Día 1 | Estructura, Competencia y Facultades de la Nueva Administración Pública Federal
En un contexto de transformación institucional en México, el Comité de Legalidad y Estado de Derecho reunió a secretarios de Estado, legisladores, funcionarios públicos y expertos del sector privado para comprender y analizar los cambios que han reconfigurado la estructura del Gobierno Federal.
Se abordaron tres grandes ejes estratégicos que marcan el pulso del nuevo diseño institucional: la arquitectura de la nueva Administración Pública Federal, la integración de organismos constitucionales autónomos al Ejecutivo, y la gobernanza en seguridad pública.
La nueva Administración Pública Federal: estructura, autonomía y ciudadanía
La Senadora Verónica Camino Farjat expuso la perspectiva legislativa sobre la reforma a la Administración Pública Federal, enfocada en integrar a los órganos constitucionales autónomos al Ejecutivo para optimizar recursos y evitar duplicidades. Esta configuración busca mayor eficiencia y una asignación más estratégica del presupuesto.
Un ejemplo de este rediseño es la creación de la Secretaría de la Mujer, que coloca la perspectiva de género como eje transversal de la política pública, con presupuestos fortalecidos para combatir la violencia y fomentar el empoderamiento económico de las mujeres.
La simplificación administrativa es otro pilar clave: interoperabilidad entre plataformas, trámites digitales, validación de licencias en línea y un modelo de transparencia más accesible y eficiente. En paralelo, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar pretende abrir las puertas a nuevas formas de justicia social para las generaciones futuras.
Órganos autónomos: ¿integración o desaparición?
Una de las propuestas más controvertidas es la absorción de organismos constitucionales autónomos. Isabel Davara, Socia Fundadora de Davara Abogados, explicó el nuevo diseño institucional del INAI, que pasará a formar parte de una unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. En el nuevo esquema se plantean tres direcciones generales especializadas: Datos Personales en el Sector Público; Datos Personales en el Sector Privado, y Evaluación, Verificación y Sanción; aunque persiste la incertidumbre sobre cómo se ejercerán las facultades de verificación y sanción.
“Es fundamental que las direcciones y unidades cuenten con personas especializadas y estructuras colegiadas para seguir cumpliendo estándares internacionales —como el Convenio 108 del Consejo de Europa— y los compromisos asumidos en acuerdos como el T-MEC y la OCDE.”
La desaparición de la COFECE fue contextualizada por Fernando Carreño, Socio en Von Wobeser y Sierra. Aunque el nuevo replica elementos del pasado, como un pleno colegiado y la autonomía técnica, genera inquietud por los nuevos umbrales de notificación, el aumento de sanciones económicas y la posible desventaja regulatoria frente a empresas del Estado. La experiencia con la apertura del mercado gasolinero fue citada como un caso emblemático de éxito regulatorio que podría perderse si se politiza la nueva autoridad.
En el sector telecomunicaciones, Edgar Olvera, Socio de Greenberg Traurig y exsubsecretario de Comunicaciones, destacó los retos de un modelo donde el Estado podría ser considerado juez y parte: regulador y operador. Sin salvaguardas institucionales claras, esto podría desequilibrar la competencia y frenar la inversión. La propuesta requiere de leyes secundarias sólidas, políticas de espectro eficientes y, sobre todo, una autoridad técnica y verdaderamente independiente.
Seguridad Pública y Protección Ciudadana: rediseño institucional y visión estratégica
Los cambios institucionales también alcanzaron a la seguridad pública. Marcela Figueroa Franco, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, puntualizó los cuatro pilares de la estrategia nacional: atender las causas estructurales de la violencia, fortalecer la Guardia Nacional, utilizar la inteligencia para combatir el crimen y una mayor coordinación entre órdenes de gobierno.
Reformas al artículo 21 constitucional y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal refuerzan la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la institucionalidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Dos reformas están sobre la mesa: una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más moderna y funcional, y la propuesta de Ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública que busca regular el uso de la inteligencia bajo parámetros técnicos, éticos y legales. Ambas apuntan a profesionalizar las fuerzas de seguridad, coordinar mejor los esfuerzo federales, estatales y municipales, y enfrentar retos como la violencia de género o la desaparición forzada con herramientas más eficaces.
También subrayó la necesidad de dignificar las condiciones laborales de las y los policías y anunció el uso estratégico de la infraestructura carretera nacional, como la de Caminos y Puentes Federales, como aliada en la seguridad territorial.
“La colaboración del sector privado en la identificación de puntos críticos de riesgo, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional, son necesarios para obtener resultados relevantes en materia de intercambio de información, capacitación y coordinación operativa.”
México está escribiendo un nuevo capítulo en su historia institucional. El rediseño del aparato gubernamental plantea oportunidades importantes y desafíos que deben ser gestionados con visión y estrategia para encontrar el equilibrio entre eficiencia y transparencia, entre concentración de funciones y contrapesos reales, entre velocidad de reforma y solidez institucional.
Porque más allá de las estructuras, lo que está en juego es el Estado de Derecho, la confianza ciudadana y la capacidad del Estado mexicano para responder con eficacia a los desafíos del siglos XXI.
AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 17 | mayo | 2025
