En la sesión del Comité de Legalidad y Estado de Derecho de la Ciudad de México de AMERICAN CHAMBER/MEXICO, se analizaron los sistemas judiciales de Bolivia y Estados Unidos como referencia para la iniciativa de Reforma del Poder Judicial de México, que propone el voto popular para jueces y magistrados. Bernardo Wayar, Socio de Wayar & Von Borries Abogados, y Marco Molina, Socio de BakerHostetler, ofrecieron una visión detallada sobre la elección de jueces y magistrados en ambos países, destacando las fortalezas y retos que enfrenta cada sistema.
El Poder Judicial en Bolivia
Bernardo Wayar expuso que la reforma al Poder Judicial, implementada en 2011 en Bolivia, tenía como objetivo mejorar la legitimidad, reducir la corrupción y aumentar la eficiencia del sistema. Uno de los principales objetivos era permitir que la población tuviera un papel activo en la selección de sus jueces, buscando fortalecer la independencia del poder judicial.
El proceso comienza con una convocatoria pública abierta a todos los bolivianos que cumplan con los requisitos de formación y experiencia profesional en leyes. La primera fase del proceso de preselección es llevada a cabo por comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que evalúa los méritos de cada aspirante y realiza entrevistas públicas. Después, las comisiones envían a la Asamblea Legislativa el grupo de aspirantes que cumplen, a su parecer, los requisitos exigidos. Posteriormente, el Pleno de la Asamblea, mediante una mayoría de dos tercios, elige a los candidatos que serían sometidos al voto popular.
Las personas juzgadoras en Bolivia fueron elegidos por mayoría simple de votos, con algunos obteniendo solo el 5-7% de la lista nominal, lo que cuestionó su legitimidad. Los requisitos para ser electos incluían hablar al menos dos idiomas oficiales, lo que limitaba la participación de muchos candidatos. Aunque las campañas electorales estaban prohibidas, se permitió que los candidatos participarán en debates y tuvieran tiempo en radio y televisión. No obstante, muchos candidatos afines al gobierno solían acompañar a miembros del mismo en actos públicos y recibir financiamiento.
La Asamblea Legislativa definía los criterios para la preselección de candidatos, los cuales cambiaban en cada periodo, generando incertidumbre en el proceso de preselección. La falta de consenso en la Asamblea resultó en la paralización de la preselección de candidatos y la extensión del mandato de los magistrados actuales para evitar un vacío de poder. Hasta el momento, la parálisis ha impedido la realización de la tercera elección popular de jueces y magistrados.
Actualmente, el sistema de justicia boliviano sigue enfrentando problemas de legitimidad, corrupción y certeza jurídica, con influencias económicas y falta de experiencia entre los magistrados elegidos. En 2021, un grupo de expertos internacionales independientes recomendó respetar la independencia del sistema judicial y proporcionar recursos adecuados, señalando que la falta de seguridad jurídica impacta negativamente en las inversiones.
Sistema Judicial en Estados Unidos
Marco Molina explicó que a nivel federal, el sistema de elección de jueces está consagrado en la Constitución y requiere una mayoría de más del 75% para ser modificado. El presidente elige a los jueces de la Corte Suprema y otros tribunales federales, quienes deben ser confirmados por el Senado. Estos jueces tienen cargos vitalicios y solo pueden ser destituidos mediante un proceso de ‘impeachment’.
La mecánica de selección de jueces de la Corte Suprema a nivel estatal varía en todo el país. Las elecciones judiciales surgieron tras la guerra civil, cuando los estados buscaban mayor control sobre sus sistemas de justicia y querían resolver las preocupaciones sobre jueces designados que atendían los intereses de los gobernadores y legisladores. Actualmente, 21 estados seleccionan a los jueces de la Corte Suprema a través de elecciones populares, con 7 estados realizando elecciones partidistas y 14 elecciones no partidistas.
Los estados que eligen jueces por voto popular han establecido mayores controles en las Cortes Supremas para corregir decisiones controvertidas o que requieren mayor especialización. En algunos estados, como Delaware, hay cortes especializadas donde los jueces no son elegidos por voto popular.
Las campañas de los jueces son similares a las de los candidatos políticos, es decir, se requiere la recaudación de fondos lo que plantea riesgos de falta de independencia. Otro desafío es que los jueces en campaña deben ser vocales sobre temas controvertidos sin conocer el fundamento jurídico de los casos, lo que les obliga a tomar posiciones previas. Además, los jueces en campaña deben dedicar tiempo a las campañas en lugar de a la impartición de justicia.
La discusión sobre la reforma del poder judicial en México, basada en los ejemplos de Bolivia y Estados Unidos, resalta las complejidades y desafíos de implementar un sistema de voto popular para jueces y magistrados. La experiencia y especialización de los jueces, así como la transparencia y efectividad del sistema judicial, son aspectos cruciales que deben considerarse en cualquier reforma.
AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Ciudad de México | 17 | julio | 2024