Conectividad, Comercio y Complementariedad: Prioridades en la Relación Agroalimentaria entre México y EE.UU.

Conectividad, Comercio y Complementariedad: Prioridades en la Relación Agroalimentaria entre México y EE.UU.

En un mundo donde los alimentos recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa, el sector agroalimentario se ha consolidado como un eje estratégico del comercio global. México y Estados Unidos, aliados estratégicos en esta cadena de valor, comparten un objetivo común: que los alimentos lleguen a las mesas de los consumidores con la mejor calidad, al precio más accesible y de la manera más eficiente posible.

Con esta visión compartida, se llevó a cabo la mesa redonda “Executive Roundtable: U.S.-Mexico Agricultural Trade and Transportation”, organizada por AMERICAN CHAMBER/MEXICO, a través de su Comité de Agroindustria, en colaboración con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). El evento reunió a autoridades de alto nivel, entre ellas el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué, y al Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien eligió esta mesa como su primer acto público en el país, subrayando la importancia del diálogo bilateral en materia agroalimentaria y logística.

Durante su participación, el Secretario Berdegué destacó que el comercio agroalimentario entre ambas naciones alcanza los 9 millones de dólares por hora, subrayando que México es el principal cliente de los productores estadounidenses y que Estados Unidos es, a su vez, el principal mercado para México. Hizo énfasis en la interdependencia y complementariedad de las cadenas agroalimentarias, al señalar que los países no compiten, sino que se complementan para fortalecer un ecosistema común.

Por su parte, el Embajador Johnson afirmó que su misión es “acercar aún más a Estados Unidos y México”. Aseguró que la frontera, una de las más transitadas del mundo, puede ser más eficiente y segura a través de la cooperación, destacando que el comercio y la agricultura son piedras angulares de una relación bilateral dinámica y con gran potencial hacia el futuro.

Carlos García, Presidente de AMERICAN CHAMBER/MEXICO, resaltó que esta mesa busca“fortalecer las cadenas ferroviarias transfronterizas, mejorar los flujos comerciales agroalimentarios y construir una región más ágil, resiliente y competitiva.

El evento contó con la participación de autoridades de ambas naciones como USDA, SENASICA y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, así como representantes de empresas ferroviarias y asociaciones binacionales del sector agrícola. Durante la sesión, se discutieron retos y oportunidades clave para el comercio ferroviario de productos agroalimentarios, incluyendo:

  • Crecimiento sostenido: El volumen de granos transportados por ferrocarril, que actualmente representan el 30% de la carga ferroviaria y que en el último año registraron un crecimiento del 8%, se prevé continue con una tendencia al alza. Este dinamismo exige acciones coordinadas para fortalecer la infraestructura logística, especialmente en cruces estratégicos como Nuevo Laredo, Piedras Negras y Ciudad Juárez.
  • Mejorar y ampliar terminales ferroviarias y puntos de inspección: Tanto en origen como en destino, lo que implica invertir en infraestructura adecuada, optimizar procesos y aumentar la capacidad operativa del personal sanitario y aduanal.
  • Ajustar la regulación para productos refrigerados: El manejo eficiente de estos productos representa una gran oportunidad para diversificar el comercio agroalimentario y responder a las nuevas demandas del mercado. Para ello, es indispensable adecuar la legislación vigente a las particularidades del transporte ferroviario.
  • Aumento del parque ferroviario, junto con procesos logísticos más ágiles, y una coordinación más estrecha entre autoridades regulatorias de ambos países, a fin de evitar interrupciones y asegurar que el comercio fluya con seguridad, velocidad y trazabilidad.

SENASICA destacó su red de 97 oficinas de inspección, incluyendo 28 en la frontera y 8 puntos clave para el tránsito ferroviario, y subrayó la necesidad de trámites completos y coordinación anticipada por parte de los importadores.

Finalmente, se hizo un llamado a dar continuidad a este tipo de mesas para atender desafíos estructurales como la inseguridad, bloqueos, y contaminación del suelo, que impactan directamente en los costos de la cadena agroalimentaria.

El foro dejó claro que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia agrícola y logística no sólo es vital, sino estratégica. Desde AMERICAN CHAMBER/MEXICO, seguimos trabajando de la mano con autoridades y sectores clave en ambos lados de la frontera para transformar el diálogo en acción, y los retos compartidos en soluciones conjuntas que impulsen una región más integrada, ágil y competitiva.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 2 | junio | 2025

Reformas Constitucionales: impacto para el TMEC

Reformas Constitucionales: impacto para el TMEC

Desde su fundación, AMERICAN CHAMBER/ OF COMMERCE OF MEXICO promueve la inversión, el Estado de Derecho y la creación de empleos, facilitando las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Para avanzar en nuestras metas comunes, es crucial mantener un estricto apego al Estado de Derecho y cumplir con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), fundamental para la cooperación y prosperidad regional.

Si bien un valor de la democracia es la búsqueda continua de mejora institucional, es esencial que estas reformas se alineen con los compromisos del TMEC para evitar posibles “irritantes” en la revisión de 2026 y mantener la estabilidad que el Tratado ofrece a Norteamérica. A continuación, destacamos algunos desafíos que podrían surgir si las reformas aprobadas en comisiones no se ajustan adecuadamente.

1. Reforma en Materia de Simplificación Orgánica

Respecto a la integración de organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al Poder Ejecutivo, identificamos conflictos en los siguientes capítulos del Tratado:

  • Capítulo 18 – Telecomunicaciones: El artículo 18.17 exige un organismo regulador independiente del Poder Ejecutivo. Integrar el IFT al Ejecutivo podría contravenir este mandato, y podría afectar la apertura y competitividad del mercado.
    • Transferir las funciones del IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes podría limitar la competencia y la inversión en telecomunicaciones. El IFT, desde su creación en 2014, ha sido clave para impulsar la competencia en el mercado, incrementar la penetración móvil y reducir los costos de los servicios. Preservar un regulador autónomo, tal como lo estipulan los acuerdos internacionales, es esencial para garantizar una regulación imparcial y fomentar la atracción de inversiones.
  • Capítulo 21 – Política de Competencia: El artículo 21.1 establece la necesidad de una autoridad nacional de competencia autónoma e independiente. La ausencia de este organismo podría resultar en disputas con nuestros socios comerciales, afectando el Trato Nacional y la imparcialidad en la competencia. 
    • La COFECE desempeña funciones esenciales como realizar visitas sorpresa, asegurar información sin orden judicial, ordenar la venta de activos y desincorporaciones, imponer multas significativas y regular fusiones y adquisiciones. Reformas que integren la COFECE al Poder Ejecutivo podrían comprometer la transparencia, favorecer a empresas estatales y debilitar la competencia y el comercio regional. Para preservar la equidad y la competencia en el mercado, es fundamental asegurar que la COFECE conserve su independencia.
  • Capítulo 22 – Empresas Propiedad del Estado: El artículo 22.4.2 requiere que los reguladores de empresas estatales operen de manera imparcial. La propuesta de eliminar la independencia de estos reguladores podría infringir los principios de imparcialidad y Trato Equitativo establecidos en el Tratado.

2. Reforma en Materia de Industrias Estratégicas del Estado

La propuesta de limitar la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para contratar con empresas privadas, otorgar prioridad a la CFE sobre las privadas y eliminar la CRE presenta retos importantes respecto al TMEC:

  • Capítulo 14 – Inversión: El artículo 14.4.1 establece el Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida para inversionistas extranjeros. La preferencia por la CFE y las restricciones a empresas privadas podrían contravenir este principio, creando un entorno menos atractivo para la inversión extranjera.
  • Capítulo 22 – Empresas Propiedad del Estado: El artículo 22.4 requiere que las empresas estatales operen de manera justa y transparente. La eliminación de la CRE podría comprometer la equidad y transparencia en la regulación, afectando negativamente la competencia en el sector.

Consideraciones Adicionales:

  • Incertidumbre para inversionistas: Los cambios propuestos, sumados a la Reforma al Poder Judicial, podrían aumentar significativamente la incertidumbre, afectando tanto la continuidad de proyectos como la competitividad del sector energético en Norteamérica.

3. Agua, alimentos y protección al medio ambiente

El proyecto de reforma propone declarar a México libre de maíz genéticamente modificado, prohibiendo su siembra y consumo. Además, busca proteger el consumo doméstico de agua, limitar concesiones en zonas con baja disponibilidad, prohibir el fracking y la minería a cielo abierto. Aunque estas medidas tienen como objetivo proteger los recursos naturales y asegurar su uso sostenible, podrían enfrentar riesgos y desafíos significativos:

  • Capítulo 2- Trato Nacional y Acceso a Mercados: El artículo 2.3 prohíbe restricciones arbitrarias al comercio de bienes. La prohibición del maíz genéticamente modificado sin evidencia científica sólida podría ser considerada una barrera comercial injustificada.
  • Capítulo 9- Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: El artículo 9.6 exige que las restricciones a las importaciones agrícolas se basen en evidencia científica. La prohibición del maíz transgénico podría no cumplir con estos requisitos.
  • Capítulo 14- Inversión: El artículo 14.4 requiere el Trato Nacional y el Trato de Nación Más Favorecida para los inversionistas extranjeros. Limitar las concesiones a entes públicos podría afectar negativamente a los inversionistas privados y generar disputas bajo el TMEC.

4. Reforma al Poder Judicial

Al remover de golpe a todo el cuerpo judicial, la reforma propuesta podría retrasar significativamente la profesionalización de la justicia especializada, afectando la capacidad del Poder Judicial Federal para aplicar criterios técnico-legales y proporcionar capacitación continua para los jueces, especialmente en temas laborales. Esto contraviene el TMEC, pues:

  • Anexo 23-A – Representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México: En el TMEC, México se comprometió a tener tribunales laborales independientes para la resolución de controversias laborales.
  • Capítulo 31 – Solución de Controversias: Los medios alternativos de resolución de disputas son esenciales para resolver conflictos empresariales de manera eficiente y reducir la carga de trabajo del sistema judicial. El riesgo de que exista una falta de profesionalización en los jueces, podría afectar enormemente el tratamiento a las disputas comerciales.

Como representantes de la comunidad binacional de negocios y aliados comprometidos con el desarrollo de México, AMCHAM reafirma su compromiso de colaborar a través de mesas de trabajo y/o diálogos sectoriales para revisar detalladamente las iniciativas legislativas en el marco de los compromisos del TMEC y asegurar que fortalezcan la integración económica y comercial en Norteamérica, todo esto con el objetivo de atraer mayores inversiones y contribuir a la construcción de un país próspero y de oportunidades compartidas.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 26 | agosto | 2024

Diálogos sobre la Reforma Judicial: Análisis de la Iniciativa de Reforma Constitucional presentada por el Ejecutivo Federal

Diálogos sobre la Reforma Judicial: Análisis de la Iniciativa de Reforma Constitucional presentada por el Ejecutivo Federal

El Comité de Legalidad y Estado de Derecho de AMCHAM Ciudad de México llevó a cabo su segunda sesión de los Diálogos sobre la Reforma Judicial, donde Claudia Aguilar, Socia Directora y Fundadora de Aguilar Barroso Abogados, presentó un análisis de la Iniciativa de Reforma Constitucional al Poder Judicial propuesta por el Ejecutivo Federal. En dicha sesión, se destacó la importancia de realizar un análisis holístico, dado que esta no es la única reforma que plantea cambios estructurales en el país.

De las 17 reformas propuestas por el Ejecutivo Federal, 9 buscan elevar a rango constitucional diversos programas sociales sin alterar la estructura de gobernanza. Sin embargo, las 5 reformas restantes plantean cambios estructurales significativos. Una de estas es la Iniciativa de Reforma al Poder Judicial, la cual se enfoca en cinco ejes principales:

  1. Elección popular de jueces, magistrados y ministros: Tanto a nivel federal como estatal, lo cual representa un cambio radical en el sistema de selección de estos funcionarios.
  2. Cambios estructurales en el poder judicial: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pasaría a estar compuesta por 9 ministros y funcionaría únicamente en pleno. Además, se propone la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, sustituyéndolo por dos nuevos órganos, el Tribunal de Disciplina Judicial y el de Administración Judicial.
  3. Recursos públicos y fideicomisos: La iniciativa propone la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial Federal, así como el haber de retiro (pensión) y limita de las remuneraciones, que no podrían exceder las del presidente.
  4. Modificaciones en la impartición de justicia: Se establecen plazos máximos para la resolución de sentencias y se prohíbe conceder suspensiones en amparos contra leyes con efectos generales.
  5. Disposiciones transitorias: Incluyen una nueva integración de la SCJN mediante una elección extraordinaria en 2025, la armonización legislativa en 180 días, y la garantía de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial Federal, exceptuando a jueces, magistrados y ministros.

Para comprender la actual propuesta de reforma judicial, se subrayó la importancia de reconocer el contexto histórico. La Constitución de 1917, en su origen, no permitía la injerencia del Ejecutivo en la elección de jueces. Sin embargo, a lo largo de los años, diversas reformas entre 1917 y 1928, y más notablemente en 1934, bajo la presidencia de Cárdenas, alteraron esta dinámica al destituir a los jueces del país. Reformas posteriores, como las de 1994, buscaron otorgar mayor relevancia y legitimidad a la SCJN, dándole la capacidad de pronunciarse sobre derechos humanos y otros temas sociales, lo que incrementó su influencia en la vida pública.

La propuesta actual cita la experiencia boliviana como un ejemplo de reforma judicial, sin embargo, las personas juzgadoras bolivianas, así como expertos en la materia han declarado que la reforma ha sido poco exitosa. A pesar de que el voto es obligatorio en Bolivia, más del 60% del electorado anuló su voto en las elecciones de jueces, lo que causa que se cuestione la legitimidad de las personas juzgadoras. Asimismo, se reconoce que la reforma en Bolivia no logró resolver problemas persistentes como la corrupción, el influyentismo y otros desafíos que enfrenta su sistema de justicia.

Es importante que se reforme el sistema de justicia en su esencia, incluyendo la administración de justicia local en todos los niveles. Además, se debe considerar que la reforma, tal como está redactada, presenta riesgos que pueden no ser evidentes a simple vista, como la falta de experiencia y conocimientos técnicos que pueden derivarse de la elección mediante voto popular. Estos riesgos incluyen el despido masivo de jueces, retrasos en la impartición de justicia, y posibles violaciones a derechos humanos y tratados internacionales.

Finalmente, se hizo un llamado a los líderes políticos para que aseguren que la implementación de la reforma sea gradual y técnicamente sólida, evitando la politización de la justicia y protegiendo la independencia y el acceso a la justicia en México.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 5 | agosto | 2024

Diálogos sobre la Reforma Judicial: El Sistema de Elección Popular de Personas Juzgadoras en Estados Unidos y Bolivia

Diálogos sobre la Reforma Judicial: El Sistema de Elección Popular de Personas Juzgadoras en Estados Unidos y Bolivia

En la sesión del Comité de Legalidad y Estado de Derecho de la Ciudad de México de AMERICAN CHAMBER/MEXICO, se analizaron los sistemas judiciales de Bolivia y Estados Unidos como referencia para la iniciativa de Reforma del Poder Judicial de México, que propone el voto popular para jueces y magistrados. Bernardo Wayar, Socio de Wayar & Von Borries Abogados, y Marco Molina, Socio de BakerHostetler, ofrecieron una visión detallada sobre la elección de jueces y magistrados en ambos países, destacando las fortalezas y retos que enfrenta cada sistema.

El Poder Judicial en Bolivia

Bernardo Wayar expuso que la reforma al Poder Judicial, implementada en 2011 en Bolivia, tenía como objetivo mejorar la legitimidad, reducir la corrupción y aumentar la eficiencia del sistema. Uno de los principales objetivos era permitir que la población tuviera un papel activo en la selección de sus jueces, buscando fortalecer la independencia del poder judicial. 

El proceso comienza con una convocatoria pública abierta a todos los bolivianos que cumplan con los requisitos de formación y experiencia profesional en leyes. La primera fase del proceso de preselección es llevada a cabo por comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que evalúa los méritos de cada aspirante y realiza entrevistas públicas. Después, las comisiones envían a la Asamblea Legislativa el grupo de aspirantes que cumplen, a su parecer, los requisitos exigidos. Posteriormente, el Pleno de la Asamblea, mediante una mayoría de dos tercios, elige a los candidatos que serían sometidos al voto popular.

Las personas juzgadoras en Bolivia fueron elegidos por mayoría simple de votos, con algunos obteniendo solo el 5-7% de la lista nominal, lo que cuestionó su legitimidad. Los requisitos para ser electos incluían hablar al menos dos idiomas oficiales, lo que limitaba la participación de muchos candidatos. Aunque las campañas electorales estaban prohibidas, se permitió que los candidatos participarán en debates y tuvieran tiempo en radio y televisión. No obstante, muchos candidatos afines al gobierno solían acompañar a miembros del mismo en actos públicos y recibir financiamiento. 

La Asamblea Legislativa definía los criterios para la preselección de candidatos, los cuales cambiaban en cada periodo, generando incertidumbre en el proceso de preselección. La falta de consenso en la Asamblea resultó en la paralización de la preselección de candidatos y la extensión del mandato de los magistrados actuales para evitar un vacío de poder. Hasta el momento, la parálisis ha impedido la realización de la tercera elección popular de jueces y magistrados. 

Actualmente, el sistema de justicia boliviano sigue enfrentando problemas de legitimidad, corrupción y certeza jurídica, con influencias económicas y falta de experiencia entre los magistrados elegidos. En 2021, un grupo de expertos internacionales independientes recomendó respetar la independencia del sistema judicial y proporcionar recursos adecuados, señalando que la falta de seguridad jurídica impacta negativamente en las inversiones.

Sistema Judicial en Estados Unidos

Marco Molina explicó que a nivel federal, el sistema de elección de jueces está consagrado en la Constitución y requiere una mayoría de más del 75% para ser modificado. El presidente elige a los jueces de la Corte Suprema y otros tribunales federales, quienes deben ser confirmados por el Senado. Estos jueces tienen cargos vitalicios y solo pueden ser destituidos mediante un proceso de ‘impeachment’.

La mecánica de selección de jueces de la Corte Suprema a nivel estatal varía en todo el país. Las elecciones judiciales surgieron tras la guerra civil, cuando los estados buscaban mayor control sobre sus sistemas de justicia y querían resolver las preocupaciones sobre jueces designados que atendían los intereses de los gobernadores y legisladores. Actualmente, 21 estados seleccionan a los jueces de la Corte Suprema a través de elecciones populares, con 7 estados realizando elecciones partidistas y 14 elecciones no partidistas. 

Los estados que eligen jueces por voto popular han establecido mayores controles en las Cortes Supremas para corregir decisiones controvertidas o que requieren mayor especialización. En algunos estados, como Delaware, hay cortes especializadas donde los jueces no son elegidos por voto popular.

Las campañas de los jueces son similares a las de los candidatos políticos, es decir, se requiere la recaudación de fondos lo que plantea riesgos de falta de independencia. Otro desafío es que los jueces en campaña deben ser vocales sobre temas controvertidos sin conocer el fundamento jurídico de los casos, lo que les obliga a tomar posiciones previas. Además, los jueces en campaña deben dedicar tiempo a las campañas en lugar de a la impartición de justicia.

La discusión sobre la reforma del poder judicial en México, basada en los ejemplos de Bolivia y Estados Unidos, resalta las complejidades y desafíos de implementar un sistema de voto popular para jueces y magistrados. La experiencia y especialización de los jueces, así como la transparencia y efectividad del sistema judicial, son aspectos cruciales que deben considerarse en cualquier reforma.

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 17 |  julio | 2024

Apoyo Estratégico a Empresas Estadounidenses en México: La Misión del Advocacy Center

AMCHAM recibe a Cynthia Aragon, Directora Ejecutiva del Advocacy Center

El Comité de Líderes de Relaciones con Gobierno dio la bienvenida a Cynthia Aragon, Directora Ejecutiva del Advocacy Center, cuya misión es ayudar a empresas estadounidenses a obtener contratos con gobiernos extranjeros, incluyendo México. Esta asistencia gratuita se ofrece a empresas estadounidenses, de todo tamaño e industria, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Su enfoque radica en los procesos de licitación y compras públicas, excluyendo la política comercial.

El Advocacy Centre coordina las acciones de 14 agencias gubernamentales de Estados Unidos (EE.UU.) relacionadas con el comercio internacional. Tras la solicitud de una empresa, se diseña una estrategia de promoción en colaboración con las agencias pertinentes. Por ello, Cynthia enfatizó la importancia de contactar al Centro lo antes posible al considerar participar en los procesos de licitación o adquisiciones públicas.

El Advocacy Center apoya a las empresas a través de los siguientes servicios:

  • Reuniones con altos funcionarios mexicanos y del Gobierno de EE.UU.
  • Apoyo director de funcionarios estadounidenses en México
  • Cartas a los responsables de la toma de decisiones de la licitación o adquisición en México
  • Coordinacion de acciones entre agencias gubernamentales estadounidenses

El Advocacy Center también colabora con los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), quienes financian proyectos de desarrollo en diversos países. El Centro ayuda a las empresas estadounidenses a hacer negocios con estos bancos, defendiendo sus intereses y aumentando su participación en proyectos adjudicados. En este caso, el Centro apoya a las empresas con:

  • Asesorías sobre cómo abordar a los BMD y a los gobiernos prestatarios
  • Reuniones con gestores de los proyectos de BMD para proporcionar información actualizada sobre las necesidades y requisitos
  • Identifica próximos proyectos con oportunidades para empresas estadounidenses

Se acordó llevar a cabo una sesión virtual para proporcionar más detalles y orientación sobre el proceso de solicitud durante la segunda quincena de enero. Los datos de contacto de Cynthia Aragon y Silvia Yaber, Directora Regional, fueron compartidos para facilitar la comunicación entre el Centro y las empresas socias AMCHAM

AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 28 | 11 | 2023