La debida diligencia en derechos humanos exige revisar la manera en que las organizaciones toman decisiones, identifican riesgos y responden ante las consecuencias de sus actividades. Su importancia no radica únicamente en prevenir afectaciones, sino también en asumir responsabilidades cuando estas ocurren. Una política institucional puede expresar compromisos, pero es la capacidad de atender un daño, corregir sus causas y garantizar mecanismos de reparación lo que permite evaluar su aplicación efectiva.

El pasado 22 de octubre, el Comité de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de AMCHAM Noreste impulsó este diálogo durante la sesión Debida diligencia en derechos humanos y responsabilidad social de las organizaciones, con la participación de representantes de ACNUR México y LRQA. El encuentro permitió examinar la relación entre los compromisos internacionales, las responsabilidades del sector privado y las condiciones necesarias para incorporar la protección de los derechos humanos en las decisiones de las organizaciones.

La responsabilidad organizacional no puede limitarse al cumplimiento documental ni a la existencia de códigos de conducta. Requiere mecanismos capaces de identificar afectaciones, escuchar a las personas involucradas y modificar las prácticas que generan riesgos. Esta distinción resulta especialmente importante cuando las decisiones operativas, comerciales o administrativas producen consecuencias sobre personas cuya capacidad para exigir una respuesta puede encontrarse limitada por condiciones de vulnerabilidad.

La obligación de responder adquiere particular relevancia frente a situaciones de desplazamiento forzado y exclusión económica. Las personas refugiadas enfrentan barreras que pueden dificultar el reconocimiento de sus capacidades, el acceso al empleo formal y su integración en las comunidades de acogida. La experiencia de ACNUR México permite situar esta discusión más allá de la asistencia humanitaria y reconocer la integración económica como un proceso que requiere oportunidades sostenibles, condiciones laborales equitativas y la participación de distintos actores.

Desde esta perspectiva, la inclusión laboral no debe entenderse exclusivamente como una acción filantrópica. Incorporar a personas refugiadas al mercado laboral supone revisar prácticas de contratación, procesos administrativos y mecanismos de desarrollo profesional. También exige reconocer su experiencia y capacidades, evitando reducir su participación a una respuesta inmediata ante las necesidades de contratación de las empresas.

La responsabilidad del Estado y la de las organizaciones son distintas, pero se encuentran relacionadas. Corresponde a las instituciones públicas establecer garantías de protección, supervisión y acceso a mecanismos de justicia. Por su parte, las organizaciones deben identificar y atender los impactos asociados con sus actividades y relaciones comerciales. La existencia de obligaciones estatales no elimina la responsabilidad empresarial de actuar frente a riesgos previsibles, ni sustituye la necesidad de contar con mecanismos internos de atención y respuesta.

En este contexto, la rendición de cuentas constituye un elemento central de la debida diligencia. No basta con comunicar compromisos, publicar indicadores o documentar procedimientos. Es necesario conocer qué decisiones se adoptaron frente a un riesgo, cómo se atendieron las afectaciones identificadas y qué medidas se implementaron para evitar su repetición. La trazabilidad entre el impacto, la decisión organizacional y la reparación permite distinguir entre una política declarativa y una responsabilidad efectivamente asumida.

La discusión sobre derechos humanos en el sector privado no debe concentrarse únicamente en demostrar la existencia de políticas de prevención. También debe examinar qué sucede cuando estas resultan insuficientes. La credibilidad de una organización se construye a partir de su disposición para reconocer afectaciones, responder ante las personas involucradas y corregir las condiciones que las hicieron posibles. La responsabilidad no se demuestra solamente mediante los compromisos asumidos, sino a través de las decisiones que se toman cuando existe un daño.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Monterrey, Nuevo León | (17 | 11 | 2026)