El Comité de Innovación y TICs celebró un encuentro con Antonio Nava, Director General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía, en el que se analizó el entorno comercial global y las perspectivas en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026.
En este contexto, resulta central comprender el alcance jurídico del proceso de 2026 y su naturaleza institucional. El mecanismo contemplado en el Tratado corresponde a una revisión y no a una renegociación integral, lo cual es una distinción clave para dimensionar correctamente el proceso de 2026. Conforme al diseño jurídico del T-MEC, al sexto año de su entrada en vigor, las Partes deberán manifestar si desean extenderlo. A partir de ello, se configuran tres posibles escenarios:
1. Extensión consensuada: si las tres Partes acuerdan extender el Tratado, este se renueva por un periodo adicional de 16 años.
2. Revisión anual sin acuerdo inmediato: si no existe consenso en el sexto año, se inicia un periodo de revisiones anuales de hasta diez años, durante el cual el Tratado permanece plenamente vigente. Si en cualquiera de esas revisiones se alcanza un acuerdo, se activa la extensión por 16 años adicionales.
3. Terminación por falta de consenso: si, transcurrido el periodo máximo de revisiones, no se alcanza un acuerdo para extenderlo, el Tratado concluye al término de ese plazo.
De manera independiente a este mecanismo, el Tratado contempla la posibilidad de denuncia unilateral mediante notificación escrita a las otras Partes. En ese supuesto, el retiro surtiría efectos seis meses después de la notificación, salvo que las Partes acuerden un plazo distinto, conforme a lo previsto en el propio instrumento.
Si bien la revisión está prevista en el propio texto del Tratado, el contexto político y comercial en Estados Unidos ejerce presiones adicionales. En particular, la discusión sobre el déficit comercial estadounidense ha impulsado una política más activa en materia arancelaria y un mayor uso de instrumentos vinculados a la seguridad nacional. En este sentido, se explicó el alcance de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) y la resolución de sus limitaciones, así como el papel del Comité sobre Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS) en la revisión de inversiones en sectores estratégicos.
Uno de los ejes centrales de la conversación fue la creciente interrelación entre la política comercial, la seguridad económica y la tecnología. Se destacó que el comercio contemporáneo ya no se limita al intercambio de bienes, sino que incorpora servicios digitales, software e infraestructura tecnológica integrada en los productos manufacturados. En este contexto, sectores como el automotriz, la manufactura avanzada y la economía digital operan bajo cadenas de valor profundamente integradas en Norteamérica. La correcta aplicación de las reglas de origen y el cumplimiento de las disciplinas del Tratado continúan siendo elementos determinantes para preservar el acceso preferencial al mercado regional y la estabilidad de dichas cadenas.
En materia legislativa estadounidense, el funcionamiento de la Trade Promotion Authority (TPA) y su relevancia para eventuales modificaciones al Tratado. Únicamente aquellas disposiciones que impliquen cambios en la legislación interna de Estados Unidos requerirán la aprobación del Congreso, lo que introduce un componente adicional de análisis sobre el alcance potencial de cualquier ajuste. Asimismo, se identificó el calendario político como un factor que podría incidir en el proceso, tanto en términos de plazos como de viabilidad legislativa.
Desde la perspectiva mexicana, se reiteró la importancia estratégica del T-MEC como pilar del comercio exterior del país, en particular a la luz del dinamismo de las exportaciones a Estados Unidos. Incluso en escenarios de incertidumbre política, las cadenas de valor han mostrado resiliencia y capacidad de adaptación, lo que refleja el grado de integración estructural alcanzado en la región. Paralelamente, se subrayó la necesidad de fortalecer una agenda de diversificación comercial, dado que el mayor déficit comercial de México se concentra actualmente en su intercambio con China.
También se abordaron la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea y la creación de un Acuerdo Comercial Interino con la Unión Europea. La negociación de la modernización ya ha concluido y se prevé su suscripción en el corto plazo. Asimismo, el Acuerdo Comercial Interino permitirá anticipar la aplicación de los compromisos estrictamente comerciales, sin esperar la ratificación integral del acuerdo modernizado por todos los parlamentos involucrados.
La modernización incorpora 17 disciplinas actualizadas, así como una revisión sustantiva en materias como la propiedad intelectual, las medidas sanitarias y fitosanitarias, la regionalización y la equivalencia, entre otros aspectos de nueva generación. La coexistencia del acuerdo original, el instrumento modernizado y el acuerdo interino no implica una sustitución inmediata, sino una arquitectura jurídica diseñada para fortalecer el marco normativo del comercio bilateral y brindar mayor certidumbre a los operadores económicos durante el proceso de transición.
En conjunto, la sesión permitió contar con un panorama integral de los escenarios jurídicos, políticos y estratégicos que enmarcarán la revisión de 2026. Desde AMCHAM reiteramos la importancia de mantener un diálogo técnico y constructivo con las autoridades, orientado a preservar la integración regional de Norteamérica, fortalecer la competitividad de México y promover un comercio internacional basado en reglas claras y previsibles, condición indispensable para la inversión, la planeación empresarial y el crecimiento sostenido.
AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 24 | febrero | 2026