combinar cumplimiento normativo con acuerdos internos que permitan flexibilidad operativa y conservación de la productividad.

En Perú, los retos están asociados a la informalidad y baja sindicalización, lo que limita la eficacia de los mecanismos de flexibilización. Se resaltó que la productividad está directamente vinculada a la formalidad laboral y que la reducción de jornada requiere coordinación entre actores internos y externos a la empresa para ser efectiva.

Los panelistas coincidieron en que las experiencias de Colombia y Chile muestran que la implementación exitosa de la reducción de jornada depende de la combinación de regulación clara, flexibilidad sectorial y acuerdos internos entre empleadores y trabajadores.

Retos y Propuestas en México

El debate sobre la reducción de jornada en México, actualmente planteada a 40 horas semanales, mostró desafíos significativos. Se destacó la necesidad de diferenciar sectores y zonas geográficas, así como de permitir excepciones mediante acuerdos con sindicatos, especialmente en industrias 24/7, manufactura y ventas. La implementación de la jornada reducida debe ser gradual, adaptándose a cada sector y evitando impactos negativos en la competitividad y la continuidad operativa.

Entre las propuestas discutidas, se mencionaron:

  • Escenarios de simulación de impacto económico según sector, jornada y medida aplicada.
  • Creación de un decálogo de medidas consensuadas entre el sector privado y las autoridades para guiar la implementación.
  • Transitorios legislativos que permitan flexibilidad sin modificar artículos primarios de la ley.

Adaptación Empresarial 

La colaboración entre empresas y sindicatos será clave en la transición hacia jornadas reducidas, garantizando el respeto a los derechos laborales al mismo tiempo que se asegura la continuidad y sostenibilidad operativa. Se compartieron mejores prácticas como modelos flexibles de trabajo —6×1, 5×2 y 4×3—, incrementos de horas extra para compensar posibles pérdidas de productividad y uso de turnos alternos o jornadas intensivas en períodos estratégicos. La capacitación continua de los trabajadores es esencial para acompañar la transición hacia nuevas jornadas laborales, asegurando su adaptación a los cambios sin comprometer la productividad ni la competitividad.

Perspectiva Sectorial y Evaluación de Impacto

En industrias con operaciones críticas, como manufactura y minería, se requiere mayor flexibilidad. La transición gradual permite ajustar horarios y turnos largos cuando sea necesario, garantizando productividad y competitividad. Asimismo, la reducción de jornada puede acentuar la escasez de personal especializado, por lo que resulta esencial acompañarla de programas de capacitación, desarrollo de competencias y potencial incorporación de talento migrante. La experiencia internacional y las recomendaciones de la OIT enfatizan la necesidad de análisis riguroso de impacto económico y social, implementando ajustes progresivos por sector y evaluando resultados durante los primeros años de transición.

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales puede implementarse exitosamente en México si se combina planificación estratégica, colaboración con sindicatos, capacitación constante y esquemas flexibles de operación. La experiencia internacional ofrece ejemplos valiosos de cómo manejar la transición de manera gradual, protegiendo tanto los derechos de los trabajadores como la competitividad empresarial. La clave será diseñar modelos adaptados a cada sector, con mesas de trabajo que integren a todos los actores y un acompañamiento sostenido de políticas públicas y programas de formación.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 25 | septiembre | 2025

Capítulo 24 del T-MEC: Claves para Integrar la Sostenibilidad al Comercio Internacional

Capítulo 24 del T-MEC: Claves para Integrar la Sostenibilidad al Comercio Internacional

El Comité de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de AMCHAM Ciudad de México llevó a cabo una sesión estratégica para analizar la implementación, alcances y oportunidades del Capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual está enfocado en la protección del medio ambiente en el contexto del comercio internacional. Contamos con la participación de expertos en la materia, entre ellos: Roberto Orbe y Bianca Bolaños de la Secretaría de Economía; Rodrigo Morales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); y José Ramón Ardavín de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES).

Análisis General del Capítulo 24

Roberto Orbe Colón y Bianca Bolaños Aparicio de Secretaría de Economía

El Capítulo 24 del T-MEC representa un hito en la integración del medio ambiente dentro de un acuerdo comercial. Se trata del capítulo ambiental más ambicioso incluido en un tratado de libre comercio por México, estableciendo compromisos sólidos no solo entre gobiernos, sino también para el sector privado.

Este capítulo reconoce que la protección del medio ambiente no debe estar aislada de los procesos económicos y comerciales. De hecho, su diseño considera la cooperación y el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental como aspectos centrales para promover el desarrollo sostenible en la región de Norteamérica.

Implementación y Mecanismos de Cooperación

El capítulo contempla mecanismos de cooperación entre las partes, así como consultas ambientales previas a cualquier panel arbitral. Estas consultas, que pueden escalar desde una etapa técnica hasta consultas ministeriales, permiten resolver controversias sin comprometer relaciones comerciales. La vaquita marina es un ejemplo concreto de este proceso en acción.

Además, el capítulo permite invocar el cumplimiento de siete acuerdos multilaterales ambientales (AMUMAs), como el Protocolo de Montreal y CITES, a través del tratado mismo. Esto le otorga fuerza legal a la agenda ambiental multilateral dentro del contexto regional.

Perspectiva del Sector Privado

El sector privado mexicano ha respondido a los estándares del capítulo. Si bien muchas empresas grandes ya están alineadas con prácticas ambientales, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) enfrentan mayores retos por falta de recursos técnicos y financieros. Por ello, resulta clave fomentar la participación de toda la cadena de valor en los esfuerzos de sostenibilidad. En este sentido, es valioso promover el aprendizaje a partir de mejores prácticas y casos de éxito, tanto a nivel nacional como internacional. En no pocas ocasiones, empresas mexicanas han superado en desempeño ambiental a sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá, lo cual demuestra el potencial de liderazgo que existe en el país.

Desde hace décadas, iniciativas como los programas de autorregulación y auditoría ambiental voluntaria impulsados por PROFEPA han contribuido a construir una cultura empresarial más comprometida con el medio ambiente. Hoy, muchas compañías líderes en reciclaje, eficiencia energética y cumplimiento de protocolos internacionales no solo destacan por su responsabilidad ambiental, sino que han sabido traducir ese compromiso en ventajas competitivas dentro de mercados cada vez más exigentes.

Rodrigo Morales Castillo de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desafíos de Regulación y Simplificación Administrativa

Un aspecto clave a considerar son los retos que enfrenta la gestión ambiental en México, entre ellos la sobrerregulación. SEMARNAT actualmente cuenta con más de 150 trámites que buscan ser simplificados y digitalizados al 2030, en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública. Esta reforma pretende que los instrumentos como las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) dejen de verse como una carga y se integren desde el inicio a los modelos de negocio.

En este contexto, la sostenibilidad ya no es un valor agregado ni una opción, sino un componente esencial para la competitividad empresarial. Las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, deben ser incorporadas en los procesos regulatorios para mejorar la eficiencia sin perder de vista la rigurosidad técnica.

Alineación entre Sector Público y Privado

La creación de la Dirección General de Alianzas Estratégicas y Economía Circular en SEMARNAT representa un avance importante hacia la institucionalización del diálogo entre el gobierno y el sector privado. Este esfuerzo busca alinear incentivos, visiones y capacidades para impulsar una transición ordenada, en la que ninguna parte quede rezagada.

Uno de los mayores retos se encuentra en las PyMEs, que requieren mayor acompañamiento técnico y financiero para cumplir con estándares internacionales. Para avanzar de forma sostenible, el sector privado no solo debe enfocarse en el cumplimiento normativo, sino también en identificar oportunidades de innovación dentro de tendencias globales como la economía circular. Existen ejemplos con gran potencial, como el aprovechamiento del sargazo. Si se gestiona adecuadamente, esta alga invasiva podría convertirse en materia prima para la producción de bioenergía y biocombustibles, generando beneficios ambientales y promoviendo el desarrollo económico regional.

José Ramón Ardavín de Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable

Recomendaciones y Perspectiva Futura

El Capítulo 24 debe ser visto por las empresas como una guía estratégica para fortalecer su posicionamiento en mercados con altas exigencias regulatorias, como la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. En un entorno donde convergen regulaciones ambientales, sanitarias y técnicas, es indispensable contar con una base científica sólida y una coordinación institucional efectiva, que evite la imposición de barreras injustificadas al comercio. Para ello, es fundamental que el sector privado se acerque al gobierno y participe activamente en la formulación de políticas públicas. Iniciativas como la Ley General de Economía Circular y programas como el distintivo “Hecho en México”, que ya incorporan elementos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son plataformas clave para alinear esfuerzos y abrir nuevas oportunidades de competitividad internacional.

El Capítulo 24 del T-MEC representa una oportunidad única para replantear el modelo de desarrollo comercial bajo una visión verdaderamente sostenible. Más que una obligación, es un llamado a la colaboración entre sectores para construir una agenda común que combine crecimiento económico con responsabilidad ambiental y justicia social. La generación joven heredará los resultados de las decisiones que tomemos hoy; por ello, es urgente establecer desde ahora las bases para un desarrollo que sea sustentable, inclusivo y competitivo en toda la región de Norteamérica. 

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 30 | julio | 2025